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POLITICA

Exámenes a estatales: mejorar la calidad del empleo público

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En 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con la mentoría de Jorge Roulet, surgió el Programa de Formación de Administradores Gubernamentales (Profag), inspirado en la École nationale d´administration (ENA) francesa, en un intento por democratizar y profesionalizar la administración pública, impulsando el desarrollo de planes de carreras en dicho ámbito y rompiendo una tradicional división entre roles políticos y administrativos. La cantidad de postulantes, con instancias de evaluación sumamente exigentes, superó inicialmente las expectativas pero, con el tiempo, los embates al programa desde el propio gobierno, impidieron su continuidad y con ello la transformación de la administración pública desde adentro.

Creado en 1963, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) se consolidó como otra experiencia de larga trayectoria en la profesionalización de funcionarios que han sabido ganarse mayor reconocimiento social. Entre otros intentos, el Instituto Superior de Economistas de Gobierno, bajo la órbita ministerial de Domingo Cavallo, por su parte, tuvo corta vida.

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Sin concursos, bastó la afinidad ideológica, el parentesco o el amiguismo para sumarse a las codiciadas filas del Estado, asegurándose un sueldo y eventualmente un haber jubilatorio cuando en infinidad de casos solo se tratara de “ñoquis” que ni siquiera quedaban expuestos en su incompetencia. En el Poder Judicial, por caso, donde rigen formalmente los concursos y las evaluaciones, estos han quedado también en manos de la discrecionalidad política, como la ineptitud y la falta de independencia de magistrados evidencia con tantísimos ejemplos. Se trata de “trampas que esconden los reglamentos, pero que consolidan la cultura de la discrecionalidad y el acomodo”, como describió el exmiembro del Consejo de la Magistratura de la Nación Pablo Tonelli.

Frente a un Estado sobredimensionado en el que poco y nada se han respetado las repetidas consignas de congelamiento de ingresos, los empleados idóneos comparten tareas con el personal “militante” que ha colonizado la administración pública, las empresas y entes estatales. Detrás de reducir el déficit fiscal, la motosierra oficial avanza allí en una cruzada de recortes y limpieza que demandará mucho tiempo. Con el año a punto de concluir y muchos contratos de estatales que integran la planta transitoria a punto de caer, el Gobierno condicionó las renovaciones a la aprobación de un examen de idoneidad –cuya apertura de inscripciones acaba de ser decidida–, así como el ingreso de nuevos contratados a partir del 1° del mes próximo. El Sistema de Evaluación Pública (SEP), un examen general de conocimientos y competencias, es independiente del régimen de selección que se establezca para la acreditación de la idoneidad, y se tomará una sola vez, como requisito obligatorio para trabajar en la administración pública nacional. El SEP fue incluido en el decreto reglamentario del capítulo sobre empleo público de la Ley Bases y su implementación está a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Una vez reservado el turno, cada persona dispone de tres oportunidades para aprobar el examen. La primera fase corresponde a trabajos en jurisdicciones y entidades con asiento en la región del AMBA.

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Utilizando una plataforma digital, las evaluaciones serán presenciales y, en principio, no se tomarán en el lugar de trabajo, tampoco en el domicilio, sino en espacios por determinar. Quienes se presenten a rendir deberán generar un usuario y una contraseña que asegurará su anonimato, dejando fuera simpatías y afinidades. Habrá tres niveles de complejidad diferente en las pruebas, según se trate de trabajadores de servicios generales, administrativos o profesionales y, en todos los casos, se recurrirá a preguntas de opción múltiple por resolverse en una hora. Las temáticas abarcarán comprensión lectora, razonamiento lógico matemático (cálculos básicos y sobre probabilidades, análisis de gráficos) y administración pública nacional (derechos cívicos y normativas aplicables a la función pública), esta última solo para profesionales. En la web se encuentran ejercicios orientativos y de práctica que dan idea de cómo serán los exámenes. Hasta tanto se pueda garantizar la accesibilidad a los materiales de evaluación, solo quedarán exceptuados de la prueba quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad.

En total son unos 40.000 empleados públicos los que deberán presentarse a rendir. Los gremios estiman que son 58.000 quienes deberán aprobarlo para renovar sus contratos, sin contar a quienes revisten en empresas públicas, el PAMI o la ANSES, y califican de “humillante” la medida para quienes tienen más de diez años de desempeño. Voceros de ATE afirman que las evaluaciones son un pretexto para estigmatizar y despedir ilegalmente a trabajadores. Sin embargo, fuentes del Gobierno aclararon que el examen no definirá la continuidad laboral y destacaron que no buscan perjudicar a los trabajadores.

Achicar el Estado presupone también mejorar la calidad de sus cuadros. Reinstaurar el sistema de concursos y evaluaciones que aseguren profesionalismo y competencia, debería ser el punto de partida. Lamentablemente, cada cambio de administración suma capas geológicas de empleados y busca imponer a los propios, con un sistema de afinidades que complica también el sostenimiento de políticas que deberían exceder un período de gobierno para llegar a buen puerto. Se necesita instaurar un cambio de paradigma cuando, además, los habitantes de tantas provincias se alimentan del empleo público garantizando la larga supervivencia de las autoridades de las que dependen ellos y sus familias ante la precarización del empleo privado. La presión sindical hace también lo suyo. Poner en caja tantas variables no va a ser fácil, pero resulta imperativo cuando la construcción de confianza se alimenta también de estas cuestiones.

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La curiosa sanción que el Manchester United le impuso a Alejandro Garnacho

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Ya lo anticipó Ruben Amorin en conferencia de prensa: la actitud y la reacción de Alejandro Garnacho tras ser reemplazado en el triunfo de Manchester United contra Ipswich no iba a pasar de largo sin consecuencias. Ahora, el entrenador reveló el curioso castigo que le impuso al atacante argentino.

Pero antes: ¿Qué fue lo que pasó? Antes del final de la primera mitad del encuentro que se disputó en Old Trafford, el técnico de los Diablos Rojos sacó a Garnacho reemplazandolo por Noussair Mazraoui para rearmar el equipo ante la expulsión de Patrick Dorgu. Con su rostro visiblemente ofuscado y sin mediar palabras con el cuerpo técnico, el argentino salió del campo y se dirigió sin escalas al vestuario y no volvió a aparecer en el banco de suplentes del Manchester United, algo que corresponde cuando un futbolista es reemplazado en durante el partido.

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“Obviamente hablaré con Garnacho sobre ello, así que tendrán una respuesta en la próxima conferencia de prensa”, anticipó el DT apenas consumada la victoria ante el Ipswich. Y Amorim cumplió. El entrenador hizo acto de presencia nuevamente en una conferencia y anunció el castigo que le impuso al delantero de la scaloneta: “En el Manchester United todo es importante, y la percepción en un gran club es clave. Así que va a pagar la cena para todos, y eso es todo”.

Más allá del curioso castigo, Amorim habló sobre la situación, su decisión y su justificación del castigo: “Tal vez estaba mojado y tenía frío”, lanzó ante la primera pregunta sobre el tema a modo de broma para descomprimir . Pero explicó el porqué de su decisión, una simple cuestión táctica de acomodar el equipo tras la expulsión: “Mi pensamiento fue jugar con un 5-3-1. Sé que es un riesgo, especialmente cuando sacas al único jugador que desequilibra en el mano a mano (Garnacho), pero sentí que el equipo estaba controlando el partido“, detalló.

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POLITICA

La inflación según Marco Lavagna: Por qué los números del INDEC no se condicen con la realidad

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El gobierno de Javier Milei nos tiene acostumbrados a sostener falacias en su discurso oficial, para tratar de disimular la realidad de sus políticas económicas. En este caso se trata de la inflación, ese flagelo que nos acompaña desde hace décadas y que, pese a los maquillajes creativos del presidente y Luis Caputo no deja de crecer.

En realidad, la medición de inflación está subestimada, ya que se calcula en base a una canasta de consumos elaborada en 2004, que no resulta representativa de la asignación de recursos de las familias argentinas. Rubros tales como el alquiler están directamente excluidos, y otros como servicios y tarifas están absolutamente subrepresentados respecto de las erogaciones que deben afrontar los hogares argentinos. Sólo para el mes de enero se calcula que una medición de la canasta real, más cercana por ejemplo a la de la CABA, hubiera registrado uns suba de precios real de 0,6 puntos adicionales, llevando el indicador a 2,8 por ciento.

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No es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) mienta con los datos que publica, sino que la herramienta utilizada no se corresponde con la asignación de recursos de los argentinos. No es casualidad de que, pese a que exista una herramienta más actualizada para medir la inflación elaborada por el propio INDEC a partir de los datos extraídos de la IPC en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017, el gobierno se niegue a  rajatabla a implementarla, ya que dejaría en claro que el pretendido éxito en la lucha contra la inflación es, en realidad, un contundente fracaso.

A esto se suma un nuevo argumento, no menos contundente: el indicador de inflación es utilizado para definir aumentos en paritarias, jubilaciones, etcétera, que son así hundidas a la baja. Los sindicatos han denunciado esta situación, asegurando que, de contarse con una evaluación realista de la inflación en la Argentina, el salario mínimo debería ser casi siete veces mayor que el actual. Esto también explica algo que el gobierno deliberadamente oculta: por qué el consumo masivo no para de caer pese a la presunta desaceleración de los precios. Para enero de este año, por caso, disminuyó en un 7 por ciento por ciento respecto del mismo mes del año anterior, que resulto pésimo en materia de consumo tras la devaluación del 25 por ciento del mes de diciembre de 2023.

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El presidente Javier Milei y el karma de la inflación.

Esta subestimación de los indicadores reales de inflación ha sido reconocida por el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, quien adelantó hace un tiempo que se había elaborado una nueva herramienta más realista para medir la inflación, pero el gobierno se ha negado insistentemente a implementarlo. El problema que se plantea es que, si esta negativa persiste, se incrementarán las sospechas sobre las mediciones del INDEC, organismo que debió afrontar denuncias y cuestionamientos varios cuando estuvo en la órbita del entonces secretario de Comercio del Interior, Guillermo Moreno.

La ENGHo de 2017 que desea implementar Marco Lavagna asigna una mayor ponderación de las tarifas de luz y gas (59 contra 34 por ciento en la canasta de 2004). Pese a que Milei y Luis Caputo pisaron los aumentos de los últimos meses, las boletas de ambos  servicios subieron un 400 por ciento y un 300 en 2024, lo que dejaría en claro que la tan mentada desaceleración no es más que otra de las fantasías instaladas por el presidente. Los salarios, que el gobierno insiste en permitir actualizar sólo un 1 por ciento, habrían perdido sólo en el mes de enero un 1,8. Estos sólidos argumentos les permiten sostener a los sindicatos que el salario mínimo,  fijado actualmente en 279 mil pesos, debería ser para diciembre de 2024 de 1.900.000.   

Otros factores que pegaría un salto exponencial en caso de una medición acorde al consumo de los argentinos serían los de pobreza e indigencia, calculándose que el primero superaría largamente el 50 por ciento y el segundo, el 20.

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Si bien la situación actual es diferente a la que se produjo en tiempos de Guillermo Moreno, quien fue condenado a tres años de prisión por manipular datos del INDEC e inhabilitado para ejercer cargos públicos por seis años, mientras que su exdirectora de Índices de Precio de Consumo, Beatriz Paglieri, recibió una sanción de tres años de prisión condicional y otros seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos, la constante manipulación de los indicadores de inflación real, más tarde o más temprano, terminará afectando la credibilidad de Lavagna y la de un gobierno nacional atravesado por denuncias de estafas y de constituir, en sí mismo, una asociación ilícita. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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El Gobierno desvinculó a más 2800 empleados de Capital Humano

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El gobierno de Javier Milei despidió esta semana a al menos 2800 personas vinculadas al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Según pudo saber LA NACION, la decisión de la administración libertaria forma parte del “plan motosierra” que tiene a cargo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para con el empleo público.

Al mismo tiempo, el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado denunció “violencia institucional, hostigamiento y maltrato sistemático” por parte de Pettovello, una de las funcionarias más cercanas al Presidente.

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“En las últimas horas, el Gobierno profundizó su ataque contra los trabajadores estatales con una nueva ola de despidos masivos. Cientos de compañeros y compañeras de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Dirección Nacional de Arquitectura y otras áreas recibieron la notificación de la finalización de sus contratos, dejando a 400 familias en la calle sin ninguna oportunidad”, indica el comunicado de la pata porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo líder es Daniel Catalano.

Y sigue: “A su vez, en el exministerio de Desarrollo Social, más de 2000 trabajadores de la Subsecretaría de Políticas Familiares (Senaf) fueron despedidos o pasados a disponibilidad”.

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En esa línea, asegura que la medida “arrasa con los derechos” y que “abandona a los sectores más vulnerables del país”. “Denunciamos también la violencia institucional, el hostigamiento y el maltrato sistemático de la gestión de Pettovello, que precariza, despide y juega con la salud física y mental de los trabajadores en su afán de destruir el Estado. Por su parte, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), la autoridad encargada de la contaminación en la cuenca Matanza Riachuelo ya se contabilizan 300 despidos en esta nueva tanda”, agregan desde ATE Capital.

“Reafirmamos nuestra lucha por la reincorporación de cada despedido y despedida, y por la defensa irrestricta de los derechos laborales”, cierra el mensaje difundido por la red social X.

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Los motivos

Mientras que todavía no hubo un comunicado oficial con respecto a las desvinculaciones, LA NACION pudo saber que esto se enmarca en el “plan motosierra” anunciado en conjunto entre Milei y Sturzenegger, que habría hecho un repaso generalizado sobre los puestos de trabajo en estas áreas afectadas y habría detectado “tareas duplicadas”.

Asimismo, distintas fuentes dijeron a este medio que estos sectores supieron estar bajo el control del dirigente social del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, durante el gobierno anterior.

Emilio Pérsico.

Del total de echados, hay gente que estaba contratada y otra, en planta permanente. A los primeros se les dieron de baja esas contrataciones, por lo que quedaron fuera de la planta estatal. A los otros de momento se los pasó a disponibilidad de Recursos Humanos, todavía con goce de sueldo, como establece la normativa oficial.

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Ya en marzo del año pasado, el ministerio de Pettovello avanzó con la cesantía de más de 3600 empleados, que fueron notificados vía mail. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue el área más afectada por el recorte; le siguieron la Anses y la Secretaría de Trabajo.

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