El Gobierno de Javier Milei decidió incrementar los controles para acceder a audiencias con el presidente, especialmente tras el escándalo generado por la criptomoneda $Libra y las denuncias judiciales tanto en Argentina como en los Estados Unidos.

En Balcarce 50, se sostiene que es fundamental saber con qué personas se está tratando, así como sus antecedentes, antes de aprobar una reunión con el presidente.

Desde la Casa Rosada aclaran que no será la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ni la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) las que realicen estas investigaciones, sino un equipo dentro del Ejecutivo que se encargará de realizar un rastreo más profundo de los interesados, sin recurrir a la inteligencia tradicional. La responsabilidad de coordinar los filtros de reuniones y proyectos recae sobre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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Además de la gestión de audiencias, la Casa Rosada también está considerando un endurecimiento en el acceso al número de teléfono presidencial. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el número de Milei es conocido por varias personas dentro de la dirigencia política, pero que se utilizarán medidas más estrictas para evitar que se sigan filtrando contactos indebidos.

Según la información difundida, el presidente posee dos números telefónicos: uno es conocido por los actores políticos más cercanos y otro, mucho más privado, solo es accesible para un pequeño círculo de personas de su confianza.

Es sabido que Javier Milei tiene trato directo con los dirigentes políticos, aunque los detalles sobre los encuentros suelen ser derivados a su secretaria personal, Magalí Bianco. Además, el jefe de Estado local coordina reuniones en su círculo más cercano, incluyendo las tradicionales reuniones íntimas de ópera de los domingos, a las cuales asiste, entre otros, el economista Juan Carlos de Pablo.

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En Balcarce 50, se ha dejado claro que no se realizarán cambios dentro del equipo presidencial, pero sí se establecerán restricciones más estrictas y un mayor cuidado en los accesos a información confidencial. La mesa chica del presidente sigue integrada por figuras clave como Eduardo “Lule” Menem, Mara Gorini y Belén Agudiez. Esta última, involucrada en la orden a los agentes de Casa Militar para vigilar el despacho de Santiago Caputo, sigue siendo parte fundamental del esquema presidencial.

Por otro lado, la subsecretaria de Planificación General, encargada de la reestructuración de las oficinas de la Casa Rosada, ha comenzado a recorrer los espacios vacantes tras los traslados de funcionarios clave como José Rolandi, José Luis Vila y Darío Genua. La reestructuración incluye movimientos de muebles, remodelaciones y una reorganización interna con el objetivo de asignar los espacios vacíos a funcionarios de la confianza de Karina Milei y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En este contexto, se espera que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aún sin titular, se encargue de recopilar documentación y realizar una investigación interna sobre las personas y empresas involucradas en el proyecto de la criptomoneda $Libra. La UTI está designada para garantizar que el presidente no reciba influencias externas indeseadas, en especial tras las tensiones suscitadas por el lanzamiento de la moneda digital.