La jueza federal Arroyo Salgado indagó al actual titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) Pablo Luis Santos por su rol en la firma de contratos de seguridad para el organismo sospechados de encubrir coimas en la causa Securitas. Además, investiga los contratos con el Estado Mayor del Ejército, el Senasa y Aeropuertos Argentinas 2000.

Santos fue nombrado en ese cargo por el decreto 79 del presidente Javier Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos pero los contratos que se investigan son de las gestión de los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Antes del 2023, Santos era director de administración del RENAPER.

Ahora, a pedido del fiscal Fernando Dominguez la magistrada deberá decidir si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Santos en función de las pruebas existentes en la causa que, la semana pasada, cobró mayor relevancia por el video en que se ve al ex senador K Edgardo Kueider contando fajos de dólares en su oficina del gobierno de Entre Ríos, en Paraná.

Santos en uno de unos 30 funcionarios y ex funcionarios de esos organismos y directivos de Securitas que están siendo indagados por la jueza por cohecho y direccionamiento de licitaciones públicas de seguridad.

El fiscal Domínguez, con el apoyo de los titulares de la PROCELAC Diego Velasco y de la PIA, Sergio Rodríguez, avanza en esta megacausa con el negocio de la seguridad privada para organismos del Estado.

Los fiscales imputan a Santos, en su carácter de ex director General de Administración del RENAPER, “el haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en los procedimientos de selección de dicho organismoo, direccionado su adjudicación” a la firma Consultora Videco y MAC, dos satélites de Securitas.

Además, también el haber supuestamente “recibido dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, en base al estudio de licitaciones millonarios, mails interceptados y testimonios.

Por ejemplo, Santos “intercambió mails con Gabriel Di Cesare -uno de los gerentes de Securitas- para la contratación de la empresa MAC” y en otros le explicaba a Di Cesare “como debía presentar notas para cobrar las facturas adeudadas a Videco y MAC”.

Además, los fiscales imputaron a Juan José Damico, ex director del RENAPER, haber autorizado los pagos supuestamente indebidos a esas empresas de seguridad.

Por otra parte, acusaron a “Hugo Miola, director de Arsenales del Ejército el haberse interesado en miras del beneficio de un tercero en los procedimientos de selección direccionando la adjudicación a favor de Securitas como así también el haber recibido dinero para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

En este caso, se investigó la instalación de un sistema de seguridad informática en el Estado Mayor General del Ejército. Tres propuestas: CAS Tecnología y Seguridad, USS Tecnología en Seguridad y Securitas. En este caso, se habla de un “proveedor fraudulento LA Solutions y pagos a “Contaduría General del Ejército-Club de Campo Los Horneros”.

En el rubro de contratos con fuerzas de seguridad llama la atención que “a oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no le pagaban las coimas en efectivos sino a través de pasajes aéreos y hoteles en Europa”.

En el caso de SENASA, también se direccionaron o cartel izaron licitaciones (una por 92 millones de pesos) a Guardan, otra firma “vinculada a Mac Servicios, Videco y Securitas”.

Los fiscales también investigan al concesionario privado Aeropuertos Argentina 2000 porque en esa empresa el Estado tiene el 20 por ciento de las acciones y objetan un contrato de 2017.

Luego indican que la lista de organismos donde una investigación interna de la empresa revela el pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la empresa estatal de aguas AYSA. Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan otras dependencias provinciales la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense.

La causa se abrió por una autodenuncia de los dueños extranjeros en base a una investigación interna de Applied Facts que habla de procesos de selección irregulares y cartelización, entre otros.

Esa investigación interna detectó pagos indebidos al RENAPER, entregas de coimas en sobres de papel madera desde un vehículo blindado de Securitas a otros autos mientras circulaban alrededor del obelisco para no despertar sospechas.

Este sistema de corrupción “fue de tal magnitud que incluyó dentro de sus recursos disponibles el uso de más de 300 proveedores fraudulentos, incluso varios de estos gestionados por algunas de las personas que conformaban la asociación delictiva, para enmascarar financiera y contablemente, las millonarias salidas de dinero del grupo empresario, que en realidad eran destinadas al pago de los sobornos que requerían para el desenvolvimiento eficaz de su plan criminal”, destacan los fiscales en su requerimiento de instrucción original.

Esta estructura “era liderada por Christian Faria, quien revestía durante este período el carácter de presidente del Grupo y le es atribuible la calidad de jefe de la asociación ilícita, y a sus laderos Gabriel Di Cesare, Alejandro Castex, Alberto Alesci, Julio Terrado, Carlos Rinaudo, Luis Vecchi, Claudio Tortul y Marcelo Tortul, encargados, desde sus roles directivos y gerenciales, de ser los organizadores de la ejecución del plan”, entre otros.

El Grupo Securitas está conformado por trece sociedades comerciales: Securitas Argentina S.A, Consultora Videco S.A., Securitas Servicios S.A., Securitas Buenos Aires S.A., Securitas Sur. S.A, Securitas Countries S.A., Securitas Buenos Aires 1 S.A., Fuego Red S.A., Trailback S.A., Aipaa SRL, El Guardian S.A., Vigilan S.A. y Seguridad Argentina S.A.