RIO DE JANEIRO.- La policía brasileña anució que detuvo el martes a cinco personas, entre ellas un miembro del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, sospechosas de estar implicadas en un plan para matar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y a su vicepresidente en 2022, días antes que tomaran posesión.

Según la investigación, los conspiradores del golpe también planearon matar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Los medios brasileños indicaron que los cinco arrestados incluían a cuatro militares y el general de brigada retirado Mario Fernandes, que antes trabajó como secretario ejecutivo del expresidente derechista Bolsonaro.

Los sospechosos de planificar un “golpe de Estado” para impedir la asunción de Lula y de prever su “homicidio” fueron “detenidos en Rio, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G20″, detalló una fuente cercana al caso.

Sin embargo, el ejército de Brasil negó que los cuatro militares estuvieran participando del operativo de seguridad del G20.

En una nota enviada a la AFP, el Ejército indicó que los cuatro militares arrestados, entre ellos un general de reserva, “no participan” del despliegue de seguridad en la cita de líderes de las principales economías del mundo, contrariamente a lo indicado previamente por la policía.

El supuesto plan, que los sospechosos denominaron “Puñal Verde y Amarillo”, se iba a ejecutar el 15 de diciembre de 2022 y, además de a Lula, proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin y “encarcelar y ejecutar” a un juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) al que habían hecho un “seguimiento continuo” en caso de que el golpe de Estado tuviera éxito. Fuentes de la Policía han revelado que se trata de Alexandre De Moraes, encargado de la investigación por los ataques del 8 de enero y durante la campaña electoral.

En la resolución sobre la operación, Moraes afirmó que “existen indicios sólidos y gravísimos” de un plan para ejecutar al presidente del TSE utilizando “técnicas militares y terroristas”.

En total, se emitieron cinco órdenes de prisión preventiva, tres órdenes de allanamiento y 15 medidas cautelares, como la prohibición de contacto entre los investigados, la entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la suspensión del ejercicio de funciones públicas.

Los cuatro militares han sido detenidos en Río de Janeiro. Dos fuentes cercanas al caso dijeron a Reuters que uno de los arrestados era el general de brigada retirado Mario Fernandes, que antes trabajó como secretario ejecutivo del expresidente derechista Bolsonaro.

Él estaba en posesión del supuesto plan para matar a Lula, dijo una de las fuentes.

“Fue identificado un detallado plan operacional denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’, que sería ejecutado el 15 de diciembre de 2022, destinado al asesinato de los candidatos electos a presidente y vicepresidente”, dijo la policía en un comunicado.

Excepto Fernandes, los otros tres formaban parte del grupo de élite conocido como ‘kids pretos’, una compañía especial del Ejército encargada de operaciones de guerrilla y guerra irregular. El otro detenido es un policía federal.

Los militares involucrados tenían formación en Fuerzas Especiales y preveían usar “técnicas operacionales militares avanzadas”, además de instituir un “gabinete de crisis” que ellos mismos integrarían.

Los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de estado y organización criminal, según la nota.

Las detenciones se han llevado a cabo gracias, en parte, al contenido de los mensajes que intercambiaron algunos militares con quien fuera mano derecha de Bolsonaro, Mauro Cid, quien pasó varios meses en prisión por su implicación en una supuesta trama para falsificar datos de vacunación contra la Covid-19.

Si bien la Policía investigaba la supuesta falsificación de los carnés de vacunación de la COVID-19 de Bolsonaro y su familia para poder salir del país, durante el proceso encontró en el teléfono de Cid con pruebas de supuestos intentos por mantener al expresidente en el poder a pesar del resultado de las elecciones.

En octubre de 2022, el izquierdista Lula ganó las elecciones al entonces presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Tras la derrota, Bolsonaro evitó conceder públicamente su derrota. En los días y semanas posteriores, se reportaron reuniones y supuestas discusiones entre aliados de Bolsonaro sobre estrategias para deslegitimar el resultado electoral, lo que incluía teorías de fraude y llamados a la intervención militar.

Estos planes culminaron en los graves acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia: el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema, causando destrozos significativos en un intento de revertir el resultado de las elecciones y socavar el inicio del mandato de Lula.

Una investigación de la Policía Federal concluirá que Bolsonaro conspiró para urdir el intento de golpe después de que perdió las elecciones, dijo a Reuters en octubre una fuente con conocimiento directo de las pesquisas. Se espera que la investigación finalice este mes.

Bolsonaro no ha hecho ningún comentario público sobre las acusaciones de conspiración golpista. Reuters intentó contactar con representantes del expresidente y del general Fernandes para que hicieran comentarios.

El ejército brasileño supervisó la operación federal contra los golpistas, que se llevó a cabo en los estados de Río de Janeiro, Goias, Amazonas y el Distrito Federal.

La policía declaró que los sospechosos investigados habían planeado la instalación de una “Oficina de Gestión de Crisis Institucional” para gestionar los problemas derivados del golpe.

La policía también lleva otras investigaciones sobre presuntos planes para impedir la asunción de Lula.

Agencias AP, AFP y Reuters