Vecinos de la zona de City Bell y Los Porteños comenzaron a agruparse el pasado miércoles con el objetivo de exigirle al gobierno de Julio Alak el secuestro de las máquinas de trabajo que actualmente son utilizadas en el polémico barrio ilegal Urbell.

“El municipio llevó adelante una inspección del predio y procedió a clausurarlo. Sin embargo, ese mismo día arrancaron la faja de clausura y continuaron trabajando, en una muestra cabal de la impunidad y la ilegalidad en la que se manejan”, aseguró uno de los vecinos nucleados, que solicitó se resguarde su identidad.

Las dos primeras reuniones se celebraron en un domicilio privado ubicado en las adyacencias del barrio, y participaron de ellas numerosos vecinos, que aportaron pruebas del avance ilegal de Urbell y propusieron distintas alternativas, desde judiciales hasta reclamos a las autoridades municipales. Incluso, durante el transcurso de la reunión se hizo presente el presidente de una prestigiosa ONG ambientalista, que propuso además sus soluciones.

Entre las ideas propuestas, tomó forma la de enviar una nueva carta documento a la Justicia, adjuntando imágenes, videos y otras pruebas de las actividades ilegales que se estarían desenvolviendo en el predio. “Por un lado, el barrio se desarrolló en cuanto a obras viales y civiles durante la vigencia de un decreto que indicaba, claramente, que no se podía hacer obras. Por otro, los mismos desarrolladores de Urbell se jactan de haber vendido muchos lotes a lo largo de un período de tiempo en el que tenían prohibida la comercialización. Todo en Urbell es ilegal”, sentenciaron.

La decisión final es la exigir el secuestro de las máquinas que intervengan en el predio, a través de las autoridades municipales. “Los desarrolladores están mostrando una preocupante impunidad. A pesar de las denuncias, las quejas y las clausuras del municipio, continúan avanzando en un completo desinterés por las leyes. Hay que tomar medidas más profundas”, afirmaron.

La obra de Urbell se concretó en apenas un año de trabajo, a pesar de la prohibición.

Mientras tanto, se supo que un grupo de clientes e inversores del emprendimiento comenzaron a llevar adelante gestiones con el objetivo de revender sus lotes, ante la posibilidad de quedar involucrados en un conflicto legal o, incluso, ante el posible escenario de paralización del proyecto. En las últimas jornadas, en efecto, se solicitó formalmente a través de un amparo, que Urbell “devuelva” unos 40 mil metros cuadrados, que estarían destinados a una planta de tratamiento que alimentará del servicio de cloacas a toda la zona.

Inversores en Peligro: Temores y reclamos

Los compradores de lotes en Urbell también han expresado su creciente preocupación. «Compramos de buena fe y ahora nos encontramos con que el barrio avanza en contra de un decreto municipal. ¿Qué pasará si lo clausuran? ¿Quién nos defenderá?», cuestionó un inversor.

El decreto municipal 2514/24, emitido el 9 de octubre de 2024, suspendió el desarrollo de más de cuatrocientos emprendimientos inmobiliarios aprobados presuntamente de forma irregular. Sin embargo, Urbell ha ignorado esta prohibición y continúa en construcción con maquinaria pesada operando a diario. Esto ha generado críticas tanto de los vecinos como de otros desarrolladores inmobiliarios, quienes denuncian un trato desigual y la impunidad con la que opera el barrio privado.

Favoritismo político y vinculaciones sospechosas

El avance de Urbell, a pesar de las restricciones, ha levantado sospechas sobre presuntas conexiones políticas de sus responsables. Felipe Calderón, arquitecto del desarrollo, y Sebastián «Pulpo» Mor Roig, uno de los principales desarrolladores, han sido vinculados con Javier Mor Roig, concejal de La Plata por la Unión Cívica Radical. El partido centenario mantiene una estrecha alianza con el oficialismo y, además, controla la defensoría Ciudadana de La Plata a través de Luciana Bártoli, donde descansa al menos una denuncia contra el barrio privado.

Javier Mor Roig y Luciana Bártoli, junto al resto de la dirigencia radical.

Los vecinos también han denunciado el impacto que el proyecto tiene en el tránsito de la zona, con un constante movimiento de camiones y maquinaria pesada que han generado problemas viales en la calle 138, incluso con antecedentes de accidentes fatales.

Un proyecto privado en terrenos destinados a una planta cloacal

Más allá de las irregularidades legales, el desarrollo de Urbell representa un conflicto social de fondo. El barrio privado se construyó en la parcela 953, un terreno que había sido identificado como la ubicación ideal para una planta depuradora cloacal que beneficiaría a 35 mil personas en localidades como Gorina, Hernández, Los Porteños y Arturo Seguí.

A pesar de los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y las gestiones de la cooperativa COSEGO Ltda. para reservar el terreno, el mismo fue vendido a empresarios inmobiliarios vinculados a la UCR local y al exintendente Julio Garro. Como consecuencia, miles de familias siguen sin acceso a cloacas, mientras el barrio privado avanza sobre un espacio que podría haber sido destinado a infraestructura sanitaria básica.

Llamado a la acción: Reclamos y expectativas

Los vecinos y compradores de Urbell continúan exigiendo respuestas. Mientras los primeros reclaman que se detengan las obras ilegales, los segundos temen perder su inversión si el barrio es clausurado. En paralelo, las denuncias sobre corrupción y favoritismo político en torno a la venta del terreno aumentan la presión sobre el oficialismo.

La situación de Urbell es un reflejo de la falta de transparencia en la gestión inmobiliaria de La Plata y un recordatorio de cómo los intereses privados pueden prevalecer sobre las necesidades públicas. En medio de la incertidumbre, los vecinos y compradores esperan una solución que garantice tanto el cumplimiento de la ley como el respeto por el bien común. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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