En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.

Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.

En paralelo, el titular de Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y podría sumar nuevos contactos con otros mandatarios provinciales en las próximas horas.

Santilli se mostró hoy optimista sobre la aprobación del proyecto al sostener y dejó la puerta abierta a cambios. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar miradas de otros siempre y cuando el objetivo no sea modificar la ley”, dijo el exdiputado macrista.

Se trata de una postura compartida en otras terminales del oficialismo, en las que se muestran abiertos a receptar modificaciones, aunque no a cualquier precio. “No puede haber gatopardismo”, dijo otra fuente consultada.

En la mira está fundamentalmente lo que podría suceder con el impuesto a las ganancias a las empresas, apartado que en el Gobierno intentarán retener hasta último momento.

Todo se prevé que esté sobre la mesa en el encuentro de la mesa política, este martes. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar es el espacio elegido para canalizar posturas.

La mirada está puesta fundamentalmente en el futuro del capítulo fiscal del proyecto. En especial lo que tiene que ver con el artículo que reduce alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que alcanzaría a la recaudaciones provinciales y tensa la relación con los gobernadores.

“La realidad es que está todo en análisis. No hay ninguna definición”, aseguró otro alta fuente de Casa Rosada a sobre el tema respecto del futuro del capítulo.

Según dejan trascender distintas fuentes consultadas, es que si bien la postura compartida por todos es que la ley idealmente debería salir completa, la realidad de las negociaciones podría terminar indicando otra cosa.

En las distintas filas del Gobierno descartan que haya una división entre dos bandas respecto de lo que hay que hacer con el capítulo. “No hay duros o blandos. Se está discutiendo cómo hacer frente a la situación”, dijo una de las personas que integra la mesa. “El mandato es sacar la ley”, simplificó. “El tema es si se puede o no negociar con los gobernadores”, completó.

Buscó así dar de baja las versiones que incluso salieron de la propia Casa Rosada, en la que se hablaba de una actitud más firme respecto a mantener el capítulo tal y como está, en la que estarían el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Y que apuntaba a que en la línea más abierta a la negociación se ubicarían Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y el subsecretario y armador político, Eduardo “Lule” Menem. Quienes llevan adelante el diálogo con los gobernadores y legisladores, cuyas voluntades se necesitan para lograr la aprobación.

“No se trata de bandos o duros o blandos, lo que está en análisis es cómo proceder ante la situación dada”, aseguró una de las voces.

“Vamos a pelear hasta último momento para que salga como está, pero si a último momento no se puede, quedará afuera. La ley hay que sacarla”, dijo una de las voces de esa mesa a .

Por lo pronto, durante la última semana, el Gobierno recibió dos buenas noticias que se transformaron en señales alentadoras: los gobernadores cancelaron la reunión que iban a tener en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para explorar una postura común y también se celebró que el gobernador cordobés, Martín Llaryora, haya cancelado su encuentro con la cúpula de la CGT.

Hasta ahora, las principales diferencias con los mandatarios provinciales están en lo respectivo a la baja al impuesto a las ganancias de las empresas, lo que afectaría los recursos coparticipables. “Si aprobamos la ley pasan seis meses y van a ver que tenemos razón. Nos lo van a agradecer”, explicó un hombre del primer piso de Balcarce 50, convencido de que las provincias terminarán recaudando más de lo que piensan. “Van a recibir más por las reactivación de la economía”, aseguraron.

Horas antes de que venciera el plazo para que Federico “Fred” Machado definiera si reafirmaba su inocencia ante la Justicia de Estados Unidos, la defensa confirmó ante los tribunales federales de Texas que mantiene “negociaciones sustanciales” con la Fiscalía con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿El objetivo? Que Machado se declare culpable a cambio de una reducción de su condena.

Las gestiones en curso buscan evitar que el proceso judicial en curso derive en la sustanciación de un juicio oral con la participación de un jurado, de resultado incierto. En una presentación de cinco páginas, la defensa detalló ante el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, que las partes continúan dialogando para cerrar un acuerdo que evite el litigio.

Identificado en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD-4 como el acusado número cuatro, Machado enfrenta cargos por conspiración para el narcotráfico, lavado de activos y fraude. Aunque el cronograma original imponía definiciones inminentes, la defensa solicitó —con el consentimiento de la Fiscalía— extender los plazos por 90 días adicionales.

“Las partes han estado involucradas en negociaciones sustanciales de acuerdo de culpabilidad y continúan en conversaciones para determinar si este caso puede resolverse sin necesidad de una extensa litigación previa ni de un juicio”, detallaron los abogados Jamie Hoxie Solano y Christopher Clore ante el juez Mazzant.

Machado tenía hasta el viernes pasado para comunicarle al juez Mazzant si reafirmaba su inocencia, pero de común acuerdo con la Fiscalía requirió una extensión del plazo por al menos 90 días más, dada la complejidad del caso y la cantidad de evidencias que debe analizar. El material en formato electrónico es tan voluminoso, según indicó la defensa, que en formato físico superaría “toda la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos”.

La presentación de la defensa se registró horas antes de que se desclasificaran documentos y archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que expusieron los vínculos fluidos y reiterados de Machado con el entorno de Jeffrey Epstein, el financista condenado en Estados Unidos por crímenes sexuales.

Machado intentó venderle a Epstein un jet Gulfstream por más de US$ 10 millones en 2015 para incorporarlo a la flota de aviones de lujo con la que el magnate neoyorkino se movía por el mundo y llevaba invitados a sus fiestas oscuras en la isla privada que poseía en el Caribe, según surge de documentos que detectó en el material desclasificado.

El material también abarca tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein. Se trata de los papeles legales de un préstamo de US$ 800.000 dólares que tomó el argentino en 2016 para comprar un avión Hawker 800XP, sin que surja con claridad porque el financista neoyorkino tenía esa documentación en sus manos.

Ante el juez Mazzant de Texas, en tanto, la defensa de Machado no hizo alusión alguna a Epstein o las nuevas revelaciones, pero sí solicitó un plazo adicional de 90 días para resolver los pasos a seguir con la Fiscalía, con la que mantiene “negociaciones” concretas y avanzadas para sellar un eventual acuerdo de culpabilidad.

Según consta en las pruebas que ya presentó la Fiscalía en Texas, Machado habría integrado una organización criminal transnacional dedicada al contrabando de cocaína y habría facilitado aeronaves para operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También habría recurrido a empresas y operaciones vinculadas a la aviación para blanquear fondos provenientes del narcotráfico y participado en un esquema fraudulento tipo Ponzi o estafa en la venta de aviones para captar inversiones falsas.

De acuerdo a esas mismas evidencias que la Fiscalía presentó en su contra ante los tribunales federales de Texas, Machado también transfirió al menos US$200.000 a José Luis Espert durante 2020, a través del Bank of America, entidad bancaria que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el economista y dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental, que los abogados de Machado pidieron más tiempo para analizar.

La revelación de esa transferencia forzó a Espert a renunciar a su candidatura a primer diputado por Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones de octubre pasado.

En el expediente que tramita en Texas, identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al”, se describe cómo Machado y otros acusados –entre ellos, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión– habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.