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POLITICA

Sospechan que el gendarme argentino detenido en Venezuela fue trasladado a El Helicoide

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El caso de Agustín Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre continúa generando preocupación y tensión en el gobierno argentino.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, hay indicios de que el hombre podría haber sido trasladado a El Helicoide, el centro de detención más temido de Caracas y símbolo de las denuncias de tortura y represión del régimen chavista.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, esta hipótesis surge en el contexto de la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países, agravadas por el asedio a la residencia del embajador argentino en Venezuela y la detención de un empleado local de la embajada.

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“Es una situación extremadamente delicada. No tenemos información confirmada, pero todas las señales apuntan a que Gallo habría sido enviado a El Helicoide”, explicó una fuente cercana al caso.

Un arresto que sacudió la relación bilateral

Gallo fue detenido al intentar cruzar desde Colombia hacia Venezuela, donde planeaba visitar a su esposa e hijo. Las autoridades venezolanas lo acusan de espionaje, una imputación que la Casa Rosada ha desmentido categóricamente, señalando que se trata de un ciudadano que ingresó al país por motivos familiares.

Desde su arresto, el caso ha sido interpretado como una maniobra del gobierno de Nicolás Maduro para intensificar las presiones contra Argentina, en medio de un clima de hostigamiento hacia los opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas.

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“Estamos trabajando junto a la representación brasileña para lograr la liberación de Gallo, pero las condiciones son extremadamente complicadas”, admitieron desde la Cancillería argentina, que enfrenta un escenario complejo tras el retiro de su equipo diplomático de Venezuela en agosto.

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¿Qué es El Helicoide?

El Helicoide, construido en los años 50 como un ambicioso proyecto de centro comercial, se transformó en un oscuro símbolo de la represión chavista. Este edificio, administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ha sido señalado por organismos internacionales como un lugar de torturas, abusos y violaciones a los derechos humanos.

Con 10.000 metros cuadrados, este centro de detención ha albergado a cientos de opositores al régimen, especialmente durante las protestas que surgieron tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en julio. Según testimonios de exdetenidos, las condiciones en El Helicoide son inhumanas, y los presos son sometidos a tratos crueles y degradantes.

“El Helicoide es el peor lugar en el que se puede estar. Es un infierno en la Tierra”, relató Dylan Canache, un joven que fue encarcelado allí con solo 16 años.

La preocupación de la familia y la comunidad internacional

Mientras tanto, la familia de Gallo vive momentos de incertidumbre y angustia. Sin noticias concretas sobre su paradero, exigen que se intensifiquen las gestiones diplomáticas para su liberación. “Lo único que queremos es que Agustín vuelva a casa sano y salvo. Esto es una pesadilla”, expresó un familiar directo.

La comunidad internacional también ha manifestado su preocupación por el caso. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y diversas ONG han llamado la atención sobre las prácticas represivas del régimen de Maduro y han solicitado la intervención de organismos de derechos humanos.

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POLITICA

El Gobierno oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima

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El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.

La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.

Reducción de subsidios y reestructuración laboral

Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.

En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.

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El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos

Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.

Lugar para una eventual privatización

Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.

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