Después que ocho millones de telespectadores la escucharon el lunes a la noche en televisión, Marine Le Pen no solo decidió apelar la sentencia que la condena a su “inelegibilidad” como candidata presidencial de Reagrupación Nacional para las próximas elecciones en Francia por malversación de fondos públicos. Acusó “al sistema de desplegar «una bomba nuclear» para eliminarla.

«El sistema ha lanzado la bomba nuclear. Si están usando un arma tan poderosa contra nosotros, es porque estamos a punto de ganar las elecciones», declaró Marine Le Pen a los diputados, que la aplaudieron este martes a su llegada a la Asamblea Nacional.

Atacó el “sistema” en términos de los cuales se había distanciado en los últimos años, cuando recicló su partido para volverlo aceptable. «No permitiremos que esto suceda», declaró ante los legisladores.

«Lo que acaba de ocurrir es un escándalo democrático, una vergüenza para nuestro país», dijo la presidenta del grupo RN a sus diputados. «¿Cómo podrián defender al señor (Alexei) Navalny? ¿Cómo podrán defender al principal opositor del señor (Recep Tayyip) Erdogan, que actualmente se encuentra encarcelado?», enumeró, citando también al candidato rumano excluido de las elecciones presidenciales.

«La injerencia de los magistrados en las elecciones presidenciales constituye una alteración del orden público», afirmó Le Pen.

«¿A quién podremos dar la más mínima lección de democracia en el mundo mañana?», dijo durante este encuentro abierto a la prensa.

«Después de dos horas del primer día, comprendí que no me juzgarían con normalidad», afirmó Marine Le Pen. “Esta sentencia es una locura, la ley está tergiversada. Las elecciones presidenciales son el objetivo declarado de esta decisión. El magistrado pasa por alto las elecciones municipales y las posibles elecciones legislativas anticipadas. Querer forzar la voluntad de los votantes es una auténtica vergüenza; no hay un solo país donde sucedan cosas así”, denunció la líder de la ultraderecha francesa.

La presidenta de RN en la Asamblea aseguró que «los abogados recibieron la sentencia recién esta mañana a las 9.30 horas», a diferencia de los periodistas. La sentencia de la 11ª Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia de París fue leída y explicada el lunes por la mañana durante casi dos horas.

Ojerosa pero combativa, fue aplaudida a su llegada por los diputados. La presidenta del grupo intentó motivar a sus tropas: «No se dejen intimidar. No se dejen desmoralizar». «Vamos a ganar», reiteró la líder del RN, renovando su llamado «a una audiencia de apelación lo antes posible», con la esperanza de poder competir en las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada el lunes a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos, con inmediata efectividad. Una carrera contra el reloj por la candidatura presidencial.

La sentencia por pagar con fondos del Parlamento europeo a 8 empleados ficticios es de 4 años de prisión en suspenso y debería usar tobillera electrónica. También deberá pagar una multa de 100.000 euros, cuando su partido está cargado de deudas. Todo eso está suspendido hasta la apelación. Pero su inelegibilidad es inmediata y no va a ser resuelta rápidamente. Puede llevar meses o años. Ella le reclama a la justicia velocidad, cuando una apelación puede ser convocada en 9 a 12 meses como mínimo.

Este martes a la tarde, los jueces adelantaron que la apelación posiblemente podría tener una respuesta en el verano europeo de 2026, es decir, dentro de más de un año.

Al haber decidido apelar, Marine Le Pen solo queda sentenciada a la inelegibilidad como candidata, gracias la ley Sapin 2, que condena la corrupción y el tráfico de influencias. La ley de inelegibilidad fue redactada por el ex ministro de economía socialista de François Hollande, Michel Sapin.

El gobierno y los políticos franceses no están cómodos con esta decisión de los jueces, que se sienten amenazados tras su sentencia. También con la ejecución inmediata de la ilegebilidad.

El primer ministro François Bayrou lo comentó entre los suyos en Matignon y este martes hizo una declaración pública.

El gobierno «no tiene derecho» a «criticar» una decisión judicial, declaró el primer ministro Bayrou en la Asamblea Nacional, cuando fue interrogado el lunes sobre la condena del RN. «No existe ninguna posibilidad, especialmente para un funcionario del gobierno, de criticar una decisión judicial» y «ni siquiera nosotros tenemos derecho a hacerlo».

Bayrou consideró este martes que «los parlamentarios deben reflexionar» sobre “la ejecución provisional”, lo que «significa que las decisiones graves y pesadas no sean susceptibles de recurso».

El primer ministro explicó durante las preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional: «No tengo intención de mezclar el debate sobre una sentencia, que no comento y que apoyo, con la reflexión sobre el estado de derecho, que es competencia del Parlamento».

Bayrou está afectado por un juicio similar. Pero el problema para el gobierno es la amenaza de Reagrupación Nacional de agitar un voto de censura, que puede liquidarlo. Nadie tiene mayoría en la Asamblea Nacional francesa ,tras la disolución ordenada por Emmanuel Macron.

Un aliado conservador de Marine Le Pen salió en su rescate. Eric Ciotti, presidente de la Unión de la Derecha y aliado electoral, expresó su apoyo a la líder de RN en la Asamblea Nacional, denunciando el lunes la decisión de los jueces.

«¿Sigue siendo Francia una democracia?», preguntó Ciotti, diputado por Niza. «Lo que está sucediendo es gravísimo. Estamos presenciando la toma de poder por parte de la autoridad judicial, se está instaurando el gobierno de los jueces», afirmó.

Para él, «la ejecución provisional instaura una pena de muerte política«. En este sentido, su grupo presentará un «proyecto de ley para eliminar la ejecución provisional de las penas de inelegibilidad».

Paradójicamente la izquierdista populista Francia Insumisa coincide con la ultraderecha. La Francia Insumisa «siempre ha estado en contra de la medida de ejecución provisional» . «Cuando se trata de nuestros adversarios, mantenemos la misma posición», declaró la diputada del LFI Marianne Maximi.

Pero «esto plantea otras cuestiones», por ejemplo sobre la «duración de los recursos». Debido a la falta de recursos para acceder a la justicia, los ciudadanos franceses se ven obligados a esperar tiempos «insoportablemente largos», subrayó.

Los socialistas salieron en defensa de la independencia de la justicia. Boris Vallaud, presidente del grupo socialista en la Asamblea, dijo que “interpelar a los magistrados supone ejercer sobre ellos una presión inaceptable, que exige las condenas más enérgicas», declaró en la Cámara.

“Impugnar las decisiones judiciales corre el riesgo de llevarnos a un «callejón sin salida que nos aleja del Estado de derecho, de la democracia. La justicia no está en el banquillo de los acusados», añadió. Pidió al primer ministro François Bayrou «un apoyo incondicional a la justicia en nuestro país».

La campaña contra la inelegilidad ha comenzado. A la petición en línea de Reagrupación Nacional, se suma la campaña de posters de los jóvenes y se sumará la movilización. Puede ser peor que la de los Chalecos Amarillos en Francia e igualmente violenta. Aunque el 54 por ciento de los franceses crea que “los jueces han hecho justicia”.

Una carta de la embajada estadounidense en Europa horroriza a las empresas porque amenaza contra las medidas a favor de la DEI o políticas de inclusión. Si las mantienen no podrán ser proveedores de compañías norteamericanas. Deberán abandonar sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Este fin de semana se informó que el gobierno estadounidense escribió a algunas grandes empresas de la Unión Europea para exigirles que cumplan con la orden ejecutiva de Trump, que prohíbe los programas DEI.

Les Echos, el diario financiero francés, informó que la embajada estadounidense en París, había declarado que las normas se aplicaban a empresas no estadounidenses, que suministran o prestan servicios al gobierno estadounidense.

Varias decenas de empresas de francesas han recibido esta carta, pidiéndoles que abandonen cualquier política DEI si desean firmar contratos con el gobierno estadounidense. El gobierno de Trump está en contra de la cultura Wok.

Este documento está destinado a los destinatarios si han implementado políticas internas de discriminación positiva. En este caso, les va a anular los contratos con el Estado norteamericano.

Las empresas que recibieron la carta fueron informadas que la “Orden Ejecutiva 14173”, emitida por Donald Trump al inicio de su mandato para hacer frente a los programas que promovieron incluso la igualdad de oportunidades en el gobierno federal, también aplica “obligatoriamente a los proveedores y prestadores del gobierno en que se establece, independientemente de su nacionalidad y del país en que opere”.

La tarjeta va acompañada de un «Formulario de certificación de certificación de cumplimiento de la Ley Federal Antidiscriminación de Estados Unidos». Se pide a las empresas que lo firmen, en un plazo de cinco días, para declarar que no operan «ningún programa que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión».

En caso de rechazo, «le agradeceríamos que nos facilitara los motivos detallados, que transmitiremos a nuestros servicios jurídicos», indicó la embajada.

Según el ministerio de economía francés, diez empresas francesas incluida una gigantesca distribución, recibirán esta tarjeta dentro de tres semanas. El Ministro también explicó que se asignan sólo aquellos grupos que trabajan con la empresa establecida y no todas las empresas que operan en Estados Unidos.

Contrariamente a las declaraciones del Ministerio de Comercio Exterior, el ministerio de economía francés refutó el término «injerencia», afirmando que es práctico, incluso inadecuado, pero «no es ilegal».

La embajada estadounidense debe estar sujeta a cambios extraordinarios. Se trata de excluir a las empresas que aplican una política de inclusión. Sin embargo, esto no es obligatorio en Francia.

Francia no es el único país afectado. Las Embajadas de Estados Unidos en España e Italia también enviaron la carta a las empresas afectadas. Incluso colegios norteamericanos en el exterior.

A principios de este año, el ministro de Economía, Eric Lombard, dijo que el valor legal de la tarjeta de la Embajada de Estados Unidos era «incierto». “Sepan que nos tomamos esto muy en serio y apoyaremos a las empresas en estos debates”, insistió el ministro.

El ministro de comercio exterior , Laurent Saint-Martin, se ha declarado «profundamente conmocionado» por el envío de esta tarjeta y había pedido «ningún compromiso» sobre la ley y los «valores franceses».

Tras señalar que el gobierno francés mantendrá «una discusión con la embajada de Estados Unidos», el ministro afirmó que quiere «escuchar la verdad sobre la intención» de esta iniciativa.

El gigante británico de la publicidad WPP ha eliminado la «diversidad, equidad e inclusión» de sus documentos salariales para ejecutivos, en medio de una cruzada contra dichas políticas por parte del gobierno de Trump.

WPP, cuyo principal mercado es Estados Unidos, ha eliminado por completo la mención de «DEI» en su último informe anual. En él, el director ejecutivo, Mark Read, reconoció que las empresas se enfrentan a un «cuestionable interrogante» sobre si «participar en cuestiones sociales en un ámbito público más controvertido».

En el informe del año pasado, WPP incluyó «personas y DEI» como una medida clave del rendimiento no financiero de los ejecutivos, lo que contribuye a sus paquetes de bonificaciones a corto plazo. Este año, la redacción se ha cambiado a «personas y cultura».

El presidente Trump ha abandonado los programas de diversidad dentro del gobierno estadounidense y ha presionado al sector empresarial estadounidense para que haga lo mismo.

La empresa ha sido una de las principales impulsoras de las políticas de diversidad en los últimos años. En el informe anual del año pasado, WPP se declaró «líder en diversidad».

A pesar de distanciar a WPP de la palabra «D», Read reafirmó su compromiso de emplear una «fuerza laboral que refleje el mundo que nos rodea», en una carta incluida en el informe anual.

“Debido a los acontecimientos políticos, mucho ha cambiado durante el último año. Sin embargo, algunas cosas no han cambiado. En WPP, nuestro objetivo siempre ha sido fomentar una cultura de respeto mutuo donde todos se sientan parte de la comunidad y tengan las mismas oportunidades de progresar en sus carreras”, dijo.

Reconoció que WPP, «como todas las empresas con operaciones en Estados Unidos», debe monitorear «los acontecimientos y mantener bajo revisión continua cualquier implicación para nuestro negocio. Seguiremos cumpliendo con los requisitos legales en todos nuestros mercados».

El Financial Times informó recientemente que cientos de empresas estadounidenses han eliminado las referencias a «diversidad, equidad e inclusión» de sus informes anuales este año.

DEI, se convirtió en un término de moda para las empresas en los últimos años, especialmente tras las protestas de Black Lives Matter de 2020. Desde que asumió el cargo en Estados Unidos, Trump ha abandonado los programas de diversidad dentro del gobierno y ha presionado al sector empresarial estadounidense para que haga lo mismo.