Cruzada por las disputas internas y a contramarcha de la univocidad que consagraron las dos huelgas previas contra la administración de Javier Milei, la CGT activa este jueves un nuevo paro general contra el Gobierno en un escenario marcado por las complicaciones económicas derivadas de la crisis financiera internacional, con escasez de reservas y una aceleración de la inflación en el contexto de la presión oficial por tabicar las paritarias con subas salariales del 1% mensual. Además, la medida de fuerza se produce en momentos en que la Casa Rosada encadena una serie de reveses políticos que golpean la imagen presidencial en el arranque de la campaña, y que obturaron cualquier reacción oficial para contener la escalada confrontativa de los gremios después de la tregua que reinó en los últimos meses.

Sin embargo, a la par que desautorizaron los motivos de la protesta, desde el Gobierno celebraron de antemano que el desafío planteado por la central sindical tendrá sus propias limitaciones: los colectiveros de la UTA no se plegarán a la huelga, lo que garantizará el funcionamiento del transporte público y le restará contundencia en el nivel de acatamiento. El anuncio oficial del jefe del gremio, Roberto Fernández, llegó por la tarde de este miércoles en medio de fuertes presiones del Ejecutivo, importantes referentes de la CGT y de la tensión instalada entre los referentes de la propia conducción del sindicato.

Con ese cuadro de por medio, los principales gremios de la central se movilizaron este miércoles por la tarde hasta el Congreso para acompañar la tradicional marcha de los jubilados, como antesala del cese de actividades que comenzará a la medianoche y se extenderá por 24 horas. La participación también de nutridas columnas de las dos CTA, los movimientos sociales y organizaciones de izquierda dieron forma a una protesta multitudinaria que se desarrolló sin incidentes y en medio de un fuerte operativo de seguridad diagramado por la ministra Patricia Bullrich y las autoridades porteñas del área.

Frente al vallado perimetral del palacio legislativo custodiado por agentes de las fuerzas nacionales mientras la Policía de la Ciudad controlaba las calles, los representantes de los jubilados encabezaron un breve acto en que hicieron eje en los reclamos del sector: suba de haberes, reapertura de la moratoria previsional y entrega gratuita de medicamentos.

En paralelo a la participación en la marcha, los principales caciques sindicales continuaron con la organización del paro pese a los ruidos internos y la grieta abierta entre los sectores más duros (el grupo donde se destacan Héctor Daer, Andrés Rodríguez y los gremios más cercanos al kirchnerismo) y los espacios dialoguistas (Gerardo Martínez de la Uocra, el gastronómico Luis Barrionuevo y el jefe de Comercio, Armando Cavalieri, entre otros) de la entidad. Si bien evitaron hablar de un «parazo», se mostraron expectantes en que la medida se sentirá con fuerza, más allá de la no adhesión de la UTA.

Para ello computan la paralización de los trenes y subtes, el transporte de cargas, aerocomercial y portuario, también el acatamiento de los gremios docentes y universitarios. No funcionarán los bancos, los servicios de recolección de residuos, correos, la administración pública nacional y de las provincias, los tribunales y en los hospitales solo se brindará la asistencia de guardia. A su vez, en los comercios, las estaciones de servicio y los locales gastronómicos habrá un acatamiento dispar, a pesar que los respectivos gremios adhirieron a la huelga.

En cambio, los colectiveros de corta, media y larga distancia no se plegarán a la medida, según comunicó la UTA por la tarde en un comunicado firmado por Fernández. «Comprendemos y apoyamos los reclamos que la CGT pregona, pero continuaremos acatando la conciliación obligatoria porque sin derecho no hay Estado«, afirmó el dirigente en medio de una dura pulseada en la propia conducción del sindicato, donde las posiciones estaban divididas y algunos presionaban por sumarse al paro. La disyuntiva para Fernández no era sencilla: el gremio está enmarcado en una conciliación obligatoria dictada en el conflicto por la discusión salarial del sector (cuyo alcance en realidad no rige para el caso de un paro de la CGT) y en la semana previa a la huelga enfrentó una sorpresiva auditoría dispuesta por el Ejecutivo sobre las cuentas de su obra social.

La no adhesión de la UTA al paro es clave para el Gobierno, que también rechaza los reclamos de «paritarias libres, homologación de los acuerdos salariales ya sellados, aumento para los jubilados y denuncia a la represión de la protesta social» que blandió la CGT como argumentos de la medida. «La CGT insulta la inteligencia de buena parte de los argentinos, son casi irrespetuosos», acusó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y reprochó: «Si hablan de poder adquisitivo, nadie lo destruyó tanto como Alberto Fernández, a quien no le hicieron ni un solo paro».

También se sumó la amenaza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: «La CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas laborales. Cuando en el Congreso tengamos el número suficiente, vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron», desafió.

En la Casa Rosada aseguraron hoy que mañana el Poder Ejecutivo les descontará los haberes del día a los empleados estatales que adhieran al paro general de la CGT y que no asistan a sus lugares de trabajo. La medida, sin embargo, todavía no se oficializó. Ni la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibieron notificaciones formales sobre esta resolución.

“Por supuesto que se descontará el día”, dijo a una alta fuente oficial. La advertencia, en principio, busca actuar como un disuasivo. En mayo del año pasado, durante el último paro general de la central obrera, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado una medida similar en conferencia de prensa y calificó a los gremialistas de “fundamentalistas del atraso”.

Las fuentes gremiales difieren sobre lo que ocurrió aquella vez. En un sector señalan que la medida no se efectivizó completamente y que muchos empleados se encontraron con su sueldo completo en la siguiente liquidación. En otro, advierten que sí se registraron los descuentos.

La advertencia oficial a los estatales cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que tanto ATE, el gremio estatal más combativo, como UPCN participan activamente de la organización de la medida de fuerza, tanto de la movilización que tendrá lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso como del cese de actividades de este jueves. Parte de las consignas de la protesta son, justamente, contra el ajuste en el Estado. Reclaman por la reincorporación de trabajadores “despedidos de manera ilegal y rechazan la privatización de empresas públicas y el cierre de organismos estatales, que es parte de la columna vertebral del programa de Javier Milei.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo a : “Si dicen que nos van a descontar el día para disuadirnos, que ni lo intenten porque en las asambleas se ve que la adhesión va a ser casi total. Incluso el personal que depende de Adorni va a parar”.

A modo de provocación, en un comunicado oficial, ATE advirtió que habrá un alto nivel de adhesión al paro “incluso en áreas sensibles del Gobierno como la Vocería Presidencial y la Secretaría General de la Presidencia”, que comanda Karina Milei.

“Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse a partir del viernes”, señala el comunicado de ATE, que advierte que áreas como PAMI y Anses atenderán únicamente casos de emergencia.

El Gobierno viene señalando que el paro anunciado por la CGT es “político” y que “forma parte de la campaña”. No hubo gestiones para neutralizar la medida, más allá de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó sostener un diálogo con la cúpula de la CGT, en particular con el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez (Uocra).