POLITICA
Qué hay detrás del acuerdo entre Trump y Bukele: mano dura, dinero y el temor a que se revele un pacto secreto
En el cierre de la Convención Republicana, en julio del año pasado, Donald Trump dio un extenso discurso centrado en la inmigración. Eso no fue una sorpresa. Sí lo fue el dardo que le dedicó a un presidente cercano a su entorno: el salvadoreño Nayib Bukele.
“Tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando (…) y me di cuenta que envía a los criminales a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso, pero no hace un trabajo maravilloso”, lanzó desde Milwaukee.
Ocho meses más tarde, Trump, ya en la Casa Blanca, se deshace en elogios hacia Bukele, y le agradece públicamente por sellar un acuerdo para recibir a “criminales peligrosos” deportados en su emblemática megacárcel a cambio de un pago anual. “Gracias presidente Bukele por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!”, escribió Trump en sus redes sociales el fin de semana pasado, después del primer envío de migrantes acusados de ser pandilleros.
Pero con este acuerdo –que promocionó a través de un dramático spot que muestra la llegada de esos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)-, Bukele gana más que dinero. También suma legitimación para su cuestionada estrategia de mano dura y busca el debilitamiento de una causa en Estados Unidos que podría perjudicarlo seriamente.
Por su parte, para Trump, la deportación de 238 venezolanos y de 23 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13) le sirve para disuadir a los migrantes que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos, por temor a terminar en el oscuro sistema penal salvadoreño. De hecho, según la cadena CBS, 137 de los deportados estaban acusados por presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, mientras que 101 fueron expulsados a El Salvador por haber violado las leyes migratorias del país norteamericano.
“Muchos venezolanos nos dicen ‘Mi familiar está detenido en Estados Unidos, no sabemos si está en Guantánamo, en El Salvador o dónde’. Me temo que buscan disuadir la inmigración a través del terror”, dice a LA NACION Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). Con esta nueva modalidad, que desafía las normas estadounidenses y también las internacionales, Trump avala y aprovecha algunas de las características del régimen de excepción salvadoreño, como la falta de debido proceso y la ausencia de información sobre los detenidos.
“Con este acuerdo, se está trasnacionalizando el régimen de excepción”, señala Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una ONG salvadoreña que registró 367 muertes bajo custodia en los tres años que cumplirá ese régimen en El Salvador, en los que fueron detenidas unas 85.000 personas. Esta estrategia que hizo popular a Bukele porque redujo sustancialmente los niveles de violencia, dejó a su país al tope de los rankings de tasa de encarcelamiento y acumula denuncias de violaciones a derechos humanos.
Un acuerdo de legalidad dudosa
El envío de migrantes, de los que no se difundió oficialmente la identidad, sus antecedentes ni las acusaciones en su contra, despertó múltiples cuestionamientos sobre su legalidad y abrió un fuerte enfrentamiento entre Trump y la Justicia en Estados Unidos. No ocurrió lo mismo en El Salvador, donde el gobierno de Bukele controla los tres poderes, especialmente desde su contundente triunfo electoral el año pasado, pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida.
Para deportar a los migrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 para épocas de guerra. El juez federal James Boasberg bloqueó su uso el mismo sábado en que se estaban llevando a cabo los vuelos. “Ups… demasiado tarde”, se burló Bukele, con un emoji de risa, en su cuenta X minutos antes de compartir el video de la llegada de los deportados. Trump, por su parte, amenazó a Boasberg con un juicio político, mientras que el mandatario salvadoreño entró en la discusión al afirmar que “Estados Unidos se enfrenta a un golpe de Estado judicial”.
Oopsie…
Too late 😂 pic.twitter.com/nDHL6deLJq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
Cuando una candidata republicana dijo en X que “Estados Unidos debería simplemente seguir lo que hicieron en El Salvador” en materia judicial, el multimillonario y asesor de la Casa Blanca Elon Musk comentó: “Es la única manera”. El diario The Washington Post, de otro magnate –Jeff Bezos- respondió con un fuerte editorial: “No es la única manera ni es el estilo estadounidense. El Salvador demuestra el peligro de depender de un dictador y permitir que funcionarios sin control actúen a su antojo bajo el pretexto de la ‘seguridad nacional’”.
It is the only way https://t.co/vRVreKr0F2
— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2025
“El acuerdo de los migrantes está basado en un abuso de poder, saltando los poderes legislativo y judicial”, considera Bullock, y agrega que además el pacto no fue ratificado por el Congreso salvadoreño, aun cuando Bukele goza allí de una cómoda mayoría. “Que los dos mandatarios decidan enviar a cientos de personas que no han sido condenadas, que no han tenido juicio previo, para desaparecerlos en el gulag del presidente Bukele es muy preocupante”, dice.
“Creo que Bukele está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano, que ayuda a Trump a evadir el escrutinio judicial por el tratamiento a los migrantes”, señala por su parte Pappier, en referencia a la base militar de Estados Unidos en Cuba, donde instaló una cárcel de máxima seguridad de la que por mucho tiempo se supo muy poco.
El acuerdo, que se gestó en un viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador el mes pasado, y que incluso llegó a contemplar la posibilidad de enviar convictos estadounidenses a las cárceles salvadoreños, establece que el régimen de Bukele recibirá unos 20.000 dólares anuales por cada detenido alojado en el Cecot, según información obtenida por la agencia AP. Una tarifa “muy baja” para Estados Unidos y “muy alta” para El Salvador, según dijo Bukele, y agregó que entre este acuerdo y su plan “Ocio Cero” para que algunos convictos trabajen, busca lograr que el sistema penitenciario “sea autosostenible”. “Hoy por hoy su costo asciende a US$200 millones al año”, agregó.
Validación de un modelo cuestionado
“Seguimos avanzando en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero esta vez, además, estamos ayudando a nuestros aliados”, escribió Bukele en X para celebrar el acuerdo con Trump. Pero también festejaba un éxito intangible: la validación del régimen de excepción que rige en el país desde el 27 de marzo de 2022, la clave de su “guerra contra las pandillas”.
Si bien la estrategia resultó efectiva en relación a una fuerte reducción de la violencia (de un pico de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, cuatro años antes de la asunción de Bukele, a un mínimo de 1,9 el año pasado, según datos oficiales), es foco de denuncias de violaciones a derechos humanos, como “tortura, muertes, violaciones masivas al debido proceso y condiciones de detención deplorables, incluyendo falta de atención médica y alimentación”, según documentó HRW. Además, con los 85.000 detenidos en el marco del régimen, la población carcelaria se disparó a 108.000 personas detenidas en un sistema diseñado para albergar a 70.000, según la ONG. Según el último dato oficial, unas 8000 personas acusadas por vínculos por las pandillas fueron luego liberadas, lo que confirmaría las denuncias de detenciones de inocentes, en general a partir de la estigmatización de personas de clase baja.
Para Karen Estrada, politóloga salvadoreña e investigadora de la Universidad Flacso México, “el hecho de que un país mucho más grande, con las capacidades estatales de Estados Unidos, esté haciendo esto junto con el gobierno de Bukele es como una legitimación no solamente discursiva, sino también de prácticas fuera del debido proceso”.
Además de las denuncias, los especialistas cuestionan también la sustentabilidad de este modelo de seguridad ahora sponsoreado por Trump. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el régimen de excepción “es como una olla de presión que en cualquier momento puede estallar”.
“Ha logrado contener el problema de la violencia, pero no resolverlo –explica-. Las maras son redes criminales trasnacionales, se han movido o ya estaba en otros países, como Honduras o Guatemala. Estos grupos pueden empezar a organizarse en esos países y puede estallar una ola de violencia”.
¿Pacto secreto?
Una de los verdaderos motivos de Bukele para firmar el acuerdo reside en una corte de Nueva York donde se investiga un presunto pacto entre su gobierno y las Maras para reducir la ola de violencia en el país antes del régimen de excepción a cambio de beneficios para líderes pandilleros. A esto se suma que, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra funcionarios salvadoreños por conceder favores a esos cabecillas. Bukele nunca reconoció esos vínculos; de confirmarse, harían trizas el relato de su “guerra contras las pandillas”.
Uno de los deportados el pasado fin de semana es César Antonio López Larios, alias “El Greñas”, un veterano líder de la MS-13 y uno de los 27 acusados en Estados Unidos. Para poder trasladarlo, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York renunció a la acusación de Larios, para que sea juzgado en El Salvador, según un documento oficial.
“Me temo que si ya extraditaron a uno puede haber una espada de Damocles para los demás para que no hablen, o serán extraditados. Las posibilidades ahora de que puedan confesar este pacto son nulas”, opina Pappier. Así, de a poco, esa causa que desvela a Bukele puede perder fuerza.
En una línea similar, en una columna publicada en El Faro, el académico Ricardo Valencia señala que Bukele se convirtió en “un carcelero por sobrevivencia”, y lo vincula con aquel discurso de Trump en la Convención Republicana. “Más que admiración, el gobierno de Bukele puede que esté aterrorizado con Trump y por eso ha decidido someterse completamente. (…) Si Trump está dispuesto a negociar con el dictador Nicolás Maduro -pasando encima a Rubio-, no dudará en lanzar a los leones a Bukele, si eso le sirve para avanzar con sus intereses políticos”, señala Varela.
Amistad por conveniencia
El acuerdo por el “alquiler” de la megacárcel abrió también una nueva fase en la relación entre los dos países, después de un vínculo frío entre Biden y Bukele.
Estrada menciona que esta “amistad” -como dijo Rubio- también beneficiaría al gobierno salvadoreño por el préstamo de 1400 millones de dólares que cerró recientemente con el FMI, en medio de una grave crisis económica. “Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo. Entonces, hay ciertas condiciones que se le han solicitado a El Salvador en cuestión de transparencia, de institucionalidad, que deberían de cumplirse en un contexto democrático, pero que sabemos que es difícil con un gobierno como el de Bukele. Hay una conveniencia en ese sentido”, señala.
Este vínculo también reconfiguraría las alianzas de Estados Unidos en la región. “Por ejemplo, vemos afinidades entre Javier Milei con Trump, y también con Bukele. Entonces podría ser una especie de bloque y que otros presidentes del Cono Sur se vayan sumando. No necesariamente sería solo afinidad política sino también conveniencia”, dice la politóloga.
Pappier es más contundente al evaluar el impacto de este acuerdo sobre el vínculo del magnate con América Latina. “Esto corrobora que a Trump no le interesa ni la división de poderes, ni estado de derecho ni los derechos humanos; ni en Estados Unidos ni en la región. Esto es consistente con reunirse con Maduro y con hacer estos acuerdos con Bukele”.
«Estamos frente a un gobierno que todo lo que hace, lo hace mal. Lo hace con objetivos desastrosos y, formalmente, también mal», afirmó Castillo al inicio de la entrevista. En este sentido, cuestionó la vía elegida para la reforma: «No se puede modificar una institución de larga data y con un marco jurídico establecido mediante un decreto. Es algo básico que requiere una ley».
El especialista explicó que la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima no tiene justificación si se considera el verdadero objetivo del gobierno. «No están buscando fortalecerlo como banca pública, sino privatizarlo. Lo han dicho una y mil veces: su meta es sacárselo de encima y pasárselo al sector privado».
Asimismo, destacó la relevancia de la entidad financiera dentro del sistema económico argentino: «Es el banco más importante de la Argentina en capital, número de depósitos y cantidad de sucursales. Si es vendido al mejor postor, se perderá su función social, cerrarán las sucursales no rentables y desaparecerá el financiamiento a pequeñas empresas y economías regionales».
Sobre el destino de la institución, advirtió que su privatización podría derivar en una concentración monopólica del sector financiero. «Si se abre el capital a inversores privados, lo más probable es que lo termine comprando un banco internacional o, peor aún, una fintech como Mercado Libre, que busca ingresar al sistema bancario. Esto significaría el fin del rol social del Banco Nación».
Finalmente, criticó el enfoque del gobierno en materia económica: «El objetivo de Milei no es mejorar la banca pública, sino transferir los activos estatales al sector privado sin medir las consecuencias. La privatización del Banco Nación es otra de las barbaridades de este gobierno». (www.REALPOLITIK.com.ar)
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"El, objetivo, de, Javier, Milei, es, transferir, los, activos, estatales, al, sector, privado"
Experiencias inmersivas, cursadas rotativas en siete ciudades y un modelo de aula invertida. Estas son algunas de las tendencias en el campo educativo que le permitieron a Minerva University posicionarse, por tres años consecutivos, en el primer lugar de The World University Rankings for Innovation, ranking que evalúa a las universidades en función de sus aportes a la sociedad y a la industria.
“Buscamos a los estudiantes más brillantes en cada rincón del mundo”, afirmó Michael Magee, presidente de Minerva University, durante su visita a la Argentina. Y en diálogo con LA NACION, aseguró: “Estoy aquí para pasar tiempo con los estudiantes y con el equipo. Además, para conversar con organizaciones, patrocinadores y posibles socios que compartan nuestro interés”.
Con base en San Francisco, Estados Unidos, Minerva University fue fundada por el empresario estadounidense Ben Nelson en 2012. Su propuesta se basa en una cursada rotativa, que implica que los estudiantes cursen en una ciudad distinta -Buenos Aires, entre ellas- cada semestre durante cuatro años.
Además, se apoya en un modelo de aula invertida, por el que el docente toma la función de guía: favorece el debate y el diálogo en función de los contenidos que los alumnos tienen que leer previamente, y no evalúa a partir de exámenes, sino de su participación. A esto se suman experiencias inmersivas, estructuradas para que adquieran las habilidades necesarias para resolver desafíos complejos y contribuir a organizaciones de todo tipo, para lo cual desde la universidad establecen alianzas con empresas locales y multinacionales.
Actualmente, Minerva University ofrece cinco licenciaturas: en Ciencias Sociales, en Ciencias Naturales, en Artes y Humanidades, Negocios y Ciencias de la Computación. Tiene alrededor de 600 estudiantes, provenientes de cerca de 100 países y representantes de todos los continentes. Cada cohorte está conformada por un promedio de 150 estudiantes.
-¿Cuáles son los principales desafíos que encuentra en el ámbito educativo?
-La ciencia del aprendizaje está en constante evolución. Desde las neurociencias, por ejemplo, hay investigaciones increíbles sobre cómo aprendemos en cada etapa de nuestras vidas. En materia de tecnología, además, vemos cambios radicales, especialmente en torno a la inteligencia artificial, que cambiarán cómo aprendemos, qué aprendemos y la actitud de las personas hacia el aprendizaje. Al momento de plantear un modelo educativo de alcance global, somos también vulnerables a los cambios en las políticas de inmigración en todo el mundo. Irónicamente, esta es una razón importante por la que tenemos que existir: construimos relaciones para toda la vida con jóvenes talentosos, y creo que esas relaciones contribuirán a un mundo mejor, a medida que nuestros alumnos se conviertan en líderes.
-¿Qué motivó su reciente reunión con Jorge Macri?
-Fue una reunión muy alentadora. Me dio la sensación de que le importa mejorar la educación en Buenos Aires y que está interesado en la innovación; quiere ayudarnos a encontrar socios en la ciudad, para que seamos parte de su futuro. Siempre buscamos desarrollar una relación mutuamente beneficiosa con los gobiernos, tal como lo hicimos en Tokio con la gobernadora Yuriko Koike. Nuestro cuerpo de profesores está formado por algunos de los mejores expertos del mundo en métodos de aprendizaje y nos complace compartir su conocimiento. También aportamos una extraordinaria diversidad de perspectivas y de culturas: tenemos exalumnos de más de 100 países, y usualmente, nuestros estudiantes que eligen residencia en Buenos Aires representan a 30 o 40 naciones diferentes.
-¿Cómo imagina la relación con los gobiernos?
-Siempre pensamos cómo nuestra universidad y nuestros estudiantes pueden contribuir a las ciudades en donde desarrollamos los programas. Nuestros estudiantes son algunos de los jóvenes más talentosos del mundo, pero también personas con un interés real en ayudar a crear un futuro más sostenible, seguro y equitativo. En Buenos Aires, particularmente, nuestro equipo desarrolla lo que llamamos “alianzas cívicas”, que brindan a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender, pero también de contribuir a la vida y a la salud en la ciudad. Hoy tenemos alrededor de 20 socios. Una de mis principales prioridades es que la ciudad que consideramos nuestro hogar sea también un lugar al que le retribuimos. Por otro lado, entendemos que los líderes de la ciudad pueden ayudar a la universidad a crecer. No necesitamos financiación, pero queremos tener más estudiantes y necesitamos socios dispuestos a proporcionarnos recursos, para encontrar las mejores ubicaciones para nuestras residencias universitarias y para ampliar nuestra red.
-¿Qué lugar ocupa Buenos Aires dentro de la estrategia de la universidad?
-Buenos Aires es la ciudad que elegimos para representar a Latinoamérica: es una de las ciudades de rotación con las que trabajamos desde el inicio. Cada uno de nuestros estudiantes de grado estudia en cuatro continentes durante cuatro años: en América del Sur (Buenos Aires), en América del Norte (San Francisco), en Europa (Berlín) y en Asia (Hyderabad, Seúl, Tokio y Taipéi). En Buenos Aires tenemos un equipo conformado por cinco personas: un coordinador de residencia, que vive con los estudiantes; el director de la universidad en la ciudad; un coordinador de educación experiencial, que diseña todas las experiencias inmersivas en la ciudad, para que aprendan sobre la cultura local; y dos miembros del equipo psicológico.
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-¿Por qué eligieron Buenos Aires como ciudad de rotación para los estudiantes?
-La elección parte de los criterios que consideramos para todas las ciudades de rotación: deben ser ciudades cultural y económicamente ricas e interesantes. La cultura y la historia deben brindar excelentes oportunidades para aprender sobre el mundo. Además, necesitamos que ofrezcan una conectividad a internet muy fiable. Y, por último, deben ser seguras en tres sentidos: frente a la delincuencia, frente a los gobiernos, y en términos de identidad. En todos estos aspectos, Buenos Aires es una ciudad maravillosa para nosotros. Nuestros estudiantes se sintieron siempre seguros aquí, y la experiencia y el aprendizaje que adquirieron fueron excepcionales. Esto nos anima a crecer aquí.
-¿Cómo diseñaron el modelo de Minerva University?
-Sabíamos a qué tipo de jóvenes queríamos dirigirnos: a los más talentosos del mundo, comprometidos con un futuro seguro y sostenible, que anhelan convertirse en expertos en resolución de problemas complejos. Y a partir de ello, tuvimos el lujo de diseñar el modelo de aprendizaje desde cero, con una hoja en blanco. El modelo integra diferentes tipos de aprendizaje. Por un lado, desarrollamos clases con un máximo de 21 estudiantes, con un modelo basado en el diálogo. Para ello, utilizamos tecnología de aprendizaje virtual, lo que nos permite que los estudiantes puedan estudiar con sus compañeros que residen en otras ciudades, a la vez que nos facilita la pedagogía que empleamos en el aula y nos permite evaluar en tiempo real el nivel y la calidad de la participación en el aula. Asimismo, estas pequeñas clases de seminario están integradas con el aprendizaje basado en proyectos. El objetivo es que los estudiantes apliquen los conocimientos y las habilidades adquiridas en proyectos que les interesan y les apasionan. Y a esto se suma también un programa de aprendizaje experiencial y de inmersión cultural, a través del cual pueden aprender sobre la historia y la cultura del lugar en el que viven.
-¿Qué tiene de innovadora la vida residencial que proponen?
-La vida residencial es otra de las áreas de innovación de Minerva University. En cada residencia conviven estudiantes de decenas de países, más allá de las diferencias nacionales, étnicas y religiosas. Tienen que aprender a convivir, y la mejor manera de hacerlo es aprendiendo a entenderse. Nos esforzamos por fomentar la comprensión para que estas pequeñas aldeas globales sean saludables. Consideramos la vida residencial como una experiencia de aprendizaje en sí misma. Somos una universidad muy selectiva, pero a diferencia de otras, no tenemos un campus grande, hermoso y costoso. Y la razón de ello es que enseñamos a nuestros estudiantes a tratar la ciudad como su campus: todos los recursos necesarios para aprender cada disciplina están disponibles con un poco de ingenio, y construimos también alianzas para garantizar ese acceso. Como parte de la propuesta, además, cada cohorte viaja a otras ciudades cada año. A partir de estas experiencias y al graduarse de la universidad, queremos que los estudiantes puedan responder preguntas fundamentales: ¿Quién quiero ser? ¿Dónde quiero vivir? ¿Y qué quiero hacer?
POLITICA
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, irá a juicio oral por abuso sexual
El juez no hizo lugar al pedido de sobreseimiento que hizo la defensa del jefe municipal. La denunciante es su exsecretaria, Melody Rakauskas.
La entrada El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, irá a juicio oral por abuso sexual se publicó primero en Nexofin.
Este martes se confirmó que el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, ira a juicio oral bajo por el delito de abuso sexual contra su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. El juez Fernando Caunedo de la causa tomó esta decisión al rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa del jefe municipal.
La resolución reciente apunta a que el imputado está acusando de haber abusado sexualmente de Rakauskas, “quien se desempeñaba como secretaria privada de la Intendencia de La Matanza”.
La presenta victima relató que su entonces pareja y también amigo de Espinoza, Gustavo Cilia, la llevó a trabajar a la Secretaría Privada del intendente. En base a lo dicho por Rakauskas, el intendente la invitó a cenar a su casa el 10 de mayo de 2021.
Según las averiguaciones, Espinoza “quería cenar con ella para conversar sobre su trabajo”, en su rol como “superior jerárquico de la víctima”.
El juez Caunedo planteó que “la victima señaló que esa noche cenaron normalmente, pero que se sintió muy incómoda” y que “luego, contó que a los pocos días el imputado volvió a decirle que esa noche cenarían en su domicilio, cuya decisión fue nuevamente de él, sin consultarle si podía“.
Melody Rakauskas
Asimismo, afirmó que la secretaria privada “se sintió muy suelta” durante al cena, lo que le hizo llegar a creer que el imputado le había puesto ‘algo’ a la bebida, pero que durante esa noche no se ‘propasó’ con ella, “solo le hizo preguntas de carácter muy personal”.
Los abusos denunciados por la exfuncionaria se produjeron durante la madrugada del 11 de mayo de 2021, después de “la tercera y última vez que cenaron”.
La resolución menciona además que el jefe municipal desobedeció la prohibición vigente desde el 4 de junio de 2021 que le impedía acercarse a la denunciante o de contactarse con ella.
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