La decisión presidencial de dar de baja las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner y de Amado Boudou, dos exfuncionarios condenados por graves delitos contra el Estado, es apenas la punta de un iceberg integrado desde su base por un sistema corrompido mediante el otorgamiento de un sinnúmero de sucesivas prerrogativas a diversos sectores a lo largo de décadas, los que lograron beneficiarse mayormente como producto de presiones políticas.

Mientras millones de jubilados cobran el haber mínimo, tras cumplir todas las exigencias legales de aportes y años de vida, hay beneficiarios que, habiendo trabajado menos tiempo o sin haber aportado lo suficiente, accedieron a jubilaciones de excepción, como ocurrió con las otorgadas durante los gobiernos kirchneristas, con moratorias absurdas y sin preocuparse ni por la equidad respecto de quienes tienen todo en regla ni por la sustentabilidad del sistema.

Si resultan aberrantes los casos de Cristina Kirchner y de Boudou, por haber cometido graves delitos contra la administración pública, no es menos preocupante que en nuestro país haya hoy cerca de 3,7 millones de personas que cobran regímenes de excepción. Se trata del 40% del total de jubilados, los que perciben, en promedio, un haber 85% superior al promedio del régimen general. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7% del PBI. Alrededor del 50% del gasto previsional corresponde a esos regímenes.

Así se desprende del “Documento de políticas públicas. Programa de protección social. Los regímenes previsionales de excepción en la Argentina”, del economista e investigador principal del Cippec Rafael Rofman, quien sostiene que una revisión profunda del sistema jubilatorio argentino debería incluir cambios que restrinjan al límite el rol de los regímenes de excepción. Afirma que mantenerlos afecta la equidad y que, al financiarse con recursos recaudados mediante el sistema tributario, podrían derivar en efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, advierte que la sostenibilidad de recursos se ve alterada, ya que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines y, tercero, que se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida, que deriva en una negación de derechos a ciudadanos.

En la actualidad, se mantienen cerca de 200 normativas jubilatorias de excepción. Como ya hemos dicho desde estas columnas, el sistema previsional necesita ser reformado de manera urgente. Una cosa es establecer un régimen individualizado para trabajadores de riesgo, que estén sometidos a envejecimiento prematuro, solo por citar un caso, y otra es concederles a quienes fueron elegidos democráticamente para ejercer cargos públicos una suculenta “condecoración” dineraria de por vida por los servicios prestados, muchas veces, pésimamente. Ni qué hablar de cuando los ejercieron delinquiendo.

Un caso paradigmático de estos tipos de beneficios exclusivos lo representan los trabajadores del Banco Provincia. Hace pocos días, el Senado bonaerense aprobó un proyecto que introduce cambios al régimen jubilatorio de los empleados de esa entidad bancaria, que restituye el 82% móvil como criterio para calcular esos haberes. Esa norma había sido modificada durante el gobierno de Cambiemos en el distrito y declarada en parte inconstitucional por la Corte. Más allá del derrotero parlamentario y judicial que tuvo aquella readecuación, la pregunta es ¿resulta correcto que los empleados de un banco estatal que realizan igual tarea que los de un banco privado tengan irritantes prerrogativas especiales a la hora de jubilarse? Hay muchos otros sectores cuyos reclamos corporativos han logrado beneficios similares. ¿Es eso solidaridad social? ¿Es razonable que la torta que hacemos crecer todos los contribuyentes con nuestros impuestos y los trabajadores debidamente registrados con sus aportes se distribuya según criterios cuya justificación dista mucho de ser razonable, equitativa y sustentable? Y otro factor para tener en cuenta: a partir de situaciones laborales que han cambiado con el paso del tiempo, ¿no deberían revisarse los argumentos técnicos que fundamentaban esos cálculos?

Recientemente, fue ingresado en el Congreso un proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio. Sus autores son los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone y Oscar Zago, a quienes el presidente Javier Milei –quien anunció su renuncia a recibir ese beneficio cuando concluya su mandato– dijo que apoyará.

Tal iniciativa propicia la eliminación de esos enormes estipendios previstos para quienes, entre otros exfuncionarios, hayan ejercido la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. El objetivo es equiparar sus beneficios previsionales con los del resto de la población, es decir, que pasen a formar parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; estipula que se invite formalmente a los expresidentes y exvicepresidentes a renunciar a todo privilegio, y obliga, dentro de los 60 días de promulgada la norma, a que el Poder Ejecutivo publique en el sitio argentina.gob.ar la nómina actualizada de los exfuncionarios que decidan no ceñirse a ella y mantener sus ampulosas prerrogativas.

Con anterioridad, en junio pasado, fue aprobado en general un proyecto de diputados de la Unión Cívica Radical que también proponía la eliminación de las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación, pero ese artículo fue rechazado en particular por 111 votos contra 109, por los bloques de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y otras bancadas minoritarias.

Hubo otros proyectos modificatorios del sistema previsional, por cierto, pero no prosperaron. De más está recordar el intento de reforma encarado durante la presidencia de Mauricio Macri, que terminó con una descomunal violencia en las afueras del Congreso Nacional.

Naturalmente, las leyes no pueden ser aplicadas con retroactividad, pero una norma en ese sentido dejará expuestos a quienes pretenden mantener sus privilegios. Ahora sabemos, por ejemplo, que Cristina Kirchner cobró el mes pasado casi 36 millones de pesos entre su jubilación como exmandataria y la polémica pensión que mantenía de Néstor Kirchner gracias al silencio cómplice de sus exfuncionarios a cargo de la Anses. De esos 36 millones, más de 6 se le pagaban por haber declarado domicilio en Río Gallegos –un suplemento diseñado para compensar las condiciones geográficas y económicas desfavorables de quienes residen en la Patagonia–, cuando se sabe que hace décadas que la expresidenta vive casi exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.

Ya no estamos como dice el refrán ante la excepción que confirma la regla. Lamentablemente, en nuestro sistema previsional, la excepción ha dejado de ser excepcional para convertirse en regla.

Urge terminar con los serios problemas de fragmentación que derivan en inequidades, ineficiencias y altísimos costos de cobertura. Mantener la enorme porción de privilegios actuales del sistema previsional constituye una ignominia.