El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una herramienta lanzada meses atrás que promueve la llegada de capitales en sectores estratégicos con capacidad exportadora, entre los que largamente se destacan los proyectos de minería y la energía. La expectativa oficial es que este instrumento permita viabilizar inversiones por mas de u$s50.000 millones a lo largo de su vigencia.

Desde su implementación, la presencia dominante de capitales extranjeros para proyectos mineros y de capitales locales con apoyo de socios internacionales en el campo energético responden a un contexto global en el que el aseguramiento de minerales críticos como el litio y el acceso a la energía resultan fundamentales. Sin embargo, ese atractivo aún no alcanza a proyectos de foresto industria, tecnología, infraestructura, turismo, y las iniciativas de exportación estratégica, y mínimamente lo hace con las energías renovables y la siderurgia.

Así, el RIGI está delineando el futuro productivo de Argentina con un claro posicionamiento de los proyectos que solicitan sus beneficios: el 97% de las inversiones presentadas hasta ahora están enfocadas en Energía y Minería, con una fuerte predominancia en petroleo, gas y litio que pone de relevancia el rol del país como un jugador clave en ambos segmentos.

El análisis se desprende del informe RIGI & Escenarios Globales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral que detalla que al 24 de febrero, ya se recibieron en el Ministerio de Economía diez solicitudes de inversión por un total de u$s11.593 millones.

Esas propuestas de inversión se integran en un 55% destinados al sector energético, con un 93% concentrado en Oil & Gas; un 42% a minería, con el litio como protagonista absoluto con el 75% del total del sector; y un 3% a siderurgia, con proyectos como la planta industrial en San Nicolás.

Energía y minería los proyectos elegidos del RIGI

Los proyectos energéticos representan el 55% del monto de las inversiones propuestas y se concentran principalmente en la explotación de Vaca Muerta, a través de un nuevo oleoducto que atravesará las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y un buque de licuefacción para la producción de GNL, explicó Sofía del Carril , autora del informe y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Gobernanza Global de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

El otro foco es sin duda la minería con el mencionado 42% del monto de las inversiones propuestas, a través de iniciativas en Salta, Catamarca y San Juan presentadas por empresas de capitales extranjeros. Aquí destacan proyectos sobre litio, uno de los minerales críticos por su relevancia para la transición energética y sus usos para la industria tecnológica, y de oro y cobre en San Juan.

De acuerdo al mismo trabajo ese capital proviene de inversores extranjeros, con empresas como Rio Tinto , Galan Lithium y Posco impulsando proyectos de litio en Salta y Catamarca.

YPF Luz fue la primera en solicitar la adhesión al RIGI a través de su proyecto para construir la primera etapa del parque solar El Quemado, en Mendoza, con una inversión prevista de u$s220 millones.

En el sector energético, el oleoducto Vaca Muerta Sur, desarrollado por un consorcio liderado por YPF con participación de PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell, representa una de las mayores apuestas de infraestructura para potenciar las exportaciones.

Por regiones, NOA y Cuyo concentran la inversión minera, mientras que la Patagonia y Buenos Aires son el epicentro de los proyectos energéticos y siderúrgicos.

«Las cifras del RIGI confirman el interés del sector privado por desarrollar proyectos de gran escala en el país, pero el verdadero desafío será transformar estos anuncios en inversiones efectivas. Los próximos meses serán clave para evaluar la velocidad de implementación y el impacto en la economía nacional», agregó Del Carril.

Petróleo, gas, y minerales críticos para la demanda global

Los escenarios bélicos en Europa, Medio Oriente y África y la impronta nueva en materia de política exterior pero también de política doméstica-industrial de los Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump aceleran una tendencia de mayor incertidumbre, con empresas y países que buscan con énfasis reducir su dependencia de proveedores tradicionales y construir cadenas de suministro más diversificadas y por ello más resilientes.

En ese contexto de reposicionamiento global, la Argentina cuenta con varios de los recursos que el mundo demanda para los procesos nacionales de seguridad de abastecimiento y de transición energética, pero carece de los capitales millonarios para acelerar sus propios procesos productivos, por lo que debió apelar a la herramienta del RIGI.

El gobierno reglamentó el 22 de octubre la Ley que establece el nuevo régimen que ofrece previsibilidad, incentivos fiscales y jurídicos durante 30 años para atraer proyectos de inversión que superen los u$s200 millones en sectores estratégicos como petróleo y gas, minería, energías renovables, foresto industria, siderurgia, tecnología, infraestructura, turismo, y los proyectos de exportación estratégica a largo plazo sin vinculación a un sector específico.

El régimen prevé entre los beneficios fiscales una Alícuota de Impuesto a las Ganancias del 25%, Deducción de amortización acelerada, Certificados de Crédito Fiscal en IVA, Devolución de saldos a favor de IVA en un plazo máximo de tres meses.

Entre los beneficios aduaneros se destaca la Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y la Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años; y en los cambiarios el Acceso gradual a las divisas obtenidas por las exportaciones, Libre disponibilidad de divisas para financiamiento local o externo y Estabilidad cambiaria por 30 años.