El Gobierno nacional anunció que eliminará el financiamiento estatal de los tratamientos de cambio de género en personas mayores de edad. La medida será impulsada a través de un decreto y forma parte de un paquete de políticas que buscan modificar el alcance de la Ley de Identidad de Género. “Es una medida que nos quedó fuera del anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores, pero que vamos a impulsar en el corto plazo”, señalaron desde la Casa Rosada.

El Ejecutivo sostiene que la salud pública “no tiene la responsabilidad de financiar programas de hormonización” y que, aunque el Estado actualmente cubre estos tratamientos en centros públicos, se buscará modificar esta obligación. Según datos oficiales, entre 2020 y 2023 se realizaron 548.662 tratamientos con una inversión superior a los $848 millones.

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El Ministerio de Salud destinó $110.923.738 para 140.439 tratamientos en 2020, $153.941.853 para 134.743 en 2021, $229.543.082 para 155.574 en 2022 y $353.956.668 para 117.906 en 2023. En marzo de 2024, la gestión anterior autorizó una licitación para la compra de insumos de hormonización por más de $827 millones, aunque el actual Gobierno afirma que la orden de compra nunca fue emitida.

Desde el Ejecutivo también manifestó que se disolvió la Dirección de Género y Diversidad, organismo encargado de ejecutar estos programas. Además, evalúan modificaciones a la Ley de Identidad de Género (26.743), que establece el derecho de las personas trans a recibir tratamientos médicos relacionados con su identidad y garantiza su cobertura en el Plan Médico Obligatorio.

El artículo 11 de esta ley obliga a que “los efectos del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”. Sin embargo, el Gobierno considera que los recursos deben asignarse a otras áreas. “No tenemos por qué financiar cambios de género. Preferimos derivar fondos a problemas más importantes”, expresaron desde Balcarce 50. Esta decisión se suma a la reciente prohibición de los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, establecida mediante el decreto 65/2025.