La nueva y provisoria Corte se estrenó esta semana con dos noticias de alto impacto político. Por un lado, los tres supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron por unanimidad tomar juramento al catedrático Manuel García-Mansilla nombrado a través de un polémico decreto y en comisión por el presidente Javier Milei. En el mismo acuerdo, dejaron para el jueves la decisión sobre si le confirman el pedido de licencia extraordinaria por un año como juez federal al otro nombrado por Milei, Ariel Lijo, antes de tomarle juramento.

Por otro lado, esta semana caducó el pedido de juicio político a la Corte presentado el año pasado en la Cámara de Diputados a instancias de Cristina Kirchner que constituyó la presión más grande que sufrió el máximo tribunal en tiempos K y que no registra antecedentes en democracia.

Todo en el marco de una situación extremadamente frágil. Sucede que a la idea del bloque de senadores de Unión Por Todos y de los radicales de Martín Lousteau de pedir, en los próximos días, una sesión especial para rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla, se sumó el apoyo de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri. La legisladora, que responde al ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, dijo también que con el voto negativo de solo 25 votos “será suficiente” para rechazarlos porque a su criterio, demuestra que no tienen los dos tercios necesarios del total de 72 senadores.

Ese eventual escenario de rechazo sería inédito en la historia argentina y un claro conflicto de poderes entre el Gobierno y el Congreso. Seguramente, Milei insistiría con los pliegos.

Todo sin considerar la posibilidad de que el juez K de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspenda en los próximos días el polémico decreto 137 de Milei, al aceptar una cautelar de dos ONGs y un particular, tal como adelantó Clarín en exclusiva.

El ingreso de García-Mansilla pareció aplicar paños fríos a la interna del máximo tribunal porque se trata de un catedrático con buenas relaciones con todos. Rosenkrantz integró su tribunal de tesis en la universidad Austral, Rosatti tiene afinidades con él que superan la pasión compartida por Boca y Lorenzetti coincide en varias posiciones doctrinarias.

Aunque Lorenzetti votaría el jueves por confirmar la licencia a Lijo porque, a su criterio, la Corte delegó esa medida de “superintendencia” (administrativa) en los tribunales menores. En cambio, Rosatti y Rosenkrantz votarían por el rechazo al cual podría sumarse García-Mansilla con un criterio distinto.

Si rechazan la licencia, Lijo dio señales a un par de sus colegas en el sentido de que renunciaría a su designación por decreto y volvería a su juzgado de Comodoro Py. En este proceso, Lorenzetti fue el “padrino” de Lijo, quien lidera la Asociación de Jueces Federales de la Argentina.

Fuentes cercanas a Lorenzetti negaron a Clarín que el juez tuviera redactado un proyecto de acordada por remover secretarios de la Corte (que tienen el rango de un camarista) y secretarios Letrados (que tienen el rango de un juez de instrucción). En cambio, insistieron con las disidencias por escrito del magistrado en el sentido de este tipo de cargos «deben ser concursados».

Según esas fuentes, Lorenzetti no intentaría volver a la presidencia de la Corte que ocupa Rosatti hasta el 2027 con el eventual apoyo de García-Mansilla o Lijo. Para quien fue tres veces presidente de la cabeza del poder judicial ocupar ese cargo sirve si hay consenso con sus pares en cuanto al modelo de Corte. Dicen esas fuentes que, por ejemplo, a quien paró el nefasto proyecto de “democratización” de la Justicia de Cristina en 2013, le gustaría una Corte con «un perfil más alto» para, en una visita institucional, pedir al Gobierno y al Senado que resuelvan las ternas de candidatos a jueces para los más de 300 cargos vacantes que están llevando a la Justicia al colapso.

Lorenzetti entiende la interna con su colega y comprovinciano no como una pelea sino como un “debate” por un modelo de Corte. El quiere que no sea “solo un tribunal” de última instancia.

El ex presidente de la Corte coincide con sus colegas con que existe una crisis de las democracias a nivel mundial generada, sobre todo, por “el debilitamiento” de la Justicia. Y por experiencia sabe que hasta ahora presidentes elegidos democráticamente terminan tratando de cercenar la Justicia, como hizo Cristina. Y en algún momento, la Corte también “tendrá que poner límites constitucionales” a algunas de las decisiones de Milei.

La otra buena noticia vino desde el Congreso. El juicio político que el kirchnerismo impulsó en la Cámara de Diputados contra la Corte Suprema en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner quedó formalmente en la nada. Es que los dictámenes que firmaron los diputados kirchneristas sobre el final del 2023, antes del ballotage que convirtió a Javier Milei en presidente, y que nunca fueron tratados en el recinto de la Cámara Baja durante el 2024 quedaron caducos el pasado 28 de febrero, con la culminación del año legislativo, contaron fuentes judiciales y parlamentarias.

A principios 2023, tras la condena de seis años a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y el fallo de la Corte haciendo lugar a una medida cautelar en un reclamo por la quita de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional, el kirchnerismo decidió abrir un proceso de juicio político contra los cuatro ministros Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti.

Por cadena nacional el 1 de enero del 2023, el entonces presidente Fernández –influenciado por Cristina- anunció el pedido de juicio político por presunto mal desempeño. Un grupo de gobernadores K lo respaldaron. La justificación pública de esa denuncia de juicio político fue la filtración de supuestos chats privados del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro que la Justicia consideró ilegales.

Pero fue la oportunidad del kirchnerismo para reflotar sus críticas al fallo conocido como «2×1» que analizaba si a los represores de la dictadura les correspondía acceder a ese beneficio excarcelatorio. Además, agregó a esa denuncia las supuestas irregularidades en la obra social que dependía del ahora ex juez Maqueda y el fallo sobre la inconstitucionalidad de la reducción de miembros del Consejo de la Magistratura que había impulsado Cristina como senadora para controlar el organismo.

El kirchnerismo siempre supo que no tenía los números para llevar la votación al recinto, pero decidió avanzar durante todo el 2023 en la comisión de Juicio Político –donde tenía mayoría- con un show para que declaren decenas de funcionarios judiciales, periodistas, abogados y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil dirigido por los diputados ultra K Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, mezclado con operaciones de inteligencia. Los propios Rosatti y Rosenkrantz declararon por escrito y sostuvieron que se estaba buscando condicionar sus sentencias.

El 29 de noviembre del 2023, después de once meses de investigación y al filo del vencimiento del período legislativo, el Frente de Todos hizo valer su mayoría y aprobó el dictamen acusatorio de las cuatro causales por las que fueron investigados. Fueron 16 diputados contra 15 que rechazaron el pedido de remoción contra la Corte «Este va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya conocido», se quejó el entonces diputado radical Mario Negri, quien propuso llevar el tema los más rápido al recinto para poder rechazarlo y, así, evitar «presiones» sobre la Corte Suprema.

A diferencias de otras comisiones cuyos dictámenes se caen cuando se concreta la renovación parcial de la Cámara, la de juicio político cuenta con un período legislativo más para que sus dictámenes sean tratados en el recinto de la Cámara Baja.

Durante 2024, los dictámenes acusatorios nunca fueron tratados en el recinto. Así perdieron vigencia el último día de ese período 2024. Es decir, el 28 de febrero del 2025 quedó formalmente terminado la embestida K contra los jueces de la Corte Suprema.

«Sin ninguna duda», el gobierno que más presionó a la Corte Suprema «fue el de Alberto Fernández», dijo días atrás Juan Carlos Maqueda, ya jubilado en el máximo tribunal desde diciembre último. «Durante todo ese año tuvimos una presión muy fuerte por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados», finalizó el ex juez de origen peronista y dolido porque la maniobra había provenido del partido que alguna vez integró.