La jueza de garantías Carola Bacalluzzo rechazó un habeas corpus que había presentado la defensa de Sergio Urribarri y el exgobernador kirchnerista de Entre Ríos continuará detenido en la causa por corrupción en que había sido condenado en 2022.

La magistrada sostuvo en su declaración que “el habeas corpus debe ser rechazado ya que no se verifica ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 32 de la ley 8369”.

La Justicia había detenido el martes al exgobernador de Entre Ríos y Sergio Urribarri. La decisión se dio luego del fallo de la Cámara de Casación de Entre Ríos que dispuso la prisión preventiva inmediata en la causa por corrupción en que había sido condenado en el 2022, tras una investigación de la exfiscal Cecilia Goyeneche.

El fallo está firmado en forma unánime por los vocales de la Cámara de Casación de Paraná, las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Gracias a su alianza con Cristina Kirchner, en el 2020 Urribarri fue nombrado embajador en Israel del gobierno de Alberto Fernández y la ex presidenta.

El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión preventiva había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, dijeron, «fundada particularmente en el riesgo serio de fuga».

Para los fiscales «también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero».

Se trata del primer gobernador de Entre Ríos condenado y con prisión preventiva desde la restauración de la democracia, en 1983.

En abril de 2022 Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

La megacausa por la que fue condenado, en 2022, condensaba cinco causas por diversos hechos de corrupción durante los dos mandatos que tuvo como gobernador, desde 2007 hasta 2015.

Un hecho fue bautizado por la prensa como “la causa de la vaca”, donde se comprobó que hubo un mecanismo de pago de retornos a través de imprentas -que manejaba su cuñado- y el direccionamiento de contrataciones de publicidad en la vía pública para financiar su frustrada campaña electoral a presidente del 2015.

En esa misma línea, la Justicia también probó la causa conocida como “sueño entrerriano”, donde el exgobernador era investigado por un desvío de fondos públicos para su carrera política. Incluyó pagar un parador con sus imágenes en las playas de Mar del Plata.

Allí se confirmó que hubo contrataciones de pautas publicitarias en medios nacionales. Todo por un costo de más de 14 millones de pesos al valor de entonces.

La Justicia también dio por probado que había un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial y que hubo contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2015.

Por estos hechos fue que el tribunal oral lo condenó, pero diversos recursos y apelaciones no lograban que la condena se hiciera efectiva.

En 2022, recién después de que se conociera la condena, el entonces canciller Santiago Cafiero habló con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y desplazaron a Urribarri de la embajada argentina en Israel, donde había llegado con el apoyo de Cristina Kirchner.

El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión, y al exministro Pedro Báez, a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador ultra K, Hugo Marsó, fue absuelto.