El tribunal de Aviñón, al sureste de Francia, dictará mañana sentencia en el histórico macrojuicio sobre las violaciones bajo sumisión química a Gisèle Pelicot, con penas que pueden llegar hasta los 20 años para cada uno de los 51 acusados.
La Fiscalía pidió el pasado 27 de noviembre hasta 650 años de prisión por el total de los delitos, que incluyen tanto violaciones como agresiones sexuales contra la víctima, de 72 años, convertida en un símbolo feminista mundial por decidir que el juicio fuera público «para que la vergüenza cambie de bando».
La mayor pena solicitada, de 20 años (la máxima contemplada por la ley en Francia), es para su exmarido y cerebro del plan, Dominique Pelicot, de 72 años, quien desde el inicio del proceso reconoció todos los hechos y aseguró que su fantasía era «someter a una mujer insumisa».
Él abusó de ella y la puso en peligro de muerte de 2011 a 2020, drogándola e invitando a otros hombres a que la violaran.
Otro de los acusados, Jean-Pierre Maréchal, admitió en el juicio los delitos aunque jamás tocó a Gisèle Pelicot, sino que replicó los métodos del principal acusado con su propia esposa, quien también fue violada bajo los efectos de los ansiolíticos por ambos hombres.
La menor pena solicitada por la Fiscalía, de 4 años, es para otro hombre que solo está acusado de agresión sexual, sin cargos de violación.
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El resto, con edades comprendidas de los 27 a los 74 años, se enfrentan a solicitudes de condenas que van de los 10 a los 20 años de cárcel por violación agravada.
Un símbolo
«Habrá un antes y un después», aseguró durante las vistas la fiscal del tribunal penal de Aviñón Laure Chabaud, sabedora de la importancia de este juicio. Por ello, pidió una «concienciación real y profunda sobre la noción de consentimiento» para los acusados y también para la sociedad.
De hecho, en Francia el Código Penal define la violación como «cualquier acto de penetración sexual de cualquier tipo o cualquier acto buco-genital cometido contra otra persona»mediante «violencia, obligación, amenaza o sorpresa».
La noción de consentimiento no aparece en el ordenamiento jurídico francés y para que se tipifique el delito de violación debe haber penetración.
Por eso mismo las estrategias de varias defensas se basaron en tratar de elaborar argumentos enrevesados sobre qué prácticas sexuales desarrollaron sus acusados.
Las pruebas de todos los delitos están en los miles de vídeos y fotos que realizó el propio violador confeso Dominique Pelicot.
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Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2011 y 2020, primero en la región de París y, a partir de 2013, en la casa a la que los Pelicot se mudaron al jubilarse, situada en Mazan, un pueblo de 6.000 habitantes cerca de Aviñón.
Dominique Pelicot contactaba a decenas hombres en internet y los invitaba a su domicilio, una vez que había drogado a su mujer con grandes dosis de ansiolíticos, que la dejaban incosnciente y cerca del coma, según los expertos médicos que declararon al inicio del juicio.
El principal acusado registraba esas violaciones, descubiertas en 2020 por la policía, después de haberlo detenido tras ser descubierto grabando bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de Carpentras.
Dominique Pelicot está acusado también en otros dos casos de violencia de género, uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación en 1999.
Una multitud de seguidores del ex presidente boliviano Evo Morales lo proclamó este miércoles como «candidato único» para las elecciones presidenciales de 2025, «con o sin el MAS (Movimiento al Socialismo)» y aún si es encarcelado por el caso de trata agravada de personas en el que existe una orden de aprehensión en su contra.
Morales y miles de sus seguidores se congregaron en el estadio de la localidad Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del ex mandatario, para conmemorar el ‘Día de la Revolución Democrática Cultural’, en el que se recuerdan los 19 años de su primera victoria electoral con el MAS.
En el encuentro, los asistentes aprobaron un pronunciamiento en el que se estableció que «aunque se pretenda detener sin el debido proceso» a Evo Morales, este «seguirá siendo desde la cárcel nuestro único candidato para presidente en las elecciones 2025».
El MAS se encuentra profundamente dividido y enfrenta en una durísima puja a Morales con su ex ministro de Economía y actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Ambos quieren ser el candidato único del partido para las presidenciales previstas para agosto de 2025.
Arce argumenta que Morales no puede presentarse a otra elección ya que la Constitución boliviana no admite más de una reelección, y el líder de los sindicatos cocaleros ya cumplió tres mandatos consecutivos, antes de su precipitada renuncia en 2019 en medio de una revuelta que lo acusaba de fraude electoral.
El lunes, la fiscal departamental del sureño departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se presentó una imputación formal contra Morales y confirmó que desde el16 de octubre existe una orden de aprehensión en su contra.
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La amenaza de cárcel
La Fiscalía explicó que la orden de captura no pudo cumplirse, entre otros motivos, por el bloqueo de caminos que durante 24 días, entre octubre y noviembre, cumplieron sus seguidores para exigir que se levante ese proceso judicial.
La denuncia señala que Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y que la víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el ex mandatario durante su presidencia (2006-2019).
La concentración de esta jornada también resolvió «defender categóricamente» a Morales «de manera legal y legítima de la persecución política y la guerra jurídica» que supuestamente el gobierno de Luis Arce y Estados Unidos impulsan en su contra.
Asimismo, el pronunciamiento indicó que «está en marcha el plan negro para eliminar físicamente» a Morales y ratificó que él será candidato presidencial «con o sin el MAS».
En su discurso, Morales advirtió a sus seguidores que se los quiere «desmoralizar» con las advertencias de encarcelamiento y extradición en su contra, pero que aún así «no van a poder» dividirlos electoralmente.
«Vamos a prestarnos a las elecciones con el MAS o sin el MAS, eso está garantizado», recalcó.
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El ex mandatario fue apartado de la dirección del MAS después de casi tres décadas, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera un fallo que reconoció un congreso realizado en mayo por la facción oficialista afín al Gobierno del presidente Arce, que eligió al dirigente campesino Grover García como nuevo líder del partido.
Morales y sus seguidores sostienen que el ex gobernante sigue siendo líder del MAS, aunque también acusan al gobierno actual de haber «robado» la sigla política, por lo que analizan la posibilidad de presentarse a las elecciones del próximo año con un nuevo partido o alianza.
Además un reciente fallo del TCP ratifica una sentencia de diciembre de 2023 que indica que la reelección en Bolivia se aplica «por una única vez», de forma continua o discontinua, por lo que Morales no podría ser candidato pues gobernó durante tres periodos.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano a Morales, lamentó que desde 2020, con Arce en el gobierno, no se ha podido «reconducir» el «proceso de cambio», como se conoce a las Administraciones del MAS.
Por lo que indicó que se decidió «de manera orgánica el retorno (a la Presidencia) del hermano Evo Morales».
La concentración en Chimoré se contrapuso a otra que los sectores fieles al presidente Arce realizaron en La Paz, con la finalidad de también conmemorar la primera victoria electoral del MAS en 2005.