Luego de la aprobación, con cambios en diputados de la Ley de Modernización Laboral el oficialismo buscara cumplir cuatro objetivos inmediatos en el Congreso de la Nación en la última semana de febrero: aprobar ley de modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y la aprobación de la Ley de Glaciares.

Esto permitiría que el Presidente de la Nación Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo pero todavía hay dudas si se podrán lograr cumplir todos esos objetivos por parte del oficialismo.

El viernes pasado el Gobierno de Milei se anotó una gran victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a Ley de Modernización Laboral en la madrugada del viernes. Con un total de 135 votos afirmativos, contra 115 negativos logró que el proyecto de ley pase para ser tratado nuevamente en el Senado.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, de una fuente muy cercana a la Casa Rosada, estaría previsto que vuelva a ser tratada en senadores el jueves o viernes próximo cuando podría convertirse formalmente en ley.

Tras haber asegurado que el proyecto de ley siguiera en pie, el oficialismo esperaría otro resultado positivo en el senado porque hace dos semanas la votación fue de 42 votos a favor contra 30 negativos, cuando todavía estaban incluidos los recortes en los pagos para los trabajadores que pidieran una licencia médica.

Luego de las unánimes críticas a los cambios que pensaban aplicarse en el régimen de licencias médicas laborales negociados en conjunto por la senadora Patricia Bulrrich y el ministro del Interior Diego Santilli ya que no tuvo que ver en esto el ministro de Desrregulacion y Transformación Federico Sturzenegger el Gobierno accedió a eliminar el artículo 44 y el 208 del proyecto de ley.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional los integrantes de la mesa política del Gobierno decidieron priorizar que se aprobara el paquete de modificaciones en general, aunque esto implicara desistir de negociar por mantener el articulado.

En particular desde el Gonierno dan a entender que la meta era iniciar el nuevo año legislativo con las reformas tratadas durante el período de sesiones extraordinarias aprobadas.

Con la eliminación del polémico artículo 44 del texto se dejó sin efecto la modificación propuesta para el régimen de licencias por enfermedad. Con esta decisión, quedó restaurado el esquema tradicional que garantiza el pago íntegro del salario durante el período de licencia por enfermedad y de acuerdo con el artículo 208 del texto original, la iniciativa suprimida contemplaba una reducción salarial según el origen de la afección.

En tanto que en el caso de enfermedades o accidentes por conductas voluntarias de riesgo, estaba previsto que el trabajador recibiera solo el 50% de su sueldo habitual, mientras que si se tratara de una situación ajena a la voluntad del empleado, el pago alcanzaría el 75%. Acorde con esto, se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Por otro lado, la propuesta protegía estos pagos ante eventuales suspensiones laborales, de modo que las decisiones patronales por motivos económicos o disciplinarios no iban a alterar el cobro de los porcentajes estipulados. Al quedar fuera del paquete general, ninguno de estos recortes ni restricciones será aplicado.

A pesar de esto, los senadores aún tendrían la posibilidad de mantener el texto original o aceptar las modificaciones realizadas en la Cámara Baja y para el Gobierno sería una prioridad cerrar el período de sesiones legislativas con la aprobación de Ley de Modernización Laboral, la reforma en el Régimen Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de la Ley de Glaciares.

Este proyecto forma parte de una negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre con la promesa de inversiones por unos 25.000 millones de dólares para los próximos años.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos y como se prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración у explotación minera e hidrocarburífera у la instalación de industrias,muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.

Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias у fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Esto implica que cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.

Por último, desde el Gobierno confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo y el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde se destacaron los intereses provinciales.

Las acciones y los bonos argentinos terminaron negociados con tendencia alcista este viernes, más allá de las oscilaciones en los negocios de Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% a 2.873.248 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, restó tres unidades para Argentina, en los 519 puntos básicos.

Los indicadores de las bolsas de Nueva York iniciaron la rueda en baja luego de conocido que la economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo esperado en el cuarto trimestre de 2025.

Nuevos datos de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes mostraron que la economía creció a una tasa anualizada del 1,4% en los últimos tres meses de 2025. Los economistas esperaban que el PIB creciera a una tasa del 2,9% en el cuarto trimestre.

No obstante, pasaron a positivo después de que la Corte Suprema norteamericana anuló la pieza central del programa arancelario del segundo mandato del presidente Donald Trump con un dictamen que contó con seis votos a favor y tres en contra de sus miembros.

En lo estrictamente doméstico, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron aprobados con 130 votos. El Gobierno logró una amplia mayoría para sancionar la reforma con el apoyo de sus 94 diputados, y el respaldo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, el MID y varios partidos provinciales. La única modificación introducida fue la eliminación del Artículo 44, que contemplaba una reducción en la remuneración que perciben los trabajadores durante enfermedades o accidentes no relacionados con su trabajo. Dado este cambio, el proyecto deberá ahora regresar al Senado, probablemente la próxima semana, para su aprobación definitiva.

“El proyecto reduce los costos por indemnizaciones, disminuye significativamente las contribuciones patronales para quienes pasen del empleo público o informal al empleo formal, y crea el Fondo de Asistencia Laboral con aportes obligatorios para cubrir futuras indemnizaciones, con una leve reducción de aportes. En conjunto, la reforma debería incrementar los incentivos a la formalización del empleo en 2026, reduciendo los costos de despido y, por lo tanto, los costos laborales, representando un paso en la dirección correcta, aunque el texto fue moderado respecto de su versión original”, evaluó Max Capital.

La operatoria en la plaza bursátil local”volvió a reflejar que el mercado argentino oscila entre expectativa y prudencia. A pesar de la mejora en la narrativa macro tras las reformas estructurales, la volatilidad continúa siendo protagonista y evidencia que la confianza aún está en proceso de consolidación“, señaló Ion Jauregui, analista de ActivTrades.

“Las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei han cambiado la narrativa: Argentina volvió al radar de los mercados emergentes. Sin embargo, la volatilidad reciente confirma que la confianza no es automática. El mercado descuenta avances, pero penaliza cualquier signo de fragilidad. El interés existe, pero está condicionado. La consolidación dependerá de transformar expectativas en resultados tangibles y sostenibles”, agregó Jauregui.

“A nivel internacional, prevaleció un clima de menor exposición al riesgo tras las declaraciones de Donald Trump sobre asuntos nucleares en Medio Oriente. Estas definiciones geopolíticas impulsaron el valor de los metales y el petróleo, pero afectaron a los índices bursátiles estadounidenses”, comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“La tensión geopolítica se ha convertido en el principal catalizador de riesgo tras el ultimátum de 10 a 15 días impuesto a Irán, con una probabilidad del 54% de salida del líder supremo Jamenei y planificación militar en marcha, lo que podría provocar un shock en el crudo pese a la reciente caída de inventarios de 9.014 millones de barriles reportada por la EIA”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

En este entorno, “el mercado oscila entre la sobreponderación táctica en inteligencia artificial y la búsqueda defensiva en activos refugio, mientras el soporte técnico de los 6.500 puntos en el S&P 500 se perfila como línea crítica para el corto plazo”, añadió Felipe Mendoza.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza de la corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió rechazar la solicitud presentada por Argentina para suspender el proceso de discovery. El pedido había sido formulado por el Estado argentino mientras se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones en la causa principal y se espera que el país apele el fallo.

La decisión implica que el proceso de presentación de pruebas continuará su curso en el litigio por la estatización de la petrolera que enfrenta al país con Burford Capital e Eton Park, a pesar de la instancia pendiente en el tribunal de alzada.

El conflicto tiene lugar en el contexto de la etapa de ejecución de la sentencia que obliga a la Argentina a abonar USD 16.100 millones más intereses a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, que tuvo lugar en 2012. Desde mayo de 2024, los demandantes han presentado solicitudes formales de discovery -etapa en la que las partes involucradas deben intercambiar información relevante- con el objetivo de acceder a datos sobre los activos argentinos, poniendo especial foco en reservas de oro.

“Con seguridad el país apelará este nuevo fallo de la magistrada neoyorquina. Será la 6ta apelación en simultáneo en el caso por la expropiación de YPF (primaria, entrega acciones, ONG, ‘WhatsApps’, defensa de YPF y, ahora, discovery)”, enumeró Sebastián Maril, el director regional de Latam Advisors.

Argentina había presentado un escrito ante la justicia de Estados Unidos en el que se opuso al pedido de desacato y sanciones promovido por los beneficiarios de la resolución original. En el texto, el país objetó las exigencias de discovery impulsadas por los demandantes, calificándolas de “gravosas” y sin sustento jurídico. Según la presentación, estas medidas buscan generar presionar en la negociación, más que identificar activos que puedan ser ejecutados.

En los últimos días, los beneficiarios de la sentencia por el caso YPF solicitaron a la jueza Preska la convocatoria de una Audiencia Probatoria, con el objetivo de que el Tesoro argentino demuestre que realmente no dispone de información sobre la localización y administración del oro soberano.

La semana pasada, la defensa argentina había presentado una declaración jurada en el tribunal de Preska referida a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), argumentando que estos activos gozan de inmunidad y no pueden ser ejecutados judicialmente en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, independientemente de eventuales requerimientos de discovery. El documento, firmado por José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, expone que se recabó información en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el propio BCRA.

La posición del BCRA, reflejada en el documento, sostiene que revelar datos sobre la localización de las cuentas donde se custodian las reservas de oro pondría en riesgo la política monetaria y la seguridad financiera del país. La autoridad monetaria subrayó que la administración de estos activos es una atribución propia de su carácter de ente autárquico, por lo que responder a solicitudes de este tipo impactaría negativamente en su autonomía institucional.

Fuentes oficiales remarcaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. A la vez, sostuvieron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.

La declaración jurada firmada por el secretario Legal y Técnico de Economía precisó el alcance de la información disponible por parte del Estado argentino y fundamentó el criterio de reserva adoptado para la protección de datos sensibles. El Banco Central afirmó que divulgar detalles sobre la ubicación del oro afectaría tanto la política de seguridad como la autonomía institucional, y que hacerlo sería contrario al interés público.

En el escrito también intervino la Procuración del Tesoro, que enfatizó que la administración de las reservas corresponde exclusivamente al Banco Central y que entregar esa información comprometería la independencia funcional del organismo. El principio de confidencialidad, según argumentaron, responde a la necesidad de proteger la seguridad, el respaldo de los depósitos y el funcionamiento del sistema financiero.

Los demandantes solicitaron que Argentina identificara la localización, las cuentas y el historial de las reservas de oro, además de requerir la presencia de un funcionario idóneo. Si el Estado alegaba carecer de acceso a esos datos por estar bajo control del Banco Central, los fondos reclamaron la realización de una audiencia con funcionarios que tuvieran conocimiento directo sobre el tema.