Medios de Hong Kong y portales en chino reportaron que el gobierno hongkonés convocó al Cónsul General de Panamá en la ciudad, José Ramón de Jesús Varela Fábrega, para expresar su rechazo a la decisión judicial panameña que anuló el contrato de CK Hutchison para operar dos puertos vinculados al tránsito del Canal de Panamá.

Según esos reportes, el encuentro fue encabezado por el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah. Yau comunicó una “fuerte insatisfacción” con el fallo. También sostuvo que la medida afecta la confianza de inversionistas. Y que impacta las reglas del comercio internacional.

La citación se produjo después de pronunciamientos difundidos en China sobre posibles “graves consecuencias” para Panamá, en el marco de la reacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En esa línea, autoridades de Hong Kong señalaron que CK Hutchison había realizado inversiones y generado empleos durante años, y reclamaron un entorno de negocios “justo e imparcial” para empresas que operan legalmente.

El planteamiento incluyó una petición para que Panamá respete el “espíritu del contrato” y garantice “trato y protecciones” a compañías de Hong Kong.

El origen de la controversia está en el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el marco que sostenía la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

La sentencia anuló el contrato y sus extensiones. El argumento central, según lo reportado públicamente, fue que el esquema otorgaba privilegios exclusivos y exenciones fiscales incompatibles con disposiciones constitucionales.

La concesión se estructuró en 1997 como un paquete que agrupó la operación de ambos puertos bajo un solo operador. Ese diseño —que colocó en un mismo bloque activos en los dos extremos del Canal— es el que ahora el Ejecutivo panameño asegura que no volverá a repetirse.

Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino afirmó que, en adelante, los contratos no se otorgarán a un único operador como un “monopolio” o un esquema de control concentrado. Y anunció que el objetivo es concesionar por separado Balboa y Cristóbal.

En el trasfondo del caso también figura la auditoría impulsada por la Contraloría General sobre la concesión, un proceso que fue parte de la presión institucional para revisar el contrato y sus renovaciones.

La discusión sobre la concesión se mantuvo activa en el país por señalamientos de irregularidades y por el impacto de los beneficios contractuales vinculados a exenciones. Ese proceso alimentó acciones legales que terminaron elevando el caso al máximo tribunal.

En paralelo a la disputa judicial, CK Hutchison mantenía un proceso para desprenderse de activos portuarios, incluyendo los asociados a Panama Ports Company, dentro de una transacción global negociada con un consorcio liderado por BlackRock.

Ese plan incluyó desde el inicio una operación de gran escala que abarcaba decenas de terminales. Sin embargo, la propuesta enfrentó el rechazo de China, que exigió revisiones y objetó la estructura del acuerdo por consideraciones estratégicas relacionadas con la infraestructura portuaria y la cadena logística global.

Luego de ese rechazo, se planteó la posibilidad de incorporar a la naviera estatal china COSCO como parte del consorcio, en un intento por atender las objeciones y destrabar la transacción.

Aun así, el panorama cambió tras el fallo panameño: la venta de los puertos que incluyen Balboa y Cristóbal quedó bajo mayor incertidumbre, mientras se define el alcance práctico de la sentencia, el futuro administrativo de los activos y el nuevo modelo de concesión.

Tras la anulación del contrato, CK Hutchison decidió impugnar el desenlace por la vía del arbitraje internacional, y su filial Panama Ports Company inició procedimientos bajo ese mecanismo. La disputa abre un frente legal que puede prolongarse en el tiempo. Y coloca bajo presión la transición administrativa de dos terminales consideradas parte del engranaje logístico panameño por su rol en el movimiento de contenedores y el transbordo regional.

El presidente Mulino, por su parte, afirmó que la decisión de la Corte es definitiva. Y sostuvo que Panamá no aceptará amenazas de ningún país.

La Cancillería panameña también respondió a las advertencias provenientes de China, en un contexto en el que el gobierno ha insistido en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho como marco para la relación con inversionistas y operadores extranjeros.

Dentro del plan de transición anunciado por el Ejecutivo, Mulino indicó que, una vez se concrete la salida de CK Hutchison, el grupo Maersk, a través de su filial APM Terminals, asumirá la operación de forma interina para evitar interrupciones.

Esa administración temporal se mantendría mientras el Estado organiza un nuevo proceso de concesión. Y mientras define el esquema bajo el cual Balboa y Cristóbal se licitarán de manera individual, en lugar de un solo paquete como el de 1997.

El episodio ha escalado a un pulso diplomático y económico donde convergen Panamá, Hong Kong y China, con el componente adicional del arbitraje y la transacción global en la que participan actores financieros y navieros. En el corto plazo, el centro de la discusión está en la implementación del fallo. En el mediano, en el modelo de concesión que sustituirá el esquema anulado. Y en el impacto que la disputa tendrá sobre la continuidad operativa de dos puertos que Panamá considera parte de su plataforma logística.

Nueva ola

Julen Rodríguez y su hermana, Amaia Rodríguez, fundadores de Gravity Wave, en Calpe, España, el 1 de octubre de 2024. (Lena Mucha/The New York Times)

Bolitas de plástico hechas de redes de pesca en Calpe, España, el 1 de octubre de 2024. . (Lena Mucha/The New York Times)

José María Fernández, quien supervisa una tripulación de 32 buzos profesionales que trabajan con redes de pesca que cubren el fondo marino, a bordo de un barco en el puerto de Motril, España, el 18 de septiembre de 2024. (Lena Mucha/The New York Times)

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Ana Fábrega, y otros funcionarios, por presuntos delitos vinculados a abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de servidores públicos.

La acción se produjo tras una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al CAI de Tocumen, un albergue estatal ubicado al este de la Ciudad de Panamá. Tras el recorrido, Brenes reportó “irregularidades” relacionadas con el estado de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, un punto que, según dijo, no se ajusta a estándares de protección.

Brenes sostuvo que la denuncia se fundamenta en correos, informes y reportes internos que, según explicó, ya habían sido enviados a niveles jerárquicos de la institución y advertían sobre presuntas situaciones de negligencia y vulneración de derechos.

La diputada pidió al Ministerio Público “celeridad” en el trámite y llamó a que los funcionarios que conozcan hechos de este tipo denuncien, al advertir que el silencio puede convertirse en complicidad por omisión.

Junto a la diputada compareció César Augusto Pérez, identificado en reportes de prensa como exdirector de Prevención del SENNIAF y encargado del CAI de Tocumen, quien aseguró haber sido separado del cargo por “pérdida” o “falta de confianza” luego de elevar alertas internas sobre supuestas irregularidades.

Pérez dijo que sus comunicaciones fueron presentadas “por escrito” y que no buscaban atacar a la institución, sino mejorar condiciones para los menores bajo custodia estatal.

SENNIAF, por su parte, respondió públicamente que la visita de la comisión al CAI se desarrolló con normalidad y conforme a procedimientos establecidos para la protección de niños, niñas y adolescentes.

La entidad indicó que ese tipo de recorridos se han venido realizando desde diciembre, incluyendo inspecciones a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí, y que durante el recorrido en Tocumen los diputados fueron acompañados por la directora general, Ana Fábrega, además de personal técnico y administrativo.

En su posición institucional, SENNIAF también recordó que los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo, y que las visitas deben coordinarse previamente con listados de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando el bienestar y la confidencialidad de los casos y evitando cualquier forma de exposición de los menores.

Mientras avanza el trámite de la denuncia, Brenes anunció que la comisión elaborará un informe con observaciones del recorrido y lo remitirá a las instancias correspondientes, además de enviar notas para que la Comisión de Presupuesto evalúe la situación del centro. La diputada recordó que SENNIAF está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y pidió atención directa al tema.

El caso vuelve a colocar en el debate público el funcionamiento de albergues estatales y los mecanismos de supervisión. En los próximos días, el curso del proceso dependerá de las actuaciones del Ministerio Público y de la documentación que, según la diputada, fue incorporada como sustento de su denuncia, así como de los hallazgos que la comisión legislativa formalice en su informe técnico.

Entre 2021 y 2023 ya se habían conocido alertas e investigaciones vinculadas a irregularidades en albergues supervisados por el Estado y la SENNIAF, que motivaron acciones de control y pronunciamientos públicos.

En febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Nacional que se remitieran informes preliminares sobre maltratos a menores en albergues bajo la supervisión de la entidad, lo que dio paso a investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos en varias instalaciones destinadas a niños y adolescentes.

Un escándalo similar marcó los primeros meses de 2021, cuando un informe parlamentario reveló condiciones “infrahumanas” en centros de acogida para menores supervisados por la SENNIAF, donde se documentaron casos de abusos físicos, sexuales y psicológicos hacia decenas de niños y adolescentes. La comisión legislativa que investigó esos hechos trasladó conclusiones a la Procuraduría General de la Nación para que se abriera una investigación penal, y surgieron cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y protección en los albergues estatales.

Además, en 2023 la Procuraduría General de la Nación confirmó una condena de 60 meses de prisión a una exfuncionaria de la SENNIAF por el delito de maltrato a un menor en un albergue, como parte de casos que han transitado en el sistema judicial.