Antes de que la Corte Suprema termine de una buena vez de condenar a Cristina Kirchner por administración fraudulenta del Estado para que vaya presa y se le aplique la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos (lo más probable es que esto suceda, aunque no se sabe cuándo), la ultraderechista Marine Le Pen acaba de ser sentenciada en Francia a cuatro años de prisión, es decir dos menos que la expresidenta argentina, por malversar fondos europeos.

Cristina Kirchner repitió mil veces que a ella la Justicia la perseguía por las medidas progresistas que adoptó como presidenta y que ese es el infortunio, la cruz de los líderes del campo nacional y popular. El caso Le Pen termina de estropear esa línea argumental, que ya venía roída por presidentes que marcharon presos por corruptos como el peruano Alberto Fujimori, no precisamente un progresista.

Le Pen dijo ayer lo mismo que dice Cristina Kirchner, que el fallo es político, que lo que buscan es proscribirla. “No hay enriquecimiento personal ni corrupción ni nada de eso”, declaró a la cadena de televisión TF1. Como suele hacer Cristina Kirchner, Le Pen evitó el tema verdadero: no se la está condenado por enriquecimiento, nadie había dicho eso, sino por malversación de fondos públicos, que es otro delito, otra manera de corrupción.

Ambos casos, el de la expresidenta, líder del peronismo (según su autopercepción) de izquierda, y el de la heredera de la ultraderecha fascista y antisemita de Francia que rompió con su padre, reconfiguró la fuerza, la pulió y consiguió ponerla más arriba que nunca, tienen parecidos y diferencias que vale la pena analizar.

El lunes a Le Pen no se le prohibió ocupar un cargo hasta la eternidad sino por cinco años. Sin embargo, esta parte del castigo está llamada a tener gran impacto sobre ella, sobre su partido y sobre la política francesa debido a que su plan era presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, para las cuales los encuestadores le pronosticaban un lugar en el balotaje, es decir, aseguraban que habría estado entre los dos primeros. Nadie le atribuye a Cristina Kirchner posibilidades de volver a ganar una elección presidencial, pero su capacidad de intervenir en la dinámica política argentina sigue siendo considerable dado que conserva la posición de principal líder política de la principal fuerza de oposición.

Los delitos cometidos por Le Pen consistieron en una malversación de contratos laborales por el equivalente a tres millones de dólares. Su partido francés se quedaba con los euros que percibían doce asesores en el Parlamento Europeo. Los delitos de Cristina Kirchner son por favoritismo de obra pública santacruceña en contratos por 1100 millones de dólares. Si se hace la comparación por montos la líder argentina podría convertir a la francesa en una traviesa ejecutora de picardías administrativas.

Pero la diferencia más interesante atañe a algo que en nuestro país se discute casi a diario en cada esquina, una cuestión que involucra de lleno la confianza de la ciudadanía en la Justicia y, por extensión, en las instituciones: por qué una política a quien los jueces condenaron en dos instancias sucesivas por robar los dineros del Estado que se le dieron para que administrara sigue manejando, en parte notable, los hilos de la política, preside el mayor partido del país, controla el Senado con una primera minoría cercana a la mayoría absoluta, tiene la llave para obstruir o digitar, entre otras cosas, la designación de nuevos jueces y amenaza con presentarse una vez más a cargos electivos inferiores que le darán fueros, es decir inmunidad. Ahora mismo ella tiene la posibilidad de terciar en la integración de la Corte Suprema que debe pronunciarse en forma definitiva sobre su libertad.

Si bien Le Pen puede apelar su condena, y lo hará, el tribunal que la juzgó dispuso que la parte referida a la prohibición de ocupar cargos públicos empiece a regir de inmediato. Se trata de una medida de “ejecución provisional” solicitada por la fiscalía, sólo reversible si se confirma un fallo de segunda instancia favorable a Le Pen antes de las próximas elecciones. Justo lo inverso de lo que sucede acá, donde Cristina Kirchner fue condenada por el tribunal oral en lo federal N° 2 en diciembre de 2022 y por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 por hechos ocurridos entre 2003 y 2015, pero hasta que la Corte no se pronuncie seguirá beneficiada con el principio de inocencia.

Los juristas darán sus razones, pero que haya seguido ejerciendo la vicepresidencia de la Nación quien fue condenada por defraudar a la administración pública suena raro. Por lo menos a los oídos de muchas personas de a pie que se rigen primero que nada por el sentido común.

Desde ese lugar, también, quizás deba actualizarse una pregunta nunca bien contestada: ¿para qué querían la plata los Kirchner? El caso Le Pen significa al parecer desvío de dinero para uso partidario, lo cual renueva este intríngulis porque más de una vez los kirchneristas pretendieron así justificar a sus jefes: el dinero no era para su enriquecimiento sino para hacer política, causa noble si las hay. Hasta los jueces electorales son más benévolos cuando se trata del financiamiento de la política. Por algo algunos empresarios procesados de la causa Cuadernos intentaron hacer pasar sus coimas -al cabo sin éxito- por aportes de campaña.

Los ridículos tiempos de la justicia argentina están hoy tan naturalizados que la perdurabilidad del caso Skanska, el primero de la corrupción kirchnerista, ahora no escandaliza a nadie. Lleva veinte años en tribunales yendo para adelante y para atrás. Varios de los protagonistas de la causa quedaron definitivamente exentos de la posibilidad de ser condenados algún día debido a que se murieron.

Hay quienes erróneamente creen que la cantinela del “lawfare” fue la manera excluyente de Cristina Kirchner de explicarle al público por qué jueces y fiscales la persiguen. En verdad ese argumento, que se estrenó hace no más de seis años, hoy languidece. El neologismo “lawfare”, supuesta confabulación de jueces y medios de comunicación digitados por los poderes “verdaderos” para acabar con los líderes progresistas, cada vez sale menos seguido de la boca de la expresidenta. Ella ahora prefiere ser percibida como Le Pen, una víctima de proscripción a secas.

Más de media docena de explicaciones kirchneristas sobre la corrupción se contabilizan desde Skanska. No han sido secuenciales ni metódicas. A veces se repone un viejo argumento. Las superposiciones abundan. No hay una línea continuada basada en la inocencia. Los argumentos más bien son en formato contraataque. Una síntesis:

1) “Corruptos somos todos”. Relativismo moral en estado puro. Solía atribuírsele pareja calidad de pecador a Mauricio Macri (“¿Y Macri?”, era el latiguillo). Tras el escándalo $LIBRA, Macri fue sustituido por Milei. En un comunicado de hace diez días, Cristina Kirchner dijo que ella no es abusadora sexual, alusión a Donald Trump, ni hizo una criptoestafa.

2) “Los corruptos son los empresarios”. Doctrina originaria. Viene de cuando vio la luz el caso Skanska, “un asunto entre privados” decía el entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández (Milei copió esta frase hace poco para hablar de Libra). Años más tarde, frente a los bolsos de José López y al caso Odebrecht, Cristina Kirchner también puso el foco en la necesidad de que la Justicia investigue a los empresarios que coimearon, no tanto a los funcionarios.

3) “Nos acusan porque con nuestras medidas revolucionarias tocamos sus intereses”. Las causas por corrupción habrían sido inventadas en revancha por las medidas que el kirchnerismo tomó en favor del pueblo y en contra de los grandes capitales, como la que se le ocurrió al vicepresidente Amado Boudou, la estatización de las AFJP. Por alguna razón, Cristina Kirchner abandonó luego este argumento y no volvió a mencionar a su segundo vicepresidente.

4) “El juez Claudio Bonadío me odia”. La ex presidenta repitió durante años esta acusación. Hablaba de la arbitrariedad de un único juez federal, curiosamente el que tenía mayor pasado peronista (exmilitante de Puerta de Hierro, nombrado juez por Menem). A medida que se multiplicaron y complicaron las causas en manos de otros jueces y fiscales, incluso antes de la muerte de Bonadío (2020), la teoría de que todo se debía a un sujeto malvado cayó en desuso.

5) “La corrupción no existió, nunca se probó nada”. Ha sido una argumentación por demás curiosa, dado que fue aplicada no sólo respecto de causas profusas en elementos probatorios y testimonios incontestables como la de los cuadernos, sino que fue dicha sobre la causa Vialidad, la del magistral alegato del fiscal Diego Luciani, en la que Cristina Kirchner ya resultó condenada dos veces con la misma pena. Ella arguyó que ninguna prueba la vincula con las decisiones sobre la obra pública santacruceña y le cargó el fardo al jefe de Gabinete, de quien dijo con ironía que los jueces debían investigarlo. La entonces vicepresidenta se refería a su compañero de fórmula, invento suyo, el presidente Alberto Fernández.

6) “El dinero de la corrupción no es pecaminoso porque está destinado a financiar la política”. He aquí, finalmente, la sacralización del acto corrupto. El periodista K Hernán Brienza fue quien expresó esta teoría con más claridad. Escribió en Tiempo Argentino: “La corrupción –aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios”. Tal vez deberían decírselo a Marine Le Pen para levantarle el ánimo.