Meses atrás nació en Córdoba un bebé prematuro que debió quedar internado. La mujer que lo dio a luz avisó a los médicos que ella no era la madre sino que había sido contratada para poner su cuerpo para el embarazo y que quien había pagado por el servicio era una francesa. Esta mujer, al enterarse que el bebé había nacido dos meses antes y con complicaciones, rechazó hacerse cargo de la criatura y se negó a viajar a la Argentina para buscarlo. Los médicos dieron aviso a la Secretaría de Niñez de la provincia y entregaron al bebé a una familia para que lo cuide mientras se resuelve la situación judicial y pueda ser dado en adopción.

Es la primera vez que en el país se abandona a un niño producto de subrogación de vientre, una práctica cada vez más extendida que en sus comienzos se planteó como altruista pero ahora parece haberse convertido en un gran negocio ilegal. La Justicia ya inició varias investigaciones que comprometen a reconocidas clínicas de fertilidad, médicos, abogados, escribanos, psicólogos y asistentes sociales.

«Tenemos a un bebé abandonado. La persona que lo compró no quiso buscarlo porque dijo que no quería asumir la maternidad de un chico con problemas. Vemos que se trata de un comercio de vientres, de niños, es la cosificación más absoluta del ser humano«, dice a Clarín el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari.

«La gestante aceptó poner su cuerpo por una necesidad económica, pero su consentimiento no es válido para la ley», asegura el fiscal. Y explica que al enterarse del nacimiento del bebé una abogada de Buenos Aires viajó a Córdoba para buscarlo: «Esta mujer fue requisada y se le sacó el celular. Tenía diez mil dólares para pagarle a la gestante«.

Senestrati delegó la causa a Buenos Aires porque la agencia que se encargó de relacionar a las dos mujeres es porteña y esa abogada ya figura en una causa que maneja la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en la que se investigan negociados entre clínicas y agencias para comercializar seres humanos.

En el pedido de indagatoria a 17 personas -la abogada es una de ellas- firmado en diciembre de 2024 por los fiscales que están al frente de la Protex, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, se plantea «la necesidad de que el Congreso de la Nación legisle en la materia y arroje certidumbre allí donde ahora no la hay».

Desde hace años en Argentina se repite que como la práctica no está prohibida, está permitida. «Sin embargo, una cosa es que la práctica no esté regulada, y en consecuencia emerjan problemas en torno a su implementación… y otra muy distinta es que, regulada o no, en su marco ocurran conductas criminales«, afirman los fiscales.

Citan la Constitución Nacional, el Código Pena, el Código Civil y Comercial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y aseguran: «El ordenamiento jurídico argentino establece la prohibición de comercializar y explotar seres humanos, así como la imposibilidad de confeccionar contratos que pongan precio al cuerpo humano o alguna de sus partes«.

El caso que originó la investigación judicial se remonta al 25 de enero de 2024, a raíz de una presentación de la Cancillería, que informó sobre una advertencia de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre. Decía que una mujer de nacionalidad alemana de 58 años identificada como Heike Petra Andrea Manderscheid Antony había ido a un hospital para pedir atención para su beba, que estaba desnutrida.

Los médicos pidieron información y la mujer explicó que la beba había nacido el 11 de noviembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. También dijo que era de una subrogación de vientre que había conseguido a través de las agencias GAIA SURROGACY (con domicilio legal en la isla de Chipre) y MAHRTA (Medical Assistance Human Reproduction Techniks Agency) en Delaware, Estados Unidos, empresas que ofrecían bebés por el «Programa Argentina» a cambio de 49 mil euros.

El servicio social alemán consideró que la mujer no estaba en condiciones de cuidar a la beba, le quitó la custodia y la entregó al cuidado de una familia de acogida.

La investigación de la Protex confirmó que la gestante fue una mujer argentina a la que le transfirieron el embrión en “Halitus Instituto Médico S.A.”, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y que el nacimiento fue inscripto en el Registro Civil porteño.

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas del Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación entrevistó a tres mujeres gestantes, «declaraciones que permitieron revelar la mecánica de funcionamiento de los centros de fertilidad locales, y de las empresas extranjeras intervinientes en la captación y selección de mujeres con carencia económica, con el objeto de ser sometidas a procedimientos de gestación por subrogación de forma onerosa en la República Argentina».

«El suceso por el que se inició la investigación no resultaba ser un hecho aislado. Por el contrario, quedó al descubierto un modus operandi de carácter nacional e internacional que involucra una pluralidad de actores necesarios para llevar a cabo los tratamientos de ‘gestación por sustitución’ dentro de la República Argentina», dice la causa de la Protex.

En el requerimiento a indagatoria se asegura que hay firmas extranjeras encargadas de la captación de mujeres para que se sometan a la gestación a cambio de acuerdos monetarios -en dólares estadounidenses-, «en claro aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que atraviesan». Y que estas empresas, a su vez, interactúan con centros de fertilidad locales donde se hacen las transferencias embrionarias y los chequeos clínicos, procedimientos en los que participan abogados y escribanos para que los bebés puedan ser inscriptos en Argentina y luego sacados del país.

Los fiscales hacen hincapié en que estas agencias de reclutamiento de gestantes y de promoción del “servicio” actúan en nuestro país pero están constituidas en países como Chipre: «Esta circunstancia da cuenta de que se trataría de compañías fantasmas, o empresas off shore sin respaldo alguno, creadas en guaridas fiscales al solo efecto de llevar a cabo conductas ilícitas que movilizan un elevado volumen dinerario proveniente de actividades ilícitas que ingresa en nuestro país eludiendo cualquier contralor estatal».

El Ministerio Público Fiscal imputó a 17 personas «por haber puesto en marcha un negocio ilícito de características transnacionales«, «dedicado a la captación y posterior explotación de al menos 48 mujeres en situación de vulnerabilidad provenientes de distintas partes del país». Explican que «la explotación consistió en la gestación para personas de nacionalidad extranjera, sin ningún vínculo con las gestantes ni con nuestro país, con el propósito de dar nacimiento a niños y niñas que en los hechos eran comercializados como si fueran ‘mercancías‘, al punto de ser trasladados a los pocos días de nacer hacia el extranjero, generando en los actores involucrados en el negocio importantes ganancias económicas».

En la causa están nombradas las agencias “Donors Overseas”, “Surrogacy 365”, “Gaia Surrogacy” y “MAHRTA”, “SudAmerica Surrogacy” y “Ovodonors”, que promocionaban sus servicios a parejas que no podían tener hijos mediante un embarazo. El “Programa Argentina” -con un valor de 50 mil dólares- incluía la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento, los controles del embarazo y el parto. También la inscripción en el Registro Civil porteño, que hasta 2024 permitió a estas parejas anotarse como padres sin incluir a la mujer gestante, que para la ley argentina es la madre.

La otra cara de este negocio era el reclutamiento de las mujeres gestantes. «Las agencias las contactaban a través de redes sociales y, aprovechándose de sus necesidades socioeconómicas y su cuadro de vulnerabilidad, les ofrecían dinero a cambio de su embarazo». Les exigían no ser mayores de 36 años y ya haber gestado. Les ofrecían diez mil dólares y un plus si el parto era por cesárea (mil o dos mil dólares más), y 250 dólares por cada mes de embarazo.

Si el embarazo se interrumpía por alguna razón, la empresa no se hacía cargo. «Para las mujeres gestantes la realización de este tratamiento trajo aparejadas -en muchos casos- consecuencias negativas, tanto para su salud física como psíquica, de las que dan cuenta informes profesionales. Incluso, algunas mujeres gestantes llegaron a ser explotadas con fines reproductivos en hasta tres oportunidades, no mediando en algunos casos siquiera nueve meses entre el parto de un bebe y la nueva transferencia embrionaria».

Los fiscales consideran que estos “holdings empresariales dedicados a una actividad ilícita», hicieron de Argentina «un lugar de ‘turismo reproductivo’ al cual arriban parejas de naciones mayormente desarrolladas, sin ningún vínculo jurídico o sociocultural con nuestro país, al solo efecto de inscribir e inmediatamente retornar a su lugar de origen con la niña o niño nacido a partir de la explotación de la gestante».

Sólo en la ciudad de Buenos Aires se inscribieron 149 bebés producto de esta práctica entre 2018 y 2024. El 40% son de parejas del exterior.

«Con el tema de la subrogación ya están pasando todo tipo de cosas -dice Marisa Graham, defensora nacional de Niños Niñas y Adolescentes-. Vienen de los países europeos porque allá se prohíben estas prácticas, allá cuidan sus vientres, entonces vienen y usan los nuestros».

Hay muchos proyectos de ley en el Congreso que plantean regular la práctica, pero ni siquiera han sido tratados. «Debería haber una ley que regule la practica, pero no va a haber ley porque no sólo hay intereses en juego, hay mucha ideología en juego», asegura el abogado Andrés Gil Domínguez.

El constitucionalista supo llevar adelante este tipo de casos, pero ya no. «La práctica se desvirtuó cuando llegaron las agencias, los intermediarios y dejó de ser algo solidario, se convirtió en un negocio».