POLITICA
El Congreso dividido complicó al oficialismo, pero logró aprobar parte de su agenda en extraordinarias
En un Congreso profundamente dividido y sin mayorías claras, el Gobierno libertario logró aprobar parte de su agenda durante las sesiones extraordinarias, aunque no sin dificultades. De los siete proyectos impulsados por la Casa Rosada, cuatro fueron convertidos en ley, mientras que otros dos solo avanzaron parcialmente y uno quedó sin debatirse.
La principal apuesta del oficialismo fue la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2025.
Si bien en un principio se consideraba que había margen hasta abril para tratar el tema, el Gobierno apuró la iniciativa y la incluyó en la sesión del 6 de febrero junto con otras reformas como la eliminación de la “puerta giratoria” judicial y la implementación del juicio en ausencia.
Triunfo del oficialismo: el Senado suspendió las PASO de este año
La Cámara de Diputados, a pesar de la fragmentación, terminó aprobando estos proyectos con apoyo de sectores de la oposición dialoguista e incluso de algunos legisladores kirchneristas. Luego, la ley de “Ficha Limpia”, que impide el acceso a cargos públicos a personas con condenas firmes, se sancionó con una oposición dividida.
En el Senado, la situación fue más compleja. La falta de una mayoría clara obligó al oficialismo a negociar hasta último momento.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el bloque libertario enfrentaron dificultades para consolidar apoyos y la sesión del jueves pasado estuvo marcada por intensas negociaciones de último minuto. Pese a esto, el Gobierno logró que se sancionaran cuatro proyectos clave, incluyendo la suspensión de las PASO y la reforma sobre reincidencia.
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Sin embargo, la fragmentación del Congreso sigue siendo un problema. La falta de acuerdos entre bloques y los cambios de postura constantes dentro de la oposición generaron incertidumbre en cada votación.
Un asesor legislativo describió la situación como “un minuto a minuto desgastante, donde nadie tiene el control absoluto de la agenda”.
Mañana, el Senado tiene prevista la sesión preparatoria para confirmar autoridades, mientras que el sábado, Javier Milei deberá inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Lo que hoy se presenta como un avance del Gobierno en el Congreso podría transformarse en un escenario más adverso a medida que avance el año legislativo.
POLITICA
El Gobierno avanza en la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio con un nuevo decreto
El Gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de privatización de empresas estatales con la firma del decreto que convierte a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima.
La medida, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, busca sanear la empresa y prepararla para su eventual venta al sector privado.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ubicada en la provincia de Santa Cruz, es una de las nueve empresas estatales incluidas en la Ley Bases como candidatas a privatización. La decisión de avanzar en su transformación fue diseñada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y avalada por el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
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El Gobierno nacional informó la medida al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, antes de hacerla pública, en un intento de evitar un conflicto político.
Sin embargo, la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Sociedad Anónima generó malestar en la provincia, ya que Vidal busca mantener el control de la empresa y teme que el traspaso al sector privado termine afectando a los trabajadores.
Desde la Nación aseguran que, por el momento, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio no tiene una fecha definida, pero que el objetivo es poner en orden sus cuentas, mejorar su estructura administrativa y aumentar la productividad. Se espera que en los próximos meses se presenten los balances contables, se revisen los reglamentos internos y se implementen medidas para optimizar el funcionamiento de la empresa.
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Durante la gestión de Alberto Fernández, la empresa fue conducida por Aníbal Fernández y se mantuvo en un estado de producción irregular. Actualmente, su principal dificultad es la superpoblación de trabajadores, un problema que se arrastra desde hace años debido a acuerdos sindicales que ampliaron la plantilla sin mejorar la producción.
En diciembre pasado, el Gobierno despidió a Thierry Decoud, exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por sospechas de corrupción. En su lugar asumió Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, un hombre cercano a Vidal, lo que marcó el inicio de una fuerte disputa política sobre el futuro de la empresa.
Privatización en debate y desafíos logísticos
Si bien aún no hay una fecha oficial para la privatización, tres grupos empresarios ya manifestaron interés en adquirir la mina y su infraestructura energética. Sin embargo, la venta de Yacimientos Carboníferos Río Turbio enfrenta varios obstáculos. Uno de ellos es su ubicación geográfica: el yacimiento se encuentra a 300 kilómetros del mar, lo que encarece los costos logísticos y dificulta la exportación del carbón.
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Otro desafío es la capacidad productiva de la mina. En la actualidad, Yacimientos Carboníferos Río Turbio no logra alcanzar la demanda mínima requerida por el mercado internacional, especialmente en países como China, que exigen una producción de al menos 30.000 toneladas mensuales. Hoy, la mina solo puede producir alrededor de 20.000 toneladas en su mejor escenario.
A pesar de estos problemas, el Gobierno de Milei mantiene su postura de que la privatización es la mejor opción para garantizar la viabilidad del yacimiento y reducir el déficit estatal. Desde la Casa Rosada descartan cualquier tipo de subsidio para mejorar la producción, ya que consideran que eso solo prolongaría la crisis de la empresa sin resolver sus problemas estructurales.
El futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno avanza en su transformación y evalúa posibles compradores, en Santa Cruz crece la preocupación por el impacto que la privatización podría tener en los trabajadores y en la economía de la provincia.
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