La designación oficial de las nuevas autoridades en el área de medios públicos, concretadas en los últimos días, y que empezarán a trabajar de lleno esta semana, promete novedades en el sector, en el corto y mediano plazo.

El Gobierno tiene claro desde el principio de su gestión que no quiere la estructura de los medios públicos bajo su órbita. El objetivo de máxima, como dejaron trascender desde las filas libertarias en más de una oportunidad, es, “idealmente”, privatizarlos, pero también manejan la posibilidad de cerrar parte de ellos “de no haber alternativa”. Para eso, saben, se deberán sortear varios obstáculos legislativos y legales.

El Gobierno sostiene que el esquema de medios públicos está “sobredimensionado”, con números de estructuras que, apuntan, “superan ampliamente lo que sucede en señales privados” y que, a diferencia de estos, “van a pérdida”.

En las dos últimas semanas se concretaron las designaciones de Carlos Curci, hasta el sábado 26 vocero de la Rural, y de Bárbara Pintelos, en la subsecretaria de Medios, cargo en el que nunca hasta ahora se había concretado una designación.

Ambas designaciones apuntan a concretar los cambios que hasta ahora no se hicieron en el año y medio de gestión libertaria.

Curci reemplaza a Carlos González, interventor entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025, quien llegó a la gestión por medio de Diego Chaher, encargado de las privatizaciones, pero que no pertenecía ni a las filas de Manuel Adorni, secretario de Medios, ni a las del asesor Santiago Caputo, también con influencia en el área.

Pintelos tiene formación en áreas de tinte económico, sin experiencia en medios. Algo que fuentes del Poder Ejecutivo remarcan para dar cuenta de que precisamente su desempeño en el cargo tendrá que ver con una reestructuración y ajuste del sector.

“No es del medio, ni conoce de él”, explicaron semanas atrás las fuentes consultadas por este diario, que hicieron hincapié en que esa formación es precisamente el motivo por el que fue elegida. “Llega para achicar todo”, completaron.

De las nuevas autoridades se espera que “den el cambio de timón”, y avancen en el ajuste y desprendimiento de los diferentes medios.

Los planes para cada área varían de acuerdo a lineamientos legales y legislativo. La exContenidos Públicos, que hace unos meses se convirtió en Contenidos Artísticos e Informativos SAU, es candidata a ser cerrada. Aún no está claro si eso sucedería antes o después de las elecciones legislativas de medio término.

Por otro lado, señales, como la orientada al público infantil Paka Paka, podrían ser derivadas a otras áreas, privatizadas o cerradas definitivamente.

Para Radio y Televisión Argentina (RTA), que tiene una dotación de más de 2200 empleados, el plan es reducirla “a casi la mitad”. A la par se planea continuar achicando sus gastos con la mira puesta en que pueda ser vendida en cuanto se obtengan los votos en el Congreso para poder hacerlo. Ese escenario recién se visualiza para después de diciembre, cuando el oficialismo aspira a tener mejores números en el Parlamento.

La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), exTélam, es la encargada de administrar la poca pauta estatal que queda, y también se espera que sufra bajas en su dotación.

El ejemplo de Télam fue uno de los que se utilizó en un reciente informe de Pro para criticar la marcha de las privatizaciones en la era libertaria. Allí se acusó al oficialismo de haber hecho solo un cambio de nombre. Algo que desde las filas libertarias descartaron.

La baja de las dotaciones también está prevista para la TV Pública y Radio Nacional, con cerca de 900 empleados la primera y 1169 la segunda. En el caso de Radio Nacional podría llegar a ser de la mitad de sus empleados en todo el país.

En todas las áreas alcanzadas se vería como una primera opción la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios antes de avanzar con los despidos.

El nuevo recorte que tiene previsto el Gobierno se da después del lanzamiento de un programa personal de Adorni con el que se propone desmentir “noticias falsas” publicadas durante la semana. Es un unipersonal que parodia al cuestionado espacio kirchnerista contra el periodismo,“6-7-8″,y que usa una estética muy similar a las transmisiones que hace el jerarca chavista Diosdado Cabello bajo el título “Con el mazo dando”. Adorni, que cuenta hoy en el área de Comunicación con una tropa de 208 empleados, evalúa llevar su programa a la TV Pública (al igual que el programa icónico del kirchnerismo) o a unstreaminglibertario.

La organización Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei y “las más altas esferas del poder político” por la escalada de violencia contra los medios de comunicación y los numerosos casos de ataques e insultos del Presidente hacia distintos periodistas.

“En la Argentina, ser periodista nunca fue fácil. Pero en estos últimos meses, la escalada de violencia desde las más altas esferas del poder político ha alcanzado un nivel inaceptable”, comenzó el texto titulado Cuando el poder alimenta el odio, firmado por Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización.

Y siguió: “La desinformación, los ataques personales y los discursos cargados de odio se multiplican, muchas veces con el aval directo del presidente Javier Milei. Lo que antes podía parecer una estrategia de provocación hoy se ha transformado en una forma sistemática de hostigamiento que busca silenciar, disciplinar y destruir“.

Al mismo tiempo, Belski hizo alusión al caso de Julia Mengolini, quien recientemente sufrió una campaña de hostigamiento digital por parte de cuentas asociadas con el oficialismo que la acusaron de tener una relación incestuosa con su hermano. El propio presidente Milei se subió a la movida fogoneada por cuentas señaladas de responder a su asesor principal, Santiago Caputo.

La dueña de la radio Futuröck denunció que el jefe de Estado escribió sobre ella 93 veces en su cuenta de la red social X. En tanto, recibió amenazas y videos de carácter sexual y pornográfico realizados con Inteligencia Artificial (IA) desde entonces.

“Este es uno de los ejemplos más extremos. Pero no es el único. A diario, un grupo importante de periodistas sufren insultos, burlas y violencia, que, de acuerdo con la investigación que estamos realizando, se intensifica cuando se trata de mujeres“, consideró la titular de Amnistía al respecto y añadió: ”Lo que está en juego no es solo la integridad de quienes informan, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural».

“Desde Amnistía Internacional venimos advirtiendo sobre el peligro de estos discursos. No se trata de ‘exabruptos’ aislados. Se trata de una retórica de odio que se legitima desde el poder institucional y que, como muestran nuestros informes, puede tener consecuencias reales: censura, miedo, autocensura y hasta violencia física. Cuando el Estado no protege, sino que agrede, se rompe el pacto básico de una democracia saludable», explicó en el mensaje.

Asimismo, indicó que el hostigamiento digital, la sexualización como forma de castigo y el desprestigio sistemático “no pueden ser naturalizados”. “Y mucho menos cuando provienen de quienes deberían garantizar un debate respetuoso y equilibrado. Por eso, frente a la violencia, elegimos redoblar nuestro compromiso con la libertad de expresión, con el periodismo, y con quienes se animan a seguir hablando, aun en este contexto”, remarcó.

Finalmente, cerró: “La democracia no se defiende con insultos. Se defiende con respeto, con información y con una ciudadanía activa que no se deje paralizar por el miedo. Desde Amnistía Internacional, no vamos a dejar de alzar la voz contra los discursos que buscan apagar voces».