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POLITICA

El Gobierno decretó la disolución de ENOHSA, ente encargado del acceso al agua potable

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El Gobierno determinó este jueves que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) quedará disuelto en 30 días. La medida había sido anticipada hace poco más de un mes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó al organismo como «un antro de corrupción».

ENOHSA se ocupa de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, a la vez que controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento.

Además, entre sus objetivos figuran promover la investigación y el desarrollo tecnológico y difundir la importancia del agua apta para consumo y del saneamiento.

Según el Decreto 1020/2024 del Poder Ejecutivo, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía instrumentará las medidas relativas a la transferencia de los recursos materiales y financieros de ENOHSA a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que según anticipó Caputo, será la encargada de culminar las obras empezadas.

Como argumento de esta medida, el Gobierno mencionó que “resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos”.

Al mismo tiempo, recordó las distintas medidas que la gestión de Javier Milei tomó desde el inicio para «ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan” y destacó que “resulta prioritario optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”.

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En definitiva, según los considerandos del Decreto, el Gobierno llegó a esta determinación “con el fin de garantizar una mejor utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones”.

Desde la cartera de Economía sostenían que el organismo «elude el control de gasto que hay en la Administración Central», y lo comparan con «los fondos fiduciarios y las Universidades».

«Se creó para hacer un par de obras y luego se dieron cuenta de que era un buen negocio. La Subsecretaría de Recursos Hídricos continúa funcionando. ENOHSA es una especie de duplicidad», señaló Caputo cuando anunció el cierre, el pasado 7 de octubre.

En esa ocasión, los trabajadores, que por ese entonces se contaban en más de 200, aunque advirtieron que ya se había recortado el 35% del personal, emitieron una dura respuesta.

Nucleados en Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), emitieron un comunicado en el que explicaron que «el organismo es el que gestiona y financia proyectos clave para asegurar el acceso al agua potable y a sistemas de cloacas en todo el país».

Hicieron hincapié, además, en que su trabajo es fundamental para llegar a «regiones vulnerables donde el sector privado no suele invertir».

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«Cerrar el ENOHSA es un golpe brutal no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos que aún hoy no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Desmantelan un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados», replicó José Luis Lingeri, secretario general de SGBATOS.

En el último mes, entre otras medidas que avanzaron en la misma dirección, el Gobierno anunció también la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de la culminación del plan Procrear.

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POLITICA

La Cámpora publicó una crítica a la jubilación de privilegio de la viuda de De la Rúa

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Luego de que el Gobierno decidiera quitarle la jubilación de privilegio y la pensión por viudez a Cristina Kirchner, La Cámpora emitió una fuerte crítica a otra de las beneficiadas por la asignación vitalicia: Inés Pertiné, la viuda de Fernando de la Rúa, el presidente que renunció en el momento cúlmine de la crisis de 2001 y falleció en 2019. “Cobra más de 7 millones de pesos por el expresidente que reprimió y asesinó a 39 argentinos”, publicaron en X.

“El mismo hombre que permitió que los bancos se quedaran con los ahorros del pueblo, que luego devolvieron los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina. Del gobierno de ese hombre formaron parte, cuándo no, Patricia Bullrich para ajustar a los jubilados y Federico Sturzenegger, procesado por el Megacanje. Milei, sos un cobarde”, agregaron.

El Gobierno sostuvo que la decisión significa un ahorro de “unos 21 millones de pesos para los argentinos” y justificó su decisión alrededor de la confirmación de la doble condena por corrupción por parte de la Cámara de Casación Penal sobre la expresidenta en la causa Vialidad. La decisión del máximo tribunal penal debajo de la Corte Suprema de Justicia le dio seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. La defensa de la expresidenta ya anunció que apelará. La sentencia que no estará firme hasta que se agoten todas las instancias judiciales posibles.

Tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como el Ministerio de Capital Humano argumentaron que, al ser condenada como autora del delito de administración fraudulenta, la exmandataria representa “lo contrario al honor al mérito y al buen desempeño”. Estos puntos son los que consideran como contraprestaciones para recibir la asignación.

“La jubilación al exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aun si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, declaró Adorni en conferencia de prensa.

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Ante esto es que Cristina Kirchner publicó su fuerte reacción contra Milei, quien ordenó quitarle la jubilación a la expresidenta, según el vocero presidencial. “Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”, reclamó.

La exfuncionaria brindó una versión diferente respecto a las pensiones de los expresidentes. “¡Asesorate! La pensión no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación. El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla Milei: sólo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿ Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho”, arremetió.

Ahí fue cuando se refirió al caso de Pertiné: “Y a las viudas de los ex mandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores ex Presidentes de la Nación. Sino, preguntale a la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y, como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido; que se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos -literal- en Plaza de Mayo”.

Pertiné junto a De la Rúa

Tal como consignó LA NACION, la viuda de Fernando de la Rúa cobra una pensión vitalicia que ascendía en mayo a $7.851.859,22 brutos y $5.275.124,46 neto.

No es la primera vez que Cristina Kirchner critica al expresidente esta semana. El martes, un día antes de que se conociera la condena, publicó una extensa carta donde criticaba a los jueces encargados de confirmar la condena y dicha sentencia. Allí se refirió, primero, a la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida y apuntó contra funcionarios de De la Rúa.

“Un ejemplo ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial y que el verdadero objetivo es proscribirme de por vida. Por la represión del gobierno de De la Rúa del 19 y 20 de diciembre del 2001, que provocó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo, el entonces secretario de seguridad Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 9 años y medio y 8 años, respectivamente -el doble de las penas de prisión que les habían fijado-. O sea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí”, detalló.

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El presidente Fernando de La Rúa durante la grabación del mensaje que se emitiría a la noche por cadena nacional, el 19/12/01

Después, criticó directamente la gestión de De la Rúa junto a la del expresidente Mauricio Macri, que aseguró que se los llama “honestos y transparentes” pero “terminaron con ajustes, megacanje, muertos en la Plaza de Mayo, default, endeudamiento fenomenal en dólares -tanto del país como de las empresas- y, sobre todo, con el retorno del FMI en 2018″.

El gobierno de De La Rúa fue un caso escandaloso de impunidad. Federico Sturzenegger con la gran estafa del Megacanje y el propio De La Rúa con la BANELCO en el Senado de la Nación por la reforma laboral y la represión que causó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo; fueron sobreseídos por el Partido Judicial con Sede Central en Comodoro Py”, agregó.

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