El Ejecutivo anunció que presentará ante la Justicia el recurso de apelación contra la medida cautelar que suspendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que eliminó el feriado del 27 de junio, consagrado como el Día del Trabajador del Estado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, no escatimó críticas y calificó el fallo como una maniobra de la “mafia sindical” y la “casta judicial” para proteger privilegios.

La cautelar, dictada por la jueza Moira Fullana del Juzgado laboral n.º 41, alcanzó solo a los afiliados de ATE, pero ya revirtió la eliminación del feriado para ese sector. En su fallo, Fullana destacó que un decreto no puede derogar una ley —la Ley 26.876— que estableció este día como no laborable para estatales.

La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios.

Es importante aclarar que la cautelar dictada esta noche por la jueza militante Moira Fullana, suspendiendo los efectos del DNU que elimina el “feriado” del 27 de…

— Manuel Adorni (@madorni) June 26, 2025

Adorni arremetió contra la jueza por su celeridad y señaló que el DNU fue aplicado “de forma inmediata… para asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo”. El Gobierno sostiene que el feriado implicaba un gasto de unos 11.000 millones de pesos y enfatiza que “el Estado no debe otorgar privilegios que el trabajador privado no tiene”.

Por su parte, ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, celebró el fallo y lo definió como una defensa de “una conquista histórica de los trabajadores del Estado”. En redes sociales, Aguiar enfatizó que “nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional” y llamó a sus afiliados a tomar el feriado.

El conflicto ahora se traslada a la Cámara laboral, que deberá resolver la apelación en el plazo legal correspondiente, mientras que la comisión bicameral del Congreso evaluará el DNU en un plazo de diez días. El veredicto definirá si el feriado se revierte definitivamente o si se mantiene.

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(Desde Washington, Estados Unidos) La Argentina presentó nuevamente su reclamo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la situación de Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional, quien permanece detenido en Venezuela. El arresto de Gallo por autoridades afines a la dictadura de Nicolás Maduro generó inquietud en el ámbito diplomático regional, en particular entre los miembros permanentes del organismo. La reiteración del pedido en Washington, sede de la OEA, refleja la gravedad percibida por el Ejecutivo argentino respecto a la situación del ciudadano.

Durante la sesión ordinaria de este jueves del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Bernardo Cherniak, representante permanente de la Argentina, demandó la “inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y de todas las demás personas ilegalmente detenidas”, según su declaración registrada en el acta oficial del organismo. En ese sentido, pidió que se garantice la integridad física y psíquica de los retenidos por las fuerzas del régimen de Maduro.

El diplomático insistió ante el plenario que Argentina considera arbitraria la detención y subrayó: “Demandamos el pleno respeto a sus derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y los tratados bilaterales existentes entre ambos países”.

Luego de exigir la liberación del gendarme argentino, Cherniak aprovechó la oportunidad para denunciar nuevamente las “violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder” por parte de Nicolás Maduro y recordó el fraude electoral perpetrado el año pasado. “El 28 de julio del 2024, el pueblo venezolano se manifestó masivamente a través del voto a favor de una alternativa democrática, elección que fue brutalmente ignorada transgrediendo el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se consagra la voluntad del pueblo como la base de la autoridad del poder público”, consideró.

De esta manera, mencionó también “el asedio que sufrió la Residencia de la Embajada de la República Argentina en Caracas y el hostigamiento a los ciudadanos venezolanos que permanecieron allí asilados”. Tal como planteó, estos hechos “contravinieron las obligaciones internacionales por parte de quienes se arrogan ilegítimamente el poder en ese país, y que ahora también recurren a la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones falsas e infundadas, enmarcadas en un plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, cometiendo delitos de lesa humanidad”.

“Venezuela no está hoy en esta sala, como tampoco Cuba ni Nicaragua. Pero esta ausencia no nos debe confundir, porque sí están presentes los millones de voces de esas naciones hermanas, que nos interpelan en nombre de la libertad que les fue arrebatada, y que exigen que las respuestas a sus gritos de ayuda no sean la inacción ni el silencio”, concluyó su reclamo Cherniak.

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo (cabo primero, 33 años) intentó entrar a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 desde uno de los puentes internacionales que unen al país caribeño con Colombia: había salido desde Mendoza, donde tenía sus tareas asignadas, y pretendía llegar a Caracas, donde lo esperaba a su pareja para pasar las Fiestas. Desde ese día, permanece secuestrado por orden de las autoridades de la dictadura de Nicolás Maduro, acusado, sin pruebas en su contra, de tener un “plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. Incluso, Nicolás Maduro lo acusó falsamente de tener intensiones de atentar contra el vicepresidente de Venezuela.

Desde entonces, Cancillería trabajan para obtener su liberación en medio del conflicto diplomático preexistente, que comenzó cuando el presidente Javier Milei desconoció el resultado fraudulento de las elecciones en Venezuela y que derivó en la ruptura de las relaciones bilaterales. El último reclamo por Gallo que realizó Argentina ante la OEA fue en marzo de este año.

Ese planteo también estuvo en manos de Cheriniak, quien expresó: “La desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en condiciones inhumanas y sin garantías procesales, constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Su liberación es una prioridad para mi país, y confiamos en que la comunidad internacional hará uso de sus mecanismos para coadyuvar en la pronta resolución de esta situación”.

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