No hay agua para limpiar las manos ensangrentadas del régimen chavista. El gobierno de Nicolás Maduro cierra su segundo mandato ahora el 10 de enero con un saldo de 22 presos políticos muertos causados por torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica en los últimos 10 años.

El régimen chavista llenó masivamente las cárceles de Venezuela con más de 2.000 detenidos, de los cuales 170 niños y menores de edad, por protestar el fraude electoral cometido por Maduro el 28 de julio pasado.

Con la presencia solo de 35 países invitados, aliados suyos, Maduro se prepara para juramentarse en su tercer mandato el próximo 10 de enero con la acumulación desde el 2015 de 22 presos políticos muertos durante su gestión y bajo su custodia carcelaria.

Es una mancha imborrable, cruel e inhumana de su legado presidencial, según las ONG de los derechos humanos y la líder María Corina Machado, quien acusa a Maduro de ser indolente porque ha dejado morir a los venezolanos detenidos.

La muerte de tres detenidos ocurrida en el último mes ha disparado las alertas nacionales e internacionales sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que las causas de estas muertes incluyen principalmente torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada.

La situación ha sido grave en los casos de opositores, quienes han sufrido condiciones de detención extremas que han acelerado su deterioro físico y mental.

Según el diario El Nacional la lista de los 22 presos políticos fallecidos actualizada desde el 2015 bajo custodia del Estado es la siguiente:

Detenido desde abril de 2014 por su supuesta vinculación con las protestas antigubernamentales, fue encontrado muerto el 13 de marzo de 2015, en Caracas.

González, excapitán de aviación civil de 64 años de edad, permanecía en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de delitos relacionados con las manifestaciones. Opositores aseguran que el deceso ocurrió en su celda, donde supuestamente se quitó la vida después de recibir presuntas torturas.

El concejal de Guasdualito, en el estado Apure, falleció en septiembre de 2017 a consecuencia de un ACV sufrido en agosto, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El partido Primero Justicia, que denunció que García fue detenido ilegalmente y se le negó atención médica, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de la muerte del funcionario y consideró el hecho como una violación a los derechos humanos. Aunque se le otorgó la medida cautelar de casa por cárcel en días previos, no fue ejecutada. García estuvo detenido desde 2016 tras el allanamiento de su vivienda por protestas en la región.

El Teniente de la Guardia Nacional murió en diciembre de 2017 tras un intento de fuga junto a ocho compañeros desde la cárcel militar de Ramo Verde, durante su traslado a los tribunales militares en Fuerte Tiuna.

Arreaza, de 28 años de edad, resultó herido en el abdomen y en una pierna durante el enfrentamiento, en el que también resultaron heridos otros dos compañeros. A pesar de que supuestamente recibió atención médica, falleció.

El concejal de Caracas por el partido Primero Justicia, fue detenido el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al regresar de un viaje a Nueva York, donde participó en actividades de la Asamblea General de la ONU.

Tres días después, el 8 de octubre, se informó que había fallecido tras caer desde el décimo piso del edificio del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas.

El exministro de Petróleo de Venezuela y expresidente de PDVSA, falleció el 12 de diciembre de 2018 debido a complicaciones de salud mientras estaba bajo custodia del Estado.

Padecía una enfermedad crónica que agravó su condición, lo que llevó a su muerte en un hospital militar de Caracas. Martínez había sido arrestado en noviembre de 2017 por acusaciones de corrupción y, según informes, sufrió problemas renales que requirieron tratamiento médico.

El capitán Rafael Acosta Arévalo, un oficial de la Armada Bolivariana, murió el 29 de junio de 2019.

Fue arrestado el 21 de junio de 2019 por presuntamente estar involucrado en un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Su esposa, Waleska Pérez, denunció que fue torturado y que su muerte fue resultado directo de las lesiones sufridas durante su detención, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La causa oficial de su muerte fue rabdomiolisis y politraumatismo.

El joven de 20 años de edad murió el 5 de febrero de 2019 mientras estaba detenido en la cárcel de Uribana, en el estado Lara. Lo arrestaron en noviembre de 2017 durante las protestas contra el régimen de Maduro y lo acusaron de terrorismo y otros delitos. Jiménez sufrió una grave deshidratación, fiebre alta, vómitos y sangrado.

Lo trasladaron en estado crítico al Hospital Central Antonio María Pineda, donde falleció poco después. Su familia denunció que lo torturaron, alimentaron con comida en mal estado y privaron de los medicamentos necesarios para su tratamiento.

Un ingeniero de la Corporación Eléctrica Nacional que murió el 9 de marzo, durante el apagón nacional, en una celda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Félix, estado Bolívar.

Fue detenido el 1 de marzo por supuesto robo de material estratégico. Pero poca es la información que se conoce de este caso.

Fue detenido el 23 de febrero por estar involucrado en las protestas del 2019, se encontraba en el destacamento 113 de la GNB en Cabimas, Zulia. Falleció a causa de una tuberculosis y una neumonía crónica que contrajo.

El 26 de diciembre del 2019 fue detenido por la Dirección de ContraInteligencia Militar por el caso Operación Aurora. Presuntamente falleció a causa de torturas recibidas durante su detención en los calabozos del Fuerte Militar Escamoto de Santa Elena de Uairén (Bolívar), el 9 de febrero de 2020. La causa de su fallecimiento aún no ha sido revelada.

Luis Armando Monsalve Estaba, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), murió el 31 de mayo de 2020, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras un paro respiratorio. El efectivo estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde mayo de 2019. Se le acusaba de planificar la fuga del exministro del chavismo Miguel Rodríguez Torres

Al ganadero Pedro Pablo Santana lo detuvieron el 29 de agosto de 2019 por presunta vinculación con actos terroristas.

Falleció el 14 de agosto de 2020 mientras estaba bajo arresto domiciliario debido a diversas complicaciones médicas derivadas de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca e hipertensión.

Salvador Franco, un indígena pemón, falleció el 3 de enero de 2021 en la cárcel El Rodeo II en Miranda. Lo detuvieron en diciembre de 2019 por su presunta implicación en el asalto a un cuartel militar en el estado Bolívar. Durante su tiempo en prisión, padeció tuberculosis y desnutrición, y su salud se deterioró gravemente debido a la falta de atención médica adecuada.

A pesar de una orden judicial para su traslado a un centro de salud en noviembre de 2020, nunca se llevó a cabo, y falleció en la enfermería del internado judicial.

El exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales falleció el 29 de agosto de 2021 mientras estaba detenido en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Lo detuvieron en abril de 2020 junto con otras ocho personas, acusado de planear un supuesto secuestro del líder chavista Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia.

Durante su tiempo en prisión, su salud se deterioró gravemente: presentó síntomas como retención de líquidos, escupía sangre y otras complicaciones. A pesar de que lo trasladaron a un hospital, no recibió la atención médica adecuada y finalmente falleció de un paro respiratorio.

Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, falleció el 12 de octubre de 2021 mientras estaba detenido en una cárcel de máxima seguridad en Caracas.

Según el fiscal general chavista Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del covid-19. Sin embargo, su familia ha puesto en duda esta versión y ha denunciado que no recibieron información previa sobre su estado de salud. También ha cuestionado la atención médica que recibió el examigo de Hugo Chávez.

El preso político Armando Flores Piñango falleció el 23 de agosto de 2022 en el Hospital Militar de Caracas. El capitán retirado había sido diagnosticado con cáncer, según informó en ese entonces la abogada Tamara Suju.

Flores Piñango estaba detenido desde el 12 de noviembre de 2020 por un caso relacionado a los vehículos blindados BTR-80 en La Fría, en el estado Táchira.

Falleció el 20 de abril de 2023 mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Lo detuvieron el 14 de abril de 2023 por presunta corrupción relacionada con sus funciones como presidente de Cartones de Venezuela.

Las autoridades declararon oficialmente que su muerte fue un suicidio. Sin embargo, diferentes sectores reportaron que funcionarios forenses hallaron síntomas de tortura en su cuerpo, incluyendo hematomas y escoriaciones.

Juan Almeida Morgado, conocido como N33, fue un hacker que murió el 15 de mayo de 2023 mientras estaba bajo arresto domiciliario. Era conocido por hackear cuentas de redes sociales y páginas web de figuras públicas y periodistas, y suministrar esta información al Sebin.

Lo detuvieron en abril de dese año por su presunta implicación en el Caso Pdvsa-Cripto, relacionado con la venta ilegal de petróleo venezolano. Su muerte fue declarada oficialmente como resultado de cirrosis hepática.

Era un coronel de la Fuerza Armada Nacional que se desempeñó en distintos puestos importantes en empresas del Estado. Fue detenido el 17 de abril de 2024 por estar presuntamente implicado en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

La versión del Ministerio Público es que Lugo murió el 17 de abril a causa de ahorcamiento.

Jesús Manuel Martínez Medina fue detenido el 29 de julio pasado, pocas horas después de que se anunció la supuesta victoria de Nicolás Maduro, por haber sido testigo electoral en las elecciones presidenciales. Durante su tiempo en prisión, sufrió maltratos y se le negó la atención médica adecuada para su diabetes tipo II, de acuerdo con las denuncias de familiares y allegados.

Como resultado, desarrolló abscesos y una infección en una pierna que requería amputación. Falleció el 14 de noviembre en Barcelona, estado Anzoátegui, debido a complicaciones cardíacas asociadas a su enfermedad.

También detenido durante las protestas contra los resultados electorales, falleció el jueves bajo custodia del Estado por motivos aún no esclarecidos. El preso político de 44 años de edad se encontraba recluido en la prisión de Tocuyito.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que a Álvarez lo detuvieron el 2 de agosto, junto con su esposa, en su hogar en el estado Bolívar, sin una orden de captura por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el marco de una «supuesta investigación». El Ministerio Público los acusó de «terrorismo e instigación al odio».

Fue detenido arbitrariamente junto con su hijo, de 19 años de edad, tras le proceso electoral del 28 de julio. A ambos los trasladados al Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo. Su hijo todavía continúa privado de libertad en este penal.

Se desconoce la causa de muerte del hombre reportada este lunes, pero ONG denunciaron que los primeros días de reclusión González presentó síntomas de depresión y durante el mes diciembre fue hospitalizado por presentar un fuerte dolor abdominal. En el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis. Su familia denunció que la atención médica fue tardía.