El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

En total, los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados».

La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basado en notas periodísticas. El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos) y que lo hizo “para chorear”. Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.

Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello, que no los menciona en su fallo de hoy.

La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) sostuvo que son grabaciones de origen ilícito y reclamó, por eso, que toda la causa fuera declarada nula. Otros defensores se sumaron a su planteo. Hoy, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó esos pedidos de nulidad.

Noticia en desarrollo

Estados Unidos y la Argentina firmaron el jueves último el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos para profundizar la relación bilateral y cooperar en materia económica. Y aunque el pacto aún debe pasar por el Congreso, en los distintos sectores productivos ya evalúan cómo impactarán los términos negociados por las administraciones de Donald Trump y Javier Milei en su actividad.

El acuerdo incluye bajas en los aranceles para miles de productos y el alineamiento de estándares a fin de facilitar el comercio entre ambas naciones. Además, según confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, se amplió la cuota de exportación de carne vacuna a EE.UU, lo que, a priori, posiciona a la ganadería como una de las áreas más beneficiadas, junto con la minería.

En cambio, tanto a nivel agrícola como en la industria y el sector farmacéutico, persisten dudas respecto del efecto que tendrá el acuerdo comercial. Se esperan avances en la implementación para medir el impacto real de la iniciativa.

Minería

El acuerdo rubricado establece que ambos países cooperarán para facilitar la inversión estadounidense para la exploración, extracción y comercio de minerales críticos y recursos energéticos en territorio argentino. Así, EE.UU. se convierte en un socio estratégico, por ejemplo, para la explotación de litio.

“En Washington el acuerdo se lee menos como un tema comercial y más como una señal política y regulatoria y refuerza la percepción de que la Argentina se alineó con reglas de juego y estándares de EE.UU. que es algo clave para inversiones de largo plazo. Y ahí entra a jugar por ejemplo todo lo que tiene que ver con minerales críticos”, explicó Natacha Izquierdo, directora de operaciones de la consultora Abeceb, a .

Y, respecto de este sector, agregó: “Es uno de los eslabones más importantes de los ecosistemas más dinámicos en cuanto a lo que viene a largo plazo, que es infraestructura eléctrica y electromovilidad”.

Ganadería

Según confirmó Quirno, el cupo de exportaciones a EE.UU. de carne vacuna libre de aranceles se ampliará, este año, de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas. “Hay que terminar de leer la letra chica, pero como primera mirada lo vemos positivo. Abre una puerta muy importante para nuestro sector ganadero”, sostuvo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

Se trata, sin embargo, de un pacto que no está incluido de manera explícita en el texto del acuerdo y que tiene vigencia por un año, lo que suscita dudas entre los productores respecto de su sostenibilidad en el tiempo.

“Es una lástima que sea por un año y después haya que ir renovándolo. Estas renovaciones periódicas siempre quedan a la voluntad política del momento”, indicó Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), a . “Bienvenido sea, pero la ganadería es algo que va en el largo plazo. Hay que producir los novillos, que ya era algo que escaseaba en la Argentina y eso demanda mucho tiempo. Si uno ya tuviera la certeza de que todos los años va a estar ese cupo adicional, las inversiones vendrían más rápido”.

Según señalaron distintas fuentes consultadas, a diferencia de otros países de la región como Brasil, en la Argentina, el stock ganadero lleva estancado alrededor de 20 años, lo que dificulta la posibilidad de aprovechar al máximo la ampliación del cupo en el corto plazo.

En tanto, el secretario de Carbap señaló los beneficios de la apertura al ganado bovino vivo estadounidense. “Importar ganado en pie tiene que ver con traer animales para mejoramiento genético. Estas cosas ayudan al desarrollo del potencial ganadero del país”, explicó.

Agricultura

El acuerdo rubricado fija la apertura del mercado argentino a productos agrícolas estadounidenses como almendras y pistachos por cupos de 40 toneladas cada uno. Se trata de frutos que también se cosechan a nivel nacional, pero desde Carbap relativizan el impacto sobre la producción.

“Uno entiende que en estas cosas en que uno es competitivo no debería tener miedo de que se liberen las importaciones. Tiene un costo traerlo del exterior, debería ser más caro que producirlo acá, pero siempre hay que revisar cuestiones impositivas que terminan haciendo que los productos nacionales sean más caros”, explicó Ginestet.

Planteó, sin embargo, reparos en torno a la futura adhesión de la Argentina al convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, que refuerza las patentes de semillas y limita la posibilidad del productor de reutilizar la misma semilla cosechada. “Las semillas podrían empezar a tener un costo mucho mayor para los productores y eso quitaría competitividad”, afirmó. Actualmente, Argentina adhiere al UPOV de 1978, con condiciones más laxas.

Maquinaria y metalúrgica

En el sector industrial se mueven con cautela y aguardan a la implementación del acuerdo para evaluar el impacto real en cada rubro. Ya advierten, de todos modos, el perjuicio que supondrá para algunas empresas nacionales la apertura del mercado argentino a equipos médicos y maquinaria agrícola usada de EE.UU.

“El sector que compita con eso va a estar complicado porque evidentemente lo que es usado seguramente tiene un valor más bajo que el que tenemos nosotros, pero habrá que ver qué entra”, sostuvo Salvador Femenia, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que espera mayores precisiones sobre el alcance del pacto.

“Evidentemente, si entran maquinarias y equipos médicos, al sector que lo produce lo va a afectar porque, más allá de la quita de aranceles, nosotros tenemos unos impuestos que nos dejan afuera de competencia. Son sectores que van a estar atentos”, agregó y resaltó la necesidad de aprobar una reforma tributaria para avanzar hacia un esquema impositivo más progresivo.

En tanto, ve en el acuerdo comercial una oportunidad para la industria metalúrgica y se entusiasma con el compromiso de la gestión de Trump a revisar los aranceles sobre las exportaciones argentinas de acero y aluminio. Hoy, el arancel es del 50%.

consultó con la Unión Industrial Argentina (UIA) por el impacto del acuerdo, pero en la entidad aseguraron que emitirían un comunicado una vez analizados en detalle sus términos. Al cierre de esta nota, aún no se había publicado.

Automotor

El acuerdo libera de aranceles, por un año, las importaciones de hasta 10.000 vehículos estadounidenses. De acuerdo al economista Mauro Mazza, dicho cupo equivale al 1,45% de las ventas totales de automotores en la Argentina, de modo que su efecto en la industria nacional sería limitado. El pacto firmado no menciona cupo para fabricaciones automotores nacionales en EE.UU.

El impacto final dependerá de qué modelos o tipos de vehículos se terminen importando y la recepción en el público argentino. En la empresa Stellantis, por ejemplo, ya analizan la posibilidad de adquirir Jeep Wagoneer, Jeep Grand Wagoneer, Dodge Durando y RAM 1500 TRX.

Mazza, por otro lado, señaló que el acercamiento con el gobierno de Trump abre un nuevo mercado para las exportaciones argentinas de autopartes y repuestos. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina en este rubro. “La realidad es que el acuerdo no tiene un gran impacto, pero es un inicio. Lo clave es que las automotrices puedan comenzar a vender autopartes. Podrías tener a Ford, RAM y Toyota abasteciendo ciertos repuestos al mercado americano”, sostuvo.

Farmacéutica

Al igual que la UIA, en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) evitaron dar definiciones hasta terminar de leer la letra chica del acuerdo. En la misma línea, en la CAME señalaron que no se podrá evaluar con precisión el impacto hasta conocer qué medicamentos y productos se importarán.

“Si es el mismo producto que está fabricándose acá, vamos a tener un problema. El tema es que hay muchos productos y medicamentos muy específicos que hay que importarlos y los estamos pagando muy caro. Ahí habría que ver si la baja de aranceles de medicamentos puede beneficiar al que los necesita”, aseguró Femenia.

En cambio, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a laboratorios multinacionales, celebraron la adopción de estándares internacionales en materia de propiedad intelectual para profundizar la innovación e inversión en el sector farmacéutico.