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POLITICA

La Justicia reabre una investigación contra Cristina Kirchner por irregularidades en su patrimonio

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Siguen las malas noticias judiciales para Cristina Kirchner, este viernes la Cámara Federal de Apelaciones radicada en la Ciudad de Buenos Aires, decidió reabrir una causa en su contra por irregularidades en sus declaraciones juradas y en su patrimonio.

De este modo, los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, determinaron que se vuelva a investigar el patrimonio de la líder del Partido Justicialista (PJ), una causa que había sido cerrada por el magistrado federal Julián Ercolini en 2016, aduciendo que se trataba de un error de redacción en los informes presentados por CFK.

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En el marco de la reactivación del expediente, el tribunal solicitó que se realice un nuevo peritaje contable sobre las declaraciones presentadas por la exmandataria entre el 2004 y el 2014, como parte de sus deberes de funcionaria pública. “Este es un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”, dice el fallo.

“Observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa. A todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, prosigue el documento judicial.

La Corte Suprema ratificó el juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán

La causa se desprende de la investigación por “Hotesur”, cuando el expresidente Néstor Kirchner, aún estaba vivo y tenían que ver con el enorme crecimiento patrimonial del matrimonio en los años en que ambos estuvieron al frente del Poder Ejecutivo nacional. Sin embargo el juez Ercolini las cerró por no encontrar pruebas concretas de irregularidades en la información presentada ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Tan sólo un día antes la Corte Suprema de Justicia ordenó que se reactive el juicio contra Cristina en el marco de la causa por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, que garantizaba la impunidad para quienes habían participado del atentado a la AMIA.

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POLITICA

El Gobierno evalúa importantes cambios en la vigencia y renovación de las licencias de conducir

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que el Gobierno planea extender la vigencia de las licencias de conducir y permitir que su renovación no sea presencial, aunque mantendría la obligatoriedad de verificar las aptitudes psicofísicas del conductor. La medida, que dependerá de la adhesión de cada provincia al Código de Tránsito revisado, podría implementarse antes de fin de año.

En paralelo, el ministro confirmó el cierre inminente de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), que brindaba asistencia a emprendedores sin acceso al sistema financiero formal. Según Sturzenegger, la entidad “tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos, pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Eso se cierra mañana”. La medida será oficializada en el Boletín Oficial, mientras se cuestiona el impacto de la desaparición de este programa que promovía la economía circular y mejores ingresos para familias emprendedoras.

El Gobierno aplicará cambios en el mecanismo para controlar la transparencia de las universidades

El ministro también anunció reformas en el sistema universitario, destacando que las universidades públicas deberán realizar sus compras y contrataciones a través de portales del sector público para garantizar la transparencia. Además, los salarios y gastos de las universidades deberán registrarse en el Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif), lo que suspenderá los contratos interadministrativos directos entre el Estado y las instituciones educativas. Sturzenegger subrayó: “Los procesos deberán ser transparentes, no habrá contrataciones directas con universidades”.

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