En medio de los pedidos de distintos sectores de bajar la carga tributaria que pesa sobre ellos y la promesa del oficialismo de aliviarla, crece la polémica por la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 por DNU que hizo el Gobierno este lunes del 7% del Derecho Nacional al Turismo (DNT), impuesto que se aplica a pasajes al exterior en avión y barco, y es el principal aporte del Fondo Nacional de Turismo (FNT).

Este martes, siguieron las repercusiones con críticas de la oposición y tributaristas que cuestionaron la legalidad de la prórroga por decreto. Si bien este no menciona al impuesto, con la extensión de la vigencia del FNT, también lo seguirá estando el DNT.

Creado en 2005 por la Ley 25.997 y destinado a financiar acciones para el desarrollo del turismo, el fondo debía vencer el 5 de enero tras renovarse en 2015 por una década. En 2024, el primer año de Javier Milei, recaudó $ 197.000 millones; mientras que en 2023, en la gestión de Alberto Fernández, $ 60.000 millones. El DNT representó un 90% en 2024 y un 64% en 2023 de los recursos de esta caja, manejada ahora por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Según pudo saber Clarín por fuentes del sector, un 40% del FNT se destina al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que, con su marca “Visit Argentina”, promociona la industria para atraer visitantes al país y nuclea a todas las provincias. En 2024, le habría representado una inyección de $ 78.800 millones.

En la industria, creen que así como otros países tienen al turismo como política de Estado, está bien que haya un fondo destinado a promocionar al sector, responsable de casi el 9% del PBI. También creen que la extensión del DNT es una forma para el Estado de sustituir los ingresos que se perderán por el fin del Impuesto PAÍS, que dejó de existir el 23 de diciembre.

El mismo creció en participación en la recaudación total conforme se amplió su alcance y se elevaron las alícuotas. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde 2022 se incrementó, pasando al 1,75% ese año, al 3,5% en 2023 y al 5,1% en 2024. Fue el séptimo impuesto más importante en 2023, con un aporte del 0,8% al PBI y se estima que cerró 2024 con un 1,2%. En noviembre (último dato disponible), recaudó $ 389.468 millones, 97,6% interanual más, que se explican en buena medida por los consumos de argentinos en el exterior.

El 60% restante del FNT va al presupuesto de la ahora Secretaría de Turismo. En 2024, habría representado $ 118.200 millones. Desde la cartera que dirige Scioli aseguraron que los fondos “se destinan a programas de turismo en general, campañas de promoción, el Plan Federal de Turismo y capacitaciones”. Agregaron que “todo en lo que se usó está documentado”.

Igualmente aclararon que las partidas fueron sub-ejecutadas. El Inprotur consumió $ 6.000 millones, menos del 8%, y la Secretaría $ 15.000 millones, más del 12%, por orden del Gobierno de “restringir gastos” y accionar para “lo justo y necesario”. Y añadieron que lo que Turismo e Inprotur no usan lo absorbe el Tesoro Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Al respecto, en la industria comentan que al comparar el Presupuesto 2025 versus el de 2023 (último aprobado por el Congreso), el desfinanciamiento de políticas públicas alcanza el 73% en términos reales, con la desaparición del programa de devolución del 50% de los consumos PreViaje y la menor relevancia otorgada al programa que poner en valor sitios turísticos 50 Destinos, a las Fiestas Nacionales y al plan Promover. Los créditos de las partidas se recortaron un 97%, 72%, 88% y 69%, correspondientemente.

En el Congreso, la oposición coincide en que la prórroga por DNU del impuesto está mal porque el Presidente no debe dictar decretos sobre materia impositiva.

Sin embargo, mientras bloques como el de la Coalición Cívica presentaron proyectos para derogar el DNU y denuncian que el Gobierno busca sostener “una cajota para la casta”, desde la bancada kirchnerista presentaron una iniciativa en el sentido contrario: piden extender, por ley, el Fondo hasta 2035.

El texto encabezado por el “lilito” Maximiliano Ferraro consta de un solo artículo: “Declarar nulo de nulidad absoluta e insanable el DNU 4/2025 por falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el Artículo 99 inciso 3º de la Constitución Nacional”.

“Se trata de una importante masa de recursos que podría ser utilizada para atenuar el ajuste sobre los más vulnerables, pero que, en cambio, se utiliza para el financiamiento de instrumentos de promoción del turismo nacional de dudosa eficacia”, apuntaron en relación a las acciones que podrían hacer los privados.

Declarar la nulidad es una misión difícil, teniendo en cuenta que, salvo el rechazo al DNU que otorgaba fondos discrecionales millonarios a la SIDE, la oposición no consiguió voltear ningún otro decreto de Milei. Ni siquiera el mega DNU que modificaba y derogaba decenas de leyes. Tampoco pudo revertir los vetos a la ley de Universidades y Jubilaciones.

Por su parte, el proyecto de Unión por la Patria, encabezado por la legisladora cristinista Ana María Ianni, propone prorrogar “la vigencia del Fondo Nacional de Turismo” por 10 años, hasta el 31 de diciembre de 2035.

En los fundamentos, plantea que el Fondo es clave para el turismo y que, a su vez, esa actividad es fundamental para el país porque “genera más de 1 millón de puestos de trabajo” y «favorece el desarrollo económico federal”.

“Si bien concordamos con el espíritu de esa norma, no podemos soslayar que un decreto no es la técnica legislativa correcta para abordar este tema, debido a que versa sobre materia impositiva”, pidió Ianni, y recordó que la extensión se incluyó en el Presupuesto 2025 que nunca se llegó a discutir y que Milei prorrogó, también, por decreto.