Se vienen 48 horas frenéticas por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel-García Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei propuso para la Corte Suprema y luego nombró por decreto ante las trabas políticas que no pudo desenredar en el Senado. Este jueves a las 14 está convocada por Victoria Villarruel en la Cámara alta una sesión especial para tratar ambos pliegos.

Si la sesión se concreta, la Casa Rosada se encamina derecho a una derrota, según coinciden en la bancada libertaria, sus aliados y el peronismo.

Por eso, el Gobierno trabaja contra reloj en lograr vaciar la sesión, es decir lograr que no haya 37 senadores sentados en sus bancas a las 14 para abrir la sesión. Según versiones que corren en el Congreso, desde el Poder Ejecutivo tienen una línea abierta con algunos gobernadores para convencerlos de que los senadores que les responden no bajen al recinto.

Lo que parece descartado era un plan B que se evaluó: que Villarruel postergue la sesión de este jueves para más adelante. «A chanchadas no me voy a prestar», se le escuchó decir a la vicepresidenta. Algo más: en la propia bancada oficialista sostienen que es mejor terminar ya con la agonía.

«Es preferible sesionar ya y perder que seguir pateando el tratamiento. La realidad es que si se hace la sesión vamos a perder, vamos a perder ahora o la semana que viene», argumentan en el oficialismo.

El número mágico de 37 para abrir la sesión es una de las incógnitas. Este miércoles a las 18, feriado del 2 de abril por los caídos en la guerra de Malvinas, la conducción de la bancada de Unión por la Patria convocó a reunión a sus 34 senadores en el segundo piso de la Cámara alta.

Son rarísimas estas actividades en un feriado, pero el motivo está justificado de sobra: lo que buscará el bloque peronista es cerrar filas y asegurar que sus 34 senadores bajen a dar quórum.

En la bancada aseguran que existe un compromiso previo de todos de darlo, más allá de cómo vote cada uno luego los pliegos. Eso sí: algunos miran con desconfianza qué hará una senadora del norte que vinculan con Sergio Massa.

También pueden surgir imprevistos de último momento. Con la Casa Rosada jugando a evitar la sesión, alguno senador peronista podría recibir un llamado de su gobernador pidiéndole que no baje al recinto.

«Hasta ahora nadie me dijo nada», aseguró anoche a Clarín un senador del PJ alineado con su gobernador. Ese legislador adelantó que votará a favor de Ariel Lijo.

El caso del juez Federal parte las aguas en la bancada de Unión por la Patria. Entre 10 y 14 senadores peronistas tienen decidido votar a favor de Lijo. ¿Qué sucedería si esos legisladores más otros del oficialismo y algunos de sus aliados también lo apoyasen?

Asoma como una incógnita de difícil pronóstico. Para que un pliego se apruebe se necesita el voto a favor de dos tercios de los senadores presentes. Si están todos en el recinto, son 48 votos.

Pero ese número se reduce en caso de ausencias o abstenciones (se cuentan como ausencias). ¿Será una jugada secreta que se buscará poner en marcha? Lijo tiene excelente llegada a diferentes sectores de la política. El personalmente se movió en el último año para conseguir los votos para su designación.

La contra que tiene es que a Cristina Kirchner y a otros sectores de la bancada de UxP no les resulta confiable. Sobre todo por dos hechos recientes. El primero es que la Cámara Federal le concedió en febrero pasado al magistrado la licencia que pedía para poder asumir como ministro de la Corte. La Cámara genera urticaria en el kirchnerismo: la califican de «macrista».

El segundo es que Lijo sobreseyó a María Eugenia Vidal en una causa por enriquecimiento ilícito.

Entre los senadores más cercanos a la presidenta del PJ están convencidos de que suman al menos 20 votos propios para rechazar el pliego de Lijo.

Y creen que llegarán a tener más de 25 -con ese número impiden que el Gobierno reúna los dos tercios que exige la Constitución Nacional- gracias a que también seguro votarán en contra del juez los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Carolina Losada, la larretista Guadalupe Tagliaferri y el ex libertario Francisco Paoltroni.

Podrían haber más votos, por ejemplo el de Luis Juez y otros senadores del PRO. Mauricio Macri, jefe del partido amarillo, ya se pronunció en contra de Lijo, al igual que Juez y Alfredo De Angeli.

Lo que hay que ver si en la dinámica de estas 48 horas el Gobierno no establece alguna negociación que genere algún cambio, por ejemplo que se produzcan ausencias. O que no den quórum.

El caso de Manuel García-Mansilla, quien sí ya juró como ministro de la Corte, en principio asoma más sencillo. Los 34 senadores de UxP estarían comprometidos a votar en contra del abogado. Ya con eso alcanza y sobra para rechazar su pliego.

Pero seguramente se sumarán más votos en contra, como los de Blanco, Lousteau y Tagliaferri, quienes cuestionaron duramente -al igual que el peronismo- que García-Mansilla haya dicho en la audiencia pública de agosto del año pasado en el Senado que nunca aceptaría asumir por decreto en la Corte y finalmente lo hizo.

En la UCR aseguraban en la noche de este lunes que habrá quórum el jueves. Que la decisión tomada la semana pasada en el bloque era bajar al recinto.

Abrían, eso sí, la posibilidad que alguno sorpresivamente no lo hiciera. Pero subrayaban un dato clave: los dos senadores que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijeron en el bloque que había que terminar de una vez con el tema de los pliegos.

El mandatario mendocino tiene buena relación con la Casa Rosada. Es más: fue uno de los radicales que le recomendó al Gobierno que retirara los pliegos del Senado para, así, evitar una derrota. Desde otros sectores, incluso desde la bancada libertaria del Senado, le hicieron la misma sugerencia al Poder Ejecutivo, que hasta ahora hizo oídos sordos.

«Son unos caprichosos. Ahora que se joroben», señaló a Clarín un senador radical.

Ese senador rechazó de plano una de las alternativas que se barajaban este lunes por la noche. Que a último momento el Poder Ejecutivo resuelva el retiro de los pliegos del Senado. Pero para hacerlo, el artículo 137 del reglamento del Senado establece que se necesita la anuencia del cuerpo, es decir que haya una mayoría simple a favor del retiro.

Tampoco en UxP están de acuerdo con el retiro. «Si lo proponen, votaremos en contra», asegura una referente del bloque peronista. La decisión es clara: rechazar sin más el pliego de García-Mansilla.

Aunque el ministro está nombrado por decreto presidencial en comisión por un año en la Corte, se abriría un conflicto de poderes. Su firma en sentencias, incluso, podría sufrir impugnaciones, según hacen trascender desde sectores del propio máximo tribunal.

Hay que prestar atención al temario de la convocatoria a la sesión. En primer termino figura el tratamiento del pliego de Lijo, luego el de García-Mansilla.

El argumento oficial es que se ordenó así porque el primero que obtuvo dictamen fue Lijo y después el ya ministro de la Corte. Pero habría detrás una picardía: obligar a que ya en la primera votación queden expuestos quiénes apoyan a Lijo y quienes lo rechazan.

Con suspicacia, algunos incluso sospechan que detrás puede haber un intento de que la sesión se caiga durante el tratamiento de Lijo para así preservar el de García-Mansilla, que es el que ya le importa más al Poder Ejecutivo.

Este lunes al atardecer, los senadores de Unión por la Patria José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti presentaron un proyecto que propone subir la cantidad de auditores de la Auditoria General de la Nación de 6 a 8 -cuatro por el Senado y otros tantos designador por Diputados- y recortar sus mandatos de 8 a 4 años.

Proponen un tercer cambio en la legislación actual, que es de 1992: que el salario de los auditores sea equivalente a los de los legisladores. En la actualidad un auditor cobra muy por encima de los $ 10 millones de pesos, es decir más que los diputados y senadores.

Con la suba de la cantidad de auditores lo que se busca es destrabar la pelea política en ambas cámaras del Congreso por los 6 asientos que están vacantes. Los tres que le corresponden a Diputados están vacíos hace un año: se los disputan cinco candidatos: dos de Unión por la Patria, un radical, un macrista y un libertario.

Los tres del Senado quedaron vacantes este lunes. También se avecinaba en la Cámara alta una pelea encarnizada por los puestos entre el peronismo, la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.

La alternativa de aumentar la cantidad de auditores, acortar sus mandatos y atar sus sueldos a los de los legisladores fue bien recibida por legisladores de la UCR y también por lo que se denomina el grupo de los 38, es decir los 38 senadores de diferentes bloques que juegan aliados al oficialismo y en contra del kirchnerismo.

Trascendió, incluso, que el senador salteño Juan Carlos Romero, que articula ese grupo de los 38, está de acuerdo con la propuesta. Pero no acompañó el proyecto de ley porque primero quiere debatirlo con los senadores de los diferentes espacios que conforman esos 38.

Romero fue miembro informante, en 1992, de la Ley de Administración Financiera que estipuló la cantidad de auditores y sus mandatos de 8 años en la Auditoria General de la Nación, el principal órgano de control de la cuentas públicas del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados.

«En ese momento parecían mandatos razonables. Los senadores duraban 9 años en sus cargos y el Presidente, 6″, se le escuchó decir en el Senado a Romero. Los cambios en esos mandatos ocurrieron con la reforma constitucional de 1994.

En caso de acuerdo –Mayans habló de su proyecto este lunes con Victoria Villarruel– podrían intentar tratarlo sobre tablas ya en la sesión de este jueves.

En caso de que haya acuerdo político para modificar la ley de la AGN, algunos interpretan que ese puede ser el puntapié para empezar a conversar acerca de una ampliación de dos miembros de la Corte. Siempre y cuando, claro, que este jueves sean rechazados los pliegos de Lijo y García-Mansilla.

Como dijo un senador peronista a Clarín: «Las próximas 48 horas van a parecer un año. Cualquier cosa puede pasar».