La situación en la planta de procesamiento de pescado, conocida como ex Barilari, se volvió tensa anoche cuando trabajadoras de las cooperativas 20 de Noviembre y El Dorado tomaron las instalaciones en protesta por un conflicto con el gobierno provincial y la empresa contratada.

El Ministerio de Producción de Santa Cruz, a cargo de Gustavo Martínez, notificó a las cooperativas sobre el usufructo de la planta, debido a irregularidades detectadas en su funcionamiento. Según Martínez, el usufructo de la planta fue otorgado a las cooperativas tras la expropiación de la planta en 2009, momento en el que se firmó un contrato con la empresa Vepez, dirigida por el empresario Luis Jones, para su operación.

Sin embargo, el gobierno provincial asegura que durante 2024 hubo un incumplimiento de contrato entre las cooperativas y la empresa, lo que llevó a la denuncia de la cooperativa y a la intervención de la justicia, que falló a favor del empresario. La justicia ordenó la entrega del equipamiento que le pertenecía a Vepez y que se encontraba dentro de la planta, lo que desencadenó la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores.

Adriana Carrizo, una de las referentes de las cooperativas, negó las acusaciones del gobierno y afirmó: «La resolución del ministro Martínez dice que las cooperativas están irregulares, pero eso no es cierto, tenemos todos los papeles al día, y el INAES nos confirmó que nuestras cooperativas están activas y bien presentadas».

Por su parte, el Ministro Martínez señaló que las cooperativas no cumplieron con la Ley de Cooperativas y que las multas impuestas a ambas entidades superan los $1.000 millones por no tener aportaciones en regla, tener personal sin papeles y menores de edad trabajando sin autorización. Además, aseguró que en septiembre de 2024 se les dio un plazo de 30 días hábiles para regularizar la situación, pero que hasta la fecha no se habían regularizado los documentos.

En medio de la tensión generada por la toma de la planta, el gobierno provincial ha decidido entregar el usufructo de las instalaciones a dos nuevas cooperativas, San Miguel y Sur Caleta, quienes asumirán la gestión de la planta bajo un contrato anual y con controles permanentes del Estado.

La situación ha dejado a los 400 trabajadores que operan en la planta en un estado de incertidumbre sobre la seguridad de sus puestos de trabajo, debido a la salida de las cooperativas actuales y la llegada de nuevas entidades a cargo del funcionamiento de la planta. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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