Caracas calificó este viernes de «robo descarado» la confiscación de una segunda aeronave venezolana en República Dominicana por parte de Estados Unidos, y acusó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, como «ladrón de aviones».
La incautación ocurre apenas seis días después de la visita a Caracas del enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, un encuentro que fue descrito por Maduro como un «nuevo comienzo» y tras el cual se concretó la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela.
«La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo el robo descarado de una aeronave propiedad de la nación venezolana, ejecutado por orden del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio», indicó la cancillería venezolana en un comunicado.
«¡Marco Rubio, de mercenario del odio a ladrón de aviones!», añadió el texto.
Es el segundo avión incautado por Estados Unidos a Venezuela en menos de un año, pero el primer gesto de mano dura de la administración de Donald Trump, que en su primer período fijó una batería de sanciones contra Venezuela, incluido un embargo petrolero, en un intento por derrocar a Nicolás Maduro.
Venezuela aseguró además, que «tomará todas las acciones necesarias para denunciar este robo y exigir la devolución inmediata de su aeronave».
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Si bien la visita de Grenell a Caracas había sido celebrada por el gobernante chavista, funcionarios de la administración de Trump, entre ellos Rubio -duro crítico de Maduro-, han afirmado que «no cambia» las prioridades de Washington «con respecto a Venezuela».
Analistas observan que si bien Trump ha tomado medidas radicales desde su investidura el 20 de enero, en especial en el tema migratorio, hasta ahora no ha revocado las licencias petroleras para operar en Venezuela otorgadas a Chevron, a la española Repsol y a las francesas Maurel y Prom.
La licencia de Chevron -que produce unos 200.000 barriles diarios- permite al gobierno venezolano recibir legalmente una importante ganancia financiera, considerada vital por los especialistas.
Avión confiscado
En presencia de Rubio, un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos pegaron un cartel que decía «incautado» en el avión Dassault Falcon 200 de bandera venezolana que se encontraba en la pista de aterrizaje militar de Santo Domingo.
«La incautación de este avión venezolano, utilizado para evadir las sanciones estadounidenses y el (control de) lavado de dinero, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de responsabilizar al ilegítimo régimen de Maduro por sus acciones ilegales», dijo Rubio en X al finalizar su primera gira como secretario de Estado por cinco países de América Latina.
Según el Departamento de Estado, funcionarios de Venezuela utilizaron esa aeronave para volar a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, y la habían llevado a República Dominicana para mantenimiento.
«Este ataque contra Venezuela demuestra que Rubio no es más que un delincuente disfrazado de político, usando su cargo para saquear y despojar a nuestro país de sus bienes. Su odio lo convierte en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra Patria», remarcó la cancillería venezolana.
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En septiembre de 2024, durante la administración del ex presidente Joe Biden, otro avión oficial de Venezuela, modelo Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y trasladado al estado de Florida.
Autoridades estadounidenses aseguraron que había sido comprado «ilegalmente» por 13 millones de dólares mediante una empresa fantasma y usado para trasladar a Maduro y sus colaboradores.
Ese decomiso ocurrió en medio de la crisis poselectoral por la reelección de Maduro que la oposición denunció como un fraude al reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, a quien Washington reconoce como presidente electo, exiliado en España desde septiembre.
Maduro fue declarado ganador para un tercer período consecutivo (2025-2031) por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se divulgara el escrutinio detallado, como exige la ley. El ente electoral aseguró que sus sistemas fueron jaqueados, una tesis que expertos electorales consideran inverosímil.
En junio de 2022, un avión Boeing 747 venezolano-iraní fue inmovilizado en Argentina y destruido en Estados Unidos en enero de 2024, un hecho que Caracas también tildó de «robo».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y países aliados como Israel. La decisión provocó la condena del organismo, que se comprometió a seguir impartiendo justicia en el mundo, y de 79 naciones que dijeron que la medida incrementa “el riesgo de impunidad” de los crímenes más graves.
La orden ejecutiva, difundida el jueves por la Casa Blanca, prohíbe la entrada en Estados Unidos a los directivos, empleados y agentes de la CPI, así como a sus familiares más cercanos y a cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal global, con sede en La Haya.
El decreto prevé también congelar en Estados Unidos todos los haberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento.
El tribunal, fundado en 2002, es una jurisdicción permanente encargada de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en cualquier lugar del mundo. Desde su creación solo ha dictado un puñado de condenas.
Cuenta con 124 Estados miembros, aunque ni Estados Unidos ni Israel reconocen su jurisdicción. La CPI concedió a Palestina la membresía en 2015, dándole jurisdicción sobre los crímenes internacionales que tienen lugar en Gaza.
Los argumentos de Trump
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En sus argumentos, Trump acusa a la Corte de emprender «acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel», en referencia a las órdenes de arresto emitidas por ese tribunal internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien fue recibido el martes en la Casa Blanca por el presidente republicano, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.
Los jueces estimaron al emitir las órdenes de arresto que hay «motivos razonables» para sospechar de ambos de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra de Gaza, que siguió al ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023.
Horas después de conocerse la sanción de Trump, el tribunal internacional emitió un comunicado de repudio a la medida: “La CPI condena la publicación por parte de Estados Unidos de un decreto destinado a sancionar a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial», declaró.
«La Corte apoya firmemente a su personal, y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella», añadió.
Se sumó también el rechazo de 79 naciones que son miembros del Tribunal, que expresaron en un comunicado conjunto que la medida “incrementa el riesgo de impunidad” de los crímenes más graves. La mayoría de países latinoamericanos firma la declaración, pero no figuran Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay o El Salvador.
Elogios de Israel
Las sanciones de Estados Unidos cosecharon enseguida los elogios de Israel, que felicitó este viernes a Trump, y calificó las acciones del tribunal de «inmorales» e ilegítimas. «Felicito encarecidamente al presidente Trump», afirmó el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en la red X. «La CPI persigue de forma agresiva a los dirigentes elegidos de Israel, la única democracia de Oriente Medio», añadió.
Sin embargo, la medida de Trump desató el repudio del Consejo Europeo: “Sancionar la CPI amenaza la independencia de la corte, y socava el conjunto del sistema de justicia internacional», señaló en la red X António Costa, que preside el foro de representación de los jefes de Estado y de gobierno de la UE.
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La ONU se sumó a las inquietudes: «Lamentamos profundamente las sanciones individuales anunciadas ayer contra el personal de la corte, y pedimos que se revierta la medida», dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU.
Consultado por Clarín, Javier Ruiz, Consejero de la Defensa de la CPI, experto en derecho Penal Internacional, dijo desde La Haya que la medida de Trump “implica un retorno al unilateralismo de Washington. Para llevar adelante un expansionismo en su política él necesita mostrarse por encima del orden público internacional, lo cual implica romper el multilateralismo. Creo que esa es la génesis de todo”.
“Por otra parte, si quiere llevar a cabo el reasentamiento de los palestinos de Gaza y esa política de limpieza étnica, él necesita mostrarse más allá del orden internacional”, dijo el experto, que es profesor del Centro de Investigaciones de la Universidad de Mar del Plata.
“Trump está decidido a romper las reglas y quiere ser la antítesis de la Unión Europea. Y en este sentido, este es el primer quiebre grande que va a marcar en términos de límites jurídicos porque está rompiendo y sancionando a un tribunal penal internacional, que lleva casos en los que Estados Unidos está interesado como Afganistán, Ucrania o Sudán”.
“Es indiferente o indistinto que hoy la excusa sea proteger a uno de sus aliados como Israel. Porque pasa por esta nueva doctrina que es la de Trump y el expansionismo. Para poder llevar adelante sus planes sea en Groenlandia, en el canal de Panamá o limpieza étnica en Palestina necesita romper con la Corte Penal Internacional o con lo que es la ley internacional”.
Ruiz agrega que las sanciones podrían entorpecer el trabajo de los funcionarios en cuanto a recopilación de información de pruebas y evidencias para los casos y advierte que incluso “muchas instituciones financieras podrían negarse a trabajar con la Corte por miedo a represalias”.