Mónica Luisa Alcibar es tal vez una desconocida para el ciudadano común. Se desempeña en la administración pública nacional desde hace más de 20 años y ocupó un cargo jerárquico en la Secretaría de Trabajo con una extraña curiosidad: conservó su cargo en la dirección de Informática a pesar de los cambios de gestión política y que su área ya no existe más en el nuevo organigrama.

Alcibar retuvo su puesto con el gobierno de Javier Milei incluso después de que el año pasado, el secretario Julio Cordero haya ordenado el despido de 13 funcionarios de rango de la cartera laboral por el supuesto pago irregular de $600 millones a una asociación civil de la que ella figuraba como miembro. Por este episodio, que sucedió cuando transcurría la gestión de Cambiemos, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia en la Justicia federal a través de Leila Giani, asesora legal del megaministerio. Así y todo, la ministra Sandra Pettovello decidió no tocar a Alcibar. Dispuso solamente un traspaso de organismo mediante una resolución oficial [2024-303]: fue designada temporalmente en el Senasa, a pesar de que su titular, Pablo Cortese, no la conoce ni la solicitó, según dijo a LA NACION. Para los delegados gremiales del Senasa se trata de una “ñoqui vip”.

No es el caso de una funcionaria más. No lo fue en la gestión kirchnerista, ni tampoco durante la macrista. En ambos gobiernos, Alcibar administró millones de pesos del Estado a partir de diferentes convenios con consultoras privadas o con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hubo dos operaciones que dejaron una huella polémica.

El primero fue en 2010, cuando ya era directora de Sistemas del Ministerio de Trabajo y coordinó un proyecto de PNUD por 12 millones de dólares. Según consta en la documentación oficial, a la que accedió LA NACION, se contrataron 60.000 horas de desarrollo por US$1.500.000 adjudicadas a la empresa GLD Consultores SRL y luego, en 2013, otras 120.000 horas más, por US$3.200.000. Se había autorizado un pago inicial de US$850.546. Este acuerdo abrió un conflicto con los empleados del área de sistemas, que se quejaron por la tercerización de tareas, ya que ellos consideraron que podían llevarlas a cabo desde el propio ministerio, sin la necesidad de recurrir a ninguna consultora. El caso llegó al Congreso, donde 12 diputados nacionales firmaron una nota de repudio por el traslado compulsivo de trabajadores del área. El escándalo con GLD no se terminó allí: Alcibar designó en Sistemas como “arquitecto de software” a Rubén Martínez, exempleado de GLD, la compañía favorecida con la adjudicación.

El otro caso que complica a Alcibar ocurrió entre 2017 y 2020, durante la gestión de Cambiemos y el inicio del gobierno del Frente de Todos, con Alberto Fernández. En marzo de 2017 se firmó un convenio marco con el Centro de Desarrollo y Asistencia Teconológico (CEDyAT), del que Alcibar figuró en algún momento como directora y difundió sus actividades. Solo en 2019, antes del cambio de gobierno, se firmaron unas 22 resoluciones por unos 445 millones de pesos para que se le abone al CEDyAT por informes de poca relevancia para el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo un informe sobre energía solar. Algunos de esos informes fueron copiados de internet y eran de “dudosa utilidad”, según denunciaron miembros del entonces equipo de la funcionaria. Fueron todos pagos por adjudicación directa, sin licitación ni compulsa de precios, según averiguó LA NACION.

El dinero destinado a CEDyAT fue motivo de una denuncia en la Justicia del diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade. Sostuvo que hubo un “desvío sistemático de fondos” desde una “estructura corrupta” montada en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión macrista, utilizando como marco legal los convenios que firmó la cartera con la consultora. El organismo, por entonces, estaba a cargo de Dante Sica. “Me suena quién es, pero no recuerdo haber tenido nunca una reunión con ella”, tomó distancia Sica. Su antecesor, Jorge Triaca, dijo que Alcibar tenía apoyo y respondía al gremio estatal de UPCN. Sin embargo, Andrés Rodríguez, el histórico jefe sindical de UPCN, dijo no conocerla. Una curiosidad: Tailadhe fue a la Justicia a denunciar la maniobra tal vez sin saber que Alcibar, que tuvo un rol protagónico en el manejo de esos recursos durante el macrismo, había sido ratificada en el cargo de directora de general de Informática, Innovación Tecnológica y Gestion Documental del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Claudio Moroni. Cuando LA NACION consultó a todos los ministros de Trabajo que tuvieron a Alcibar entre su plantilla se encontró con respuestas incómodas, silencios y evasivas. Moroni fue el único que calló, mientras que Cordero dijo que desconocía la denuncia contra Alcibar y que tampoco la conoce a ella a pesar de haber sido él quien firmó el 19 de junio su traslado por seis meses al Senasa. Este traspaso se habría revalidado ahora por seis meses más.

Auditoría y denuncia

En 2019 hubo un informe de auditoría interna liderado por Arturo Eduardo Ratti que analizó el convenio marco firmado en 2017 y las contrataciones efectuadas entre junio de 2017 y julio de 2018. “El control en materia de contrataciones presenta debilidades significativas que lo tornan vulnerable, situación ésta que ya fuera advertida en el informe de auditoría 029/2016″, advirtió Ratti en las conclusiones. No obstante, se avanzó en la firma y pago de nuevos contratos con CEDyAT. Por entonces, el escándalo por los 400 millones adjudicados sin licitación llegó a la prensa, con publicaciones en C5N y otros medios. Se conoció como “caso Sbarra”, en referencia a Rodrigo Alberto Sbarra, quien se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción entre 2015 y 2019 y afrontó una denuncia judicial por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en su despacho. Sbarra es ahora subsecretario de Gestión Administrativa, un área dependiente de la Jefatura de Gabinete que conduce Guillermo Francos.

El 21 de mayo del año pasado el Ministerio de Capital Humano llevó a la Justicia sus sospechas por el pago de 600 millones de pesos a CEDyAT. Los hechos denunciados apuntan contra 13 funcionarios y empleados de la gestión de Mauricio Macri, ya que los fondos se otorgaron entre 2017 y 2019. Se trata de un convenio marco y 15 convenios específicos de “cooperación y asistencia técnica”. La denuncia fue presentada por Leila Giani, que primero accedió a hablar con LA NACION, pero luego optó por callar. El expediente, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, está ahora en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, aunque no tuvo avances, según averiguó LA NACION de fuentes judiciales.

Nueva denuncia de capital humano contra exfuncionarios del Ministerio de Trabajo por erogaciones millonarias entre 2017 y 2019 en beneficio de CEDYAT, una Asociación civil. Recayó en el juzgado federal 3 de Daniel Rafecas. pic.twitter.com/qOG9pKd6jc

— Lourdes (@MarcheseLourdes) May 21, 2024

En CEDyAT dijeron que sus directores están de “licencia de vacaciones” por lo que no respondieron a las consultas de LA NACION. Alcibar tampoco respondió a los mensajes y los llamados. Santiago Torres, su esposo, también se desempeña en la administración pública nacional como director general de administración y está a acargo de la liquidación y pago de sueldos de los empleados de la Secretaría de Trabajo. Estuvo en la ANSES y también en la Superintendencia de Servicios de la Salud. Torres tiene un buen pasar económico: durante noviembre de 2024 administró $15 millones entre su cuenta del Banco Nación y las tarjetas de crédito, de acuerdo a los movimientos transparentados en Nosis. Alcibar y Torres son dos históricos en la plantilla estatal, pero se les desconoce un padrino político.