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POLITICA

Disponen el congelamiento permanente de los bienes de los acusados por el ataque a la AMIA o de pertenecer al Hezbollah

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La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, dispuso el congelamiento permanente de bienes de los acusados en el atentado a la AMIA y también de los miembros del Hezbollah del Líbano sea permanente y que no deba renovarse año a año.

La medida implica que hasta que los acusados se presenten en la causa, se mueran o por algún motivo se solucione su situación judicial no podrán disponer de sus bienes en Argentina o países como Paraguay que apoyan esta resolución.

Ahora los acusados, “especialmente el libanés Hussein Mouzzanar que está prófugo y tiene muchos bienes congelados en Paraguay va a tener más problemas si no se presenta ante la justicia argentina”, explicó a Clarín una fuente judicial. Y al ex agregado cultural de Irán en la Argentina, el clérigo Moshe Rabbani, que también tiene bienes en el país, no podrá recuperarlos.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsan un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Congreso que permitiría juzgar a los ocho iraníes acusados como autores intelectuales del atentado contra la AMIA y que desde hace años se niegan a ser extraditados. Familiares de víctimas de la AMIA, como Luis Czyzewski, pidieron al presidente Javier Milei que incluya ese proyecto si hay sesiones extraordinarias del Congreso en enero o febrero.

La decisión se originó en la presentación realizada por el titular de la Unidad Fiscal-AMIA, Sebastián Basso -quien reemplazó a Alberto Nisman en ese cargo- al solicitar a la UIF se disponga nuevamente el congelamiento de Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Ahmad Vahidi, Moshen Rezai, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani, medida que deberá perdurar en el tiempo “hasta tanto se de alguna de las causales previstas en el art. 11 del decreto PEN 918/2012”.

Es decir: “sea excluida del RePET por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional o la medida sea revocada judicialmente y revisen su decisión de no incluir a Salman Raouf Salman y a la organización Hezbollah en la misma resolución y con los mismos alcances”.

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El titular de la UFI-AMIA inscribió en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a Samuel Salman El Reda considerado como uno de los máximos responsables a nivel local en la preparación y consumación del atentado a la sede de la mutual judía.

Concretamente, El Reda «coordinó la llegada y la partida, las operaciones de logística y las demás actividades desplegadas por el o operativo encargado de ejecutar la fase final del atentado», señalándose que «se lo relacionaba en forma periódica y sostenida con numerosos sujetos asentados en Foz de Iguazú y Ciudad del Este pertenecientes a la Organización Hezbollah».

Los argumentos esgrimidos por el fiscal Basso se aplican también al congelamiento dispuesto respecto de los bienes de Hussein Mounir Mouzannar, Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay Omairi el 16 de junio de 2023, y que fuera prorrogado por un año el pasado 19 de junio de 2024, en tanto los nombrados se encuentran prófugos de la justicia argentina, con difusión roja de interpol.

En estos casos es “ por encontrarse suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominé brazo armado del “Hezbollah”, que facilitó las actividades de los agentes operativos de dicha asociación delictiva (entre los que se encuentra identificado Salman Raouf Salman) para perpetrar los atentados con explosivos en la ciudad de Buenos Aires, los días 17 de marzo de 1992 y 18 de julio de 1994”.

La UIF también comunicó al juez federal de Eldorado, Misiones, Miguel Guerrero, quien investiga al clan Barakat del Paraguay como supuesto miembro, también, de esa milicia del Líbano acusada por ambos antentados.

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POLITICA

Javier Milei le manda otro mensaje a Victoria Villarruel: mantendrá congelados los sueldos de ministros y funcionarios

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Tiempo antes de que el Gobierno apuntara otra vez contra Victoria Villarruel por el posible e inminente incremento de las dietas de los senadores, algunos ministros juntaron coraje y le pidieron a Javier Milei que aumente los sueldos para superiores de la Administración Pública Nacional (APN).

Los miembros del Gabinete que interpelaron al Presidente, no tuvieron éxito. Hay 174 subsecretarios, secretarios y ministros, según las cifras del Mapa del Estado de jefatura de Gabinete, que tienen sus sueldos congelados desde diciembre de 2023 y que incluso ganan menos, por las percepciones que antes no pagaban.

Lejos de la épica de la motosierra y con sueldos más magros, los cargos inferiores de la alta política ven sus ingresos en caída libre. “A algunos ministros no les importa el sueldo, pero los que estamos abajo no damos más”, dijo a Clarín un funcionario que tiene llegada a los Milei.

Un ministro -que reconoce tener ingresos por fuera de la función pública, pero que corre de atrás en la carrera por ser el más rico del gabinete -que lidera Gerardo Werthein tras desplazar a Mariano Cúneo Libarona– se muestra comprensivo con el reclamo de sus subalternos que tienen que hacer “malabares para llegar a fin de mes”. De todos modos, cree que el Presidente hace bien al no dar luz verde para una paritaria. “No es momento de bajar esa bandera de ejemplaridad, porque estamos logrando cosas y la gente acompaña. Cualquier otra cosa generaría indignación”, razona.

En el ministerio de Federico Sturzenegger confirman que no hay planes para cambiar la escala salarial de los altos funcionarios del Ejecutivo.

Lejos de vivir con épica el ajuste a la casta, subsecretarios, secretarios y (algunos) ministros ven con preocupación que sus salarios no solo perdieron todos los meses con la inflación, sino incluso que ganan menos nominalmente que en 2023. El congelamiento de haberes y el impuesto a las Ganancias explican la ecuación.

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El problema viene de arrastre. Más precisamente desde marzo, cuando el Presidenta dio marcha atrás con el aumento del 48 por ciento para él y sus ministros. Aunque lo había autorizado él mismo con su firma, responsabilizó por eso al jefe de Gabinete Nicolás Posse y aprovechó para echar al secretario de Trabajo Omar Yasin, aunque nada tenía que ver con ese tema.

Armando Guibert, que en rigor sí tejía en la política salarial de los estatales, se fue solo, de jefatura de Gabinete y más tarde del directorio del Banco Nación, pero volvió como director de una empresa pública que ahora el Gobierno quiere privatizar; otra historia.

El decreto 235/2024 ató la escala salarial a los montos que los funcionarios percibían el 31 de diciembre de 2023 y, más importantes, desenganchó el aumento del personal superior de la administración de la del resto de estatales, que este año tuvieron un aumento acumulado del 73% (39 puntos abajo de la inflación en el año paritario).

Ese detalle y el impuesto a las Ganancias, que volvió a correr a partir de julio, dañaron el poder adquisitivo de la planta política del Estado; en particular de subsecretarios, secretarios, ministros, además de congelar los haberes de la vicepresidenta y el jefe de Estado.

El escalafón más bajo de los cargos políticos, los coordinadores, cobran hoy -en mano- $1,9 millones. Los directores nacionales, en algunos casos, pueden ganar más que sus superiores si tienen antigüedad en el Estado y estudios de posgrado. Esa anomalía se da porque Milei derogó un decreto de 2010 que establecía que los subsecretarios percibir un 5 por ciento más que los directores.

Hoy, por ese cambio, ganan $2,4 millones de bolsillo, más que algunos subsecretarios que el mes pasado cobraron $2,1 millones netos, aunque varios de ellos sumaron bajo todo concepto $2,65 millones. Los secretarios de Estado no llegan a los $3 millones. Los ministros alcanza los $3,5 millones brutos, pero con los descuentos pueden caer por debajo de los $3 millones y el Presidente percibe $4 millones brutos mientras que la vice arrima $3,7 millones sin los descuentos.

Aunque cerró ministerios y secretarías (200 dependencias en total, según el ministerio de Federico Sturzenegger), en algunas áreas crecieron los cargos de directores y coordinadores que, como se dijo, se pagan mejor que el de un subsecretario. Presidencia, por ejemplo, tiene 222 cargos de ellos, 10 más que en la gestión anterior, 90 trabajan en la Secretaría General de Karina Milei y 54 en la de Comunicación y Medios de Manuel Adorni.

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Para un funcionario con experiencia en anteriores gestiones, la intransigencia de Milei tiene costos en la gestión que ya se sienten. Describe que varios funcionarios ya se fueron, que otros deben sumar trabajos complementarios para completar sus ingresos y le quitan tiempo a la gestión y que el malestar creciente afecta la eficiencia, como en cualquier trabajo. Por último -sin dar ejemplo- cita los recursos non sanctos de la administración pública para completar sueldos con contratos extra y complementos inventados. Sandra Pettovello terminó haciendo una purga de los funcionarios de su ministerio que cobraban contratos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que en muchos casos funcionaban como sobresueldos.

Los Senadores en pie de guerra y el choque con Villarruel

La discusión por la dieta de los senadores volvió a poner el tema sobre el tapete, porque la inflexibilidad que Milei muestra con otro poder del Estado adelanta que no tiene previsto atender el reclamo terrenal de los funcionarios de las Fuerzas del Cielo.

La Casa Rosada apunta, señala y responsabiliza a Villarruel ante la inminente posibilidad de que los senadores vuelvan a tener un aumento en sus dietas. Patricia Bullrich fue la punta de lanza de un libreto que ya había sido diseñado 48 horas antes del posteo de la ministra de Seguridad, que además validó sus palabras con la mesa chica del Presidente.

La presidenta del Senado, por ahora, se niega a firmar una resolución que extienda el congelamiento que vence el 31 de diciembre y busca alternativas para extender el congelamiento. Insiste en que para frenar el aumento de los legisladores debe haber un acuerdo con los jefes de los bloques o la convocatoria a una sesión o una reinterpretación de la resolución vigente. “Ella tiene alternativas, pero cree que los senadores deben ganar mejor por su responsabilidad; lo cierto es que está lleno de cargos con responsabilidad que se pagan mal”, señala uno de los principales enemigos de la vice en el Ejecutivo.

Los senadores también expresan su malestar con la Rosada, porque dicen que, para atacar a Villarruel, engorda las cifras. Bullrich habló de $9.5 millones. Un senador patagónico compartió su recibo de sueldo con Clarín y mostró que hasta el momento cobra $3.6 millones en mano más $1.7 millones por desarraigo (por vivir a 300 km de la Capital). Si se sumaran los descuentos el bruto subiría otros $2,2 millones. En el Ejecutivo le bajan el precio a esos argumentos, porque señalan que tienen otros beneficios, como viajes en avión.

Lo más importante para la Rosada es seguir mostrándose lejos del concepto de la casta. El último focus group de la consultora Sentimientos Públicos enseña que el 57 por ciento de los consultados ve en Milei a un miembro de la casta o en vías de ser parte de ella, mientras que un 36% lo ve enfrentándola y un 7% rechaza la categoría. Por eso, el Presidente busca operar siempre como un outsider; aumentarse el sueldo no es una opción.

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Relación de Milei con la casta. Último estudio cualitativo de la consultora Sentimientos Públicos

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. Esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, sentenció Milei en X, en agosto, para presionar a los senadores que acababan de autorizarse un aumento que finalmente fue congelado hasta el 31 de diciembre y que ahora vuelve a ensanchar una grieta en la cúpula del poder.

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