El conflicto en Yemen experimentó una nueva escalada cuando Arabia Saudita bombardeó este martes la ciudad portuaria de Mukalla. El objetivo de este ataque, según fuentes regionales, fue una remesa de armas enviada desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) destinada a las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC). Mukalla, situada en una ruta comercial internacional clave, se convierte así en un punto central cuyo control puede tener consecuencias para la seguridad en el Golfo Pérsico.

La reacción de los EAU no se hizo esperar, y tras el bombardeo, anunciaron la retirada de sus fuerzas del territorio yemení. Esta decisión, aunque significativa desde el punto de vista simbólico y político, no implica necesariamente un cese del respaldo militar y financiero que los EAU proporcionan al STC, que sigue siendo su principal aliado en el sur del país.

El ataque saudí a Mukalla marca un momento de tensión inédita entre dos actores que hasta hace poco tiempo actuaban coordinados en Yemen como parte de una coalición contra los rebeldes hutíes. Este incidente, además de poner de manifiesto la competencia creciente entre Riad y Abu Dabi por la influencia en Yemen, introduce un factor de inestabilidad en una guerra que ya ha desplomado la economía y exacerbado la crisis humanitaria.

La intervención saudí no solo responde a la preocupación de que el envío de armas fortalezca aún más a los separatistas sureños, sino que también representa una advertencia directa a Emiratos Árabes Unidos sobre los límites de su apoyo al STC. Arabia Saudita ha manifestado que cualquier amenaza a su seguridad nacional constituye una línea roja y que está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para neutralizar riesgos percibidos en su frontera sur.

La retirada emiratí, aunque presentada como un movimiento estratégico, no altera de fondo la relación de apoyo con el STC. Las autoridades emiratíes han sostenido que la integridad territorial y el destino político de Yemen deben ser decididos por los propios yemeníes, lo que reitera su disposición a respaldar a las fuerzas separatistas, mientras que, a nivel diplomático, mantienen un discurso de autodeterminación y no injerencia directa.

El Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, ha protagonizado un avance decisivo en el sur de Yemen durante las últimas semanas. Esta organización, que agrupa a movimientos separatistas con el objetivo de restaurar la independencia del antiguo Sur de Yemen, consolidó su control sobre extensos territorios, incluyendo provincias de gran importancia estratégica y económica.

Las fuerzas del STC se apoderaron de la mayor parte de las provincias de Hadramout y Mahra. En Hadramout, el grupo tomó el control de instalaciones clave como PetroMasila, la mayor compañía petrolera del país, después de enfrentamientos breves con fuerzas gubernamentales y sus aliados tribales. Esta ofensiva se produjo en un contexto en el que la Alianza Tribal de Hadramout, apoyada por Arabia Saudita, había ocupado temporalmente las instalaciones petroleras para presionar por una mayor participación en los ingresos del crudo y mejoras en los servicios públicos locales.

La rápida expansión del STC incluyó también la toma de la provincia de Mahra, en la frontera con Omán, y el control de un paso fronterizo estratégico entre ambos países. En la ciudad de Adén, el grupo separatista, con apoyo emiratí, ocupó el palacio presidencial, sede del Consejo de Liderazgo Presidencial, órgano de gobierno reconocido internacionalmente.

El avance del STC no solo modificó el equilibrio de poder en el sur de Yemen, sino que también desafió la alianza anti-hutí, exacerbando las tensiones con el gobierno yemení y sus aliados tribales. El control de puertos, zonas petroleras y pasos fronterizos proporciona al STC influencia política y capacidad de negociación en eventuales conversaciones para definir el futuro del país.

La consolidación territorial del STC fue facilitada por la retirada de tropas saudíes de bases en Adén, enmarcada en una política de “reubicación estratégica” impulsada por Riad. Como respuesta, Arabia Saudita realizó bombardeos en Hadramout, interpretados por analistas como una advertencia al STC para frenar su expansión y abandonar las provincias recientemente ocupadas.

Este avance ha fortalecido la posición del STC de cara a futuras negociaciones, ya que el control efectivo de la mayor parte del sur de Yemen y de sus recursos energéticos les otorga poder de veto y capacidad para exigir autonomía o la restauración de un Estado independiente en el sur.

El conflicto que asola Yemen tiene sus raíces en una crisis que se remonta a 2014, cuando el movimiento hutí, alineado con Irán, avanzó desde su bastión en Saada, en el norte del país, y tomó la capital, Saná. Este acontecimiento forzó al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse, marcando el inicio de una etapa de enfrentamientos armados a gran escala. La entrada de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en 2015, al frente de una coalición, buscó restaurar al gobierno derrocado y frenar el avance hutí, intensificando la dimensión regional del conflicto.

La guerra civil yemení se ha caracterizado por una compleja red de lealtades y rivalidades sectarias, así como por la intervención de actores regionales con intereses contrapuestos. Los hutíes consolidaron su dominio sobre las zonas más pobladas, incluida la capital, mientras que el sur del país quedó bajo la autoridad de una coalición de fuerzas leales al gobierno, respaldadas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esta división territorial agravó la fragmentación política y social del país.

El surgimiento del Consejo de Transición del Sur (STC) en 2017 añadió un nuevo actor al tablero. Este grupo, fundado como paraguas de organizaciones separatistas con aspiraciones de restaurar la antigua República Democrática Popular de Yemen (existente entre 1967 y 1990), recibió apoyo militar y financiero crucial de Emiratos Árabes Unidos. El STC se consolidó como la fuerza dominante en el sur, acumulando influencia y recursos, y reclamando el derecho de autodeterminación para la región.

Durante los últimos años, el conflicto derivó en una situación de estancamiento. Un acuerdo informal entre los hutíes y Arabia Saudita en 2022 redujo la intensidad de los enfrentamientos directos y las campañas aéreas, aunque la crisis humanitaria y el colapso económico persistieron. La relativa calma existente hasta hace pocas semanas se ha visto interrumpida por la ofensiva del STC y la reacción saudí, reavivando la violencia y evidenciando la fragilidad de cualquier equilibrio logrado.

El desarrollo de la guerra civil en Yemen ha tenido consecuencias devastadoras para la población. El prolongado enfrentamiento ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas desplazadas, escasez de alimentos y servicios básicos, y una economía colapsada por años de conflicto, bloqueo y destrucción de infraestructuras.

La escalada entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en Yemen repercute más allá de las fronteras del país, afectando el delicado equilibrio geopolítico en el Golfo y el mar Rojo. El enfrentamiento abierto entre ambos actores siembra incertidumbre sobre la estabilidad de la región y podría desencadenar una reconfiguración de alianzas y estrategias en otros frentes.

Uno de los principales riesgos es la posibilidad de que la fractura entre Riad y Abu Dabi derive en una guerra civil dentro del propio sur de Yemen, donde facciones rivales podrían disputar el control de territorios y recursos. Además, la falta de consenso sobre el futuro político de Yemen impide avanzar hacia una solución negociada que ponga fin a la guerra civil. El apoyo continuo de los EAU al STC y la negativa saudí a aceptar la independencia del sur auguran un periodo de inestabilidad prolongada.

El conflicto también puede extenderse a otros escenarios donde ambos países tienen intereses contrapuestos, como Sudán y el Cuerno de África. La rivalidad y la competencia por el control de rutas marítimas y accesos comerciales estratégicos podrían intensificarse, generando tensiones adicionales en áreas ya marcadas por la volatilidad.

Para los hutíes, el distanciamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos representa una oportunidad. La división entre sus principales adversarios les permite consolidar posiciones y reducir la presión militar sobre sus territorios, en un momento en el que el conflicto parecía encaminado a una relativa contención. Observadores internacionales apuntan a que los hutíes podrían aprovechar la fragmentación de la coalición anti-hutí para reforzar su control en el norte y aumentar su influencia en el panorama político nacional.

A nivel diplomático, la reacción de las potencias occidentales ha sido contenida. Aunque existe un respaldo tácito a la integridad territorial de Yemen y a la continuidad de un Estado unitario, los gobiernos occidentales han evitado pronunciamientos directos contra Emiratos Árabes Unidos y han apostado por respuestas prudentes. Esto podría dificultar la formación de consensos internacionales en torno a cualquier salida negociada o intervención de mediación.

La situación en Yemen, lejos de avanzar hacia una resolución, se adentra en una fase de incertidumbre, con múltiples actores locales y regionales persiguiendo objetivos divergentes. La competencia entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la consolidación del STC en el sur y la persistencia de los hutíes en el norte configuran un escenario donde el futuro del país depende de la evolución de las rivalidades regionales y la capacidad de las partes para negociar acuerdos viables.

A federal judge ordered the Trump administration to produce documents related to its decision to investigate and bring criminal charges against Salvadoran migrant Kilmar Abrego Garcia while he was detained at a maximum-security prison in El Salvador earlier this year – signaling what is sure to be an action-packed evidentiary hearing in Nashville next month. 

The order, filed by U.S. Judge Waverly Crenshaw earlier this month and released to the public Tuesday afternoon, requires the Justice Department to produce all relevant documents to defense lawyers pertaining to its decision earlier this year to open an investigation and seek criminal charges against Abrego Garcia for conduct stemming from a 2022 traffic stop. 

ABREGO GARCIA REMAINS IN US FOR NOW AS JUDGE TAKES CASE UNDER ADVISEMENT

The Justice Department opened the criminal investigation and presented the case to a grand jury earlier this year, when Abrego Garcia was detained at CECOT, and at the same time as lawyers for the Trump administration officials were telling a separate federal judge in Maryland that they were powerless to bring him back from Salvadoran custody. 

The new order stops short of compelling any government witnesses to testify for next month’s hearing, including testimony from Deputy Attorney General Todd Blanche, whose remarks – for months – have been at the center of the vindictive prosecution effort pursued by Abrego Garcia’s defense team in Tennessee.

Abrego Garcia’s attorneys have argued Blanche played «a leading role» in the decision to prosecute him, a notion Blanche’s office has vehemently dismissed.

They had also honed in on the involvement of Blanche’s associate, Aakash Singh. 

«The cornerstone of Abrego’s motion to dismiss is that the decision to prosecute him was in retaliation for his success in the Maryland District Court,» Crenshaw said in the newly unsealed ruling. 

Salvadorian troops are seen guarding the exterior of CECOT, or Counter Terrorism Confinement Center, on Dec. 15, 2025, in Tecoluca, El Salvador.  (John Moore/Getty Images)

«Indeed, at the time of Abrego’s arrest, Blanche linked Abrego’s criminal charges to his successful civil lawsuit in Maryland. Specifically, some of the documents suggest not only that McGuire was not a solitary decision-maker, but he, in fact, reported to others in DOJ and the decision to prosecute Abrego may have been a joint decision, with others who may or may not have acted with improper motivation.» 

U.S. District Judge Waverly Crenshaw had ruled in October that Abrego Garcia had established a «reasonable likelihood» that the criminal case against him was the result of vindictive prosecution by the Justice Department, a determination that shifted the burden to the government to rebut ahead of the criminal trial, and ordered the Trump administration to produce for the court internal documents and government witnesses to testify about its decision to bring the case. 

SCOTUS TO REVIEW TRUMP EXECUTIVE ORDER ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

Lawyers for the Justice Department fiercely resisted efforts to produce government witnesses or documents, arguing that the documents should be protected by attorney-client privilege and work-product privilege, among other things. 

The evidentiary hearing is slated to take place on Jan. 28.

Crenshaw separately canceled the criminal trial date for Abrego Garcia, though the update is likely more a procedural one than a reflection of the status of the case.

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Abrego Garcia’s status has been at the center of a legal and political maelstrom for nearly 11 months, after he was arrested and deported to his home country of El Salvador, in violation of a 2019 withholding of removal order. 

This is a breaking news story. Check back for updates.

U.S. Central Command announced on Tuesday that the U.S. and partner forces have terminated or captured nearly 25 ISIS figures since a December 19 strike in Syria.

«U.S. Central Command (CENTCOM) and partners across Syria killed at least seven ISIS members and captured the remainder during 11 missions conducted Dec. 20-29. The operations also led to the elimination of four ISIS weapons caches,» an article posted by the CENTCOM X account said.

«These recent missions followed the launch of Operation Hawkeye Strike on Dec. 19 when U.S. and Jordanian forces struck over 70 targets with more than 100 precision munitions. The massive strike executed by dozens of fighter aircraft, attack helicopters and artillery destroyed ISIS infrastructure and weapons sites across central Syria,» the article explained.

TRUMP TARGETS ISIS IN NIGERIA AMID WARNINGS SAHEL REGION IS BECOMING ‘EPICENTER OF TERRORISM’

The U.S. and partner forces in Syria have carried out activity in the last 12 months that led to more than 300 terrorists getting detained and more than 20 being killed, according to CENTCOM.

The CENTCOM post noted that this year, there have been «at least 11 plots or attacks against targets in the United States» that were inspired by ISIS.

WAR SEC HEGSETH ISSUES STATEMENT AFTER TWO US SOLDIERS KILLED IN SYRIA ARE IDENTIFIED

President Donald Trump salutes as he observes the return of the remains of two Iowa National Guard members and a translator killed in an attack in Syria during a ceremony at Dover Air Force Base in Delaware on Dec. 17, 2025. ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images)

«We will not relent,» CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper said in a statement. «We are steadfast in commitment to working with regional partners to root out the ISIS threat posed to U.S. and regional security.»

«Continuing to hunt down terrorist operatives, eliminate ISIS networks, and work with partners to prevent an ISIS resurgence makes America, the region, and the world safer,» Cooper added.

US LAUNCHES ‘VENGEANCE’ ATTACK ON ISIS TARGETS AFTER NATIONAL GUARD SOLDIERS KILLED

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Two Iowa Army National Guard soldiers and a civilian interpreter were killed earlier this month in Syria. The soldiers were later identified as Sgt. Edgar Brian Torres-Tovar, 25, of Des Moines, Iowa, and Sgt. William Nathaniel Howard, 29, of Marshalltown, Iowa. The interpreter was Ayad Mansoor Sakat, 54.