En un intento por reforzar la lucha contra el narcotráfico, los legisladores provinciales de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, presentaron un proyecto de ley que permitiría la incorporación de personal con formación militar a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La propuesta busca modificar la Ley Provincial N.º 10.227 para que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, tras un trayecto formativo específico, puedan sumarse al cuerpo especializado.

El proyecto surge en un contexto de avance del narcotráfico en Córdoba y de esfuerzos interjurisdiccionales que, según el oficialismo, ya han dado resultados positivos. La creación de la Mesa Operativa Conjunta junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y los convenios con provincias vecinas, como Santa Fe y Entre Ríos, son ejemplos de esas acciones. Sin embargo, Siciliano remarcó que “es necesario reforzar el recurso humano de la FPA para evitar el avance del delito y proteger las fronteras provinciales”.

Una propuesta bajo la lupa

El proyecto plantea que el Fiscal General de la Provincia tenga la facultad de incorporar a personal proveniente de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando completen una capacitación específica orientada a la persecución del narcotráfico. “La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Este proyecto articula esfuerzos entre las provincias, la Nación y distintos cuerpos de seguridad”, sostuvo Siciliano.

No obstante, la medida abre interrogantes sobre la preparación específica de los militares para tareas policiales y si esta alternativa responde a una falta de formación adecuada dentro de las fuerzas locales. Expertos en seguridad y críticos de la iniciativa advierten que sumar personal externo podría ser un parche temporal y que el verdadero desafío radica en mejorar la formación y profesionalización de los efectivos provinciales.

Por otro lado, la propuesta también podría interpretarse como una respuesta al incremento de delitos vinculados al narcotráfico en Córdoba, que ha puesto en jaque la capacidad operativa de la FPA. El desafío ahora será lograr un consenso que no sólo aborde el problema coyuntural, sino que garantice políticas de seguridad efectivas y sostenibles a largo plazo.

En conclusión, mientras el proyecto avanza en la Legislatura, la sociedad cordobesa se debate entre la necesidad urgente de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el riesgo de convertir la incorporación de personal militar en una solución improvisada a una crisis estructural. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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