El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avanza con nuevas políticas para reforzar el control migratorio en el estado. Esta semana, más de 20 sheriffs de distintos condados anunciaron su participación en la iniciativa respaldada por la administración de Donald Trump, que busca acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados y endurecer las sanciones para quienes cometan delitos.

Sheriffs de Florida colaborarán en la lucha contra la inmigración ilegal

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, junto a su par del condado de Polk, Grady Judd, lideraron la conferencia de prensa en la que se formalizó el apoyo a la iniciativa para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. “Estamos aquí para cumplir la ley y proteger a nuestras comunidades”, afirmó Judd.

Los jefes de las fuerzas del orden locales de Florida respaldaron la iniciativa de la administración de Trump para agilizar las deportaciones de inmigrantes ilegales. Gualtieri enfatizó la urgencia de la medida: “Los delincuentes deben ser expulsados sin demora”.

También, advirtió sobre el impacto de la afluencia de extranjeros indocumentados en la seguridad pública: “El problema más grave son los inmigrantes ilegales criminales que causan estragos en nuestras comunidades con drogas, robos, abuso infantil y asesinatos”.

“No hay lugar para el debate cuando se trata de quienes cometen delitos y desobedecen nuestras leyes. Estas personas deben irse, y deben irse hoy”, sentenció.

Programa 287(g): refuerzo a la colaboración con ICE

La nueva legislación, impulsada por el gobernador DeSantis, y aprobada por la Legislatura de Florida, obliga a todas las agencias policiales locales a integrarse al programa federal 287(g), que permite a los oficiales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“El programa de oficiales de servicio de órdenes de arresto nos permite capacitar a nuestros agentes dentro de las cárceles para que puedan emitir órdenes de detención emitidas por ICE a los inmigrantes criminales que ingresan a nuestros centros de detención”, explicó Gualtieri.

Más de 50 cárceles del estado firmaron acuerdos para retener a sospechosos hasta que agentes federales los procesen. “Me enorgullece informar que, gracias al arduo trabajo de los alguaciles y el personal de la Asociación de Alguaciles de Florida, las 57 cárceles administradas por alguaciles y las 10 administradas por condados han firmado sus acuerdos Warrant Service Officer», afirmó el sheriff de Pinellas.

Además, añadió: “Este plan permite detener y deportar rápidamente a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional, así como a quienes fueron deportados y reingresaron a EE.UU.”.

En la misma línea señaló que se destinaron más de 200 millones de dólares en subsidios para reforzar las operaciones policiales. El sheriff del condado de Charlotte, Bill Prummell, presidente de la Asociación de Sheriffs de Florida, destacó que la medida facilitará una respuesta más efectiva. “El sistema federal estaba paralizado. Ahora tenemos herramientas concretas para actuar”, señaló.

La ACLU advierte sobre discriminación racial en la aplicación de la ley

Ante este panorama, Kara Gross, directora legislativa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, alertó sobre los riesgos de discriminación racial que podría generar la nueva legislación migratoria.

Según Gross, la norma es “demasiado amplia y vaga”, lo que podría traducirse en detenciones basadas en estereotipos raciales y étnicos. Además, señaló a CBS News que cualquier persona percibida como inmigrante, por su color de piel, acento o lugar de residencia, podría ser blanco de medidas arbitrarias.

Los sheriffs de Florida rechazan las acusaciones de discriminación

Ante las críticas, los sheriffs negaron que la aplicación de la ley implique discriminación racial. Judd calificó los señalamientos como “tonterías” y aseguró que las autoridades solo buscan a extranjeros indocumentados con antecedentes criminales o con órdenes de deportación.

“Tenemos suficientes casos de inmigrantes ilegales que han cometido delitos. Esas acusaciones solo generan miedo innecesario”, sostuvo el funcionario local, quien insistió en que el proceso sigue lineamientos del gobierno federal.

“Respiren profundamente. Guárdense esas locuras para otra persona… Tenemos las cárceles llenas de inmigrantes ilegales que cometen delitos y órdenes de deportación para aquellos que han burlado el sistema, y todas esas locuras solo asustan a gente que no tiene por qué tener miedo. Solo sigan lo que el gobierno federal les dice que hagan cuando les dice que lo hagan”, cerró Judd.