Por segunda vez en los últimos cinco meses, el presidente del Senado de Bolivia intentó aprovechar un viaje del presidente boliviano, Luis Arce -esta vez a Brasil para la cumbre del G20-, para sacar del cargo a los altos jueces del órgano judicial y, entre ellos, a los que se pronunciaron contra la reelección presidencial de Evo Morales, en una maniobra que vuelve a mostrar la pugna interna del oficialismo y su alcance en el sistema de justicia.

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y leal al ex presidente Morales, promulgó el martes en la noche una ley que cesa en sus funciones a todos los magistrados del órgano judicial que están prorrogados desde enero.

Entre esos jueces, están los del Tribunal Supremo de Justicia -que el miércoles sin embargo dijeron que estaban trabajando con normalidad- y los del Tribunal Constitucional. Estos últimos ratificaron la anulación de la reelección presidencial. Evo Morales había impulsado en un referéndum la reelección continua para poder postularse de nuevo.

El gobierno de Arce no tardó en reaccionar y afirmó este miércoles que la ley que cesa el mandato de los magistrados no tiene validez, por lo que es posible que el legislador afronte responsabilidades penales y civiles.

El ministro de Justicia, César Siles, mencionó que Rodríguez cometió una «autoproclamación» al asumir la presidencia del Legislativo el martes cuando, a su juicio, no le correspondía a partir de que el vicepresidente David Choquehuanca asumió como mandatario interino por el reciente viaje de Arce a Brasil.

Es la segunda vez que el titular del Senado hace una maniobra similar, aprovechando que Arce está de viaje. En junio, aprobó la ley para destituir a los jueces cuando el mandatario salió a Rusia. Ahora, continuó el trámite con la promulgación de la norma.

Según la ley boliviana, cuando el presidente sale del país queda encargado el vicepresidente, quien a su vez es el presidente de la Asamblea Legislativa. En este caso, es Choquehuanca, que tomó el mando del país durante el viaje a Brasil de Arce.

Entonces, el titular del Senado dijo tener potestad para ocupar la función de Choquehuanca como presidente de la Asamblea y, con ello, de promulgar la ley para destituir a los magistrados.

“Y recae en mi persona, como presidente en ejercicio de la Asamblea legislativa, por lo cual tomamos la decisión”, dijo Rodríguez, lo que causó una nueva polémica con los partidarios de Arce en el Parlamento.

La ley promulgada ahora había sido aprobada en aquella ocasión en junio en que el presidente del Senado asumió las funciones de Choquehuanca, pero entonces el Tribunal Constitucional la declaró “nula” desconociendo que Rodríguez tuviera potestad para convocar la sesión legislativa en que fue tramitada.

El sector oficialista afín a Arce cuestionó el miércoles la validez y legalidad de la promulgación de la ley que se hizo el día anterior y, por su parte, los magistrados del Tribunal Supremo aseguraron en un comunicado que se mantenían en sus funciones. El Tribunal Supremo de Justicia “viene desarrollando sus labores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad”.

El ministro de Justicia, César Siles, aseguró que Rodríguez cometió “usurpación de funciones”, porque Choquehuanca está en el país cumpliendo plenamente sus funciones, lo que incluye la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

“Ahora nosotros vamos a mandar toda la documentación con el proyecto del ley firmado por Andrónico Rodríguez al Tribunal Constitucional y sean ellos que establezcan responsabilidades”, agregó.

Poco antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que Rodríguez se equivocó al optar por este camino de buscar la habilitación electoral de Morales a las elecciones de 2025.

El Tribunal Constitucional está en la mira de los afines de Morales, porque ha emitido sentencias en contra de la relección dado que la Constitución Política del Estado permite solo una relección consecutiva. La semana pasada, además, dio un fuerte golpe a esa posibilidad al desconocer el liderazgo de Morales en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otorgárselo a un dirigente leal a Arce.

Morales anunció hace mas de dos años su intención de postularse a las elecciones de 2025, lo que causó una fractura en el partido gobernante entre sus partidarios y los afines a Arce.

Arce está constitucionalmente habilitado para postularse de nuevo, pero aún no ha oficializado una candidatura.

La oposición apoyó la ley contra los magistrados judiciales. Carlos Alarcón, diputado opositor, explicó que lo hicieron con el fin de garantizar las elecciones judiciales, postergadas desde finales de 2023. Otro fallo había dispuesto que haya elecciones parciales para renovar a los jueces del órgano judicial este 15 de diciembre.

Bolivia pasa por una crisis judicial desde hace años que ha tratado de solucionar con las elecciones mediante voto popular a los jueces. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía ha sido baja porque los candidatos deben ser elegidos previamente en el Congreso. “Y esto lo ha vuelto más político”, dijo William Bascopé, especialista constitucionalista.