El Senado enfrenta una controversia por el inminente aumento de las dietas de los legisladores a más de 9 millones de pesos brutos. Este incremento ocurriría automáticamente en enero si no se prorroga la resolución de congelamiento aprobada en agosto. Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara, exigió consenso de todas las bancadas para firmar una nueva resolución administrativa que frene el aumento, pero hasta ahora los bloques no lograron acordar.

El origen del problema radica en que la resolución vigente, que fijaba las dietas en 2.500 módulos más adicionales por gastos de representación y desarraigo, pierde vigencia el 31 de diciembre. Al no renovarse, las dietas comenzarían a calcularse con los valores actualizados por las paritarias de 2024, lo que generaría un incremento significativo. Aunque las autoridades del Senado aseguran que tienen tiempo hasta mediados de enero para resolver el asunto, la falta de consenso amenaza con desatar una crisis política.

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Luis Juez, jefe del bloque del PRO, tomó la iniciativa el viernes enviando una carta a Villarruel en la que solicitó extender el congelamiento de las dietas hasta marzo de 2025. “Nuestro país requiere de quienes hemos sido honrados con la representación de nuestros compatriotas una actitud responsable y ejemplar”, escribió Juez. Los bloques de la UCR y La Libertad Avanza se sumaron al pedido, aunque sin fijar plazos específicos. Sin embargo, el Frente de Todos y Unión Ciudadana no enviaron ninguna comunicación oficial al respecto.

Villarruel advirtió sobre la necesidad de consenso total para evitar problemas de legitimidad. Según señaló, no puede decretar la prórroga unilateralmente, ya que debería votarse en una sesión. Sin embargo, los senadores se resistieron a sesionar, temiendo que el kirchnerismo pueda utilizar la ocasión para bloquear otros temas, como el DNU de la deuda de Javier Milei. Esto deja a la vicepresidenta en una posición delicada, presionada tanto por la oposición como por miembros del oficialismo.

La situación evidencia tensiones entre el Ejecutivo y el Senado, con acusaciones cruzadas y reclamos de responsabilidad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, criticó públicamente a Villarruel: “La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9,5 millones para ningún legislador”. Mientras tanto, la falta de acción podría derivar en un aumento automático de los sueldos.