Con el objetivo de salir de la agenda internista, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, instruyó a sus legisladores a avanzar con una agenda de gestión en seguridad que tenga impacto en el territorio bonaerense. En las últimas semanas proliferaron distintos proyectos de ley en ese sentido: autorizar el uso de armas no letales para la policía bonaerense, volver a reclamar la creación de policías comunales y la prohibición del uso de celulares en cárceles, son las tres primeros proyectos que el massismo intentará llevar a la mesa para su discusión, primero en el peronismo y luego al resto de los bloques.

El diputado provincial y exintendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, presentó en los últimos días un proyecto de ley que promueve la autorización para que las policías de la Provincia empleen armas electrónicas no letales. No es la primera vez que se busca instalar el tema en la Legislatura bonaerense. Pero la iniciativa no logró, hasta el momento, llegar a algunos de los recintos, ya sean de diputados o de senadores.

La avanzada legislativa de este sector del peronismo tiene como objetivo correrse de las discusiones internas o de índole electoral o de reforma política que se empiezan a discutir en distintos ámbitos. “Hay que discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas. Ocuparse de la seguridad en la Provincia”, cuentan que planteó Massa a sus legisladores. Allí fue que se decidió avanzar con estos proyectos.

En esa línea discursiva es que también se impulsó el proyecto para que las petroleras avisen de los aumentos con al menos 72 horas de anticipación; un texto que lleva la firma de Ayelén Rasquetti, también del massismo.

El FR tiene diez integrantes dentro de la bancada peronista que ostenta un total de treinta y nueve miembros repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cristinismo y los movimientos sociales. La bancada que conduce el camporista Facundo Tignanelli, es la primera minoría en la Cámara baja provincial.

Las opiniones al respecto sobre el uso de Taser son variadas. Hay varios proyectos, a favor y en contra. En el Senado, por ejemplo, el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, viene presentando expedientes en la misma línea. En Diputados, la ex legisladora Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (MDF), había propuesto un proyecto de ley que prohibía el uso de armas no letales.

Cuando era ministro de Seguridad bonaerense, el hoy jefe del bloque de senadores peronistas en la Cámara alta provincial, Sergio Berni, se había manifestado a favor de que la policía porte Taser. De hecho, movió algunos expedientes de compra dentro del ministerio, pero el armamento no llegó a la portación de los efectivos policiales. Hoy Berni mantiene distancia del esquema de Kicillof —a quien siempre reconoció meramente como su jefe administrativo— y reporta a Cristina Kirchner.

La iniciativa que lleva la firma de Puglelli y la legisladora Ayelén Rasquetti, también del FR, establece que el uso de este tipo de armas solo estará permitido para el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán superar exámenes técnicos y psicofísicos. Además, el artículo 14 ter —a incorporar en la Ley 13482— define estos dispositivos como aquellos “que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”, diferenciando las armas electrónicas no letales de las letales, cuyo uso está prohibido por la regulación nacional.

También detalla que solo podrán emplearse dispositivos que sean definidos formalmente como no letales por la normativa nacional vigente. En este sentido, la legislación nacional establece que las armas electrónicas forman parte de la categoría de armas y municiones de uso civil únicamente si su efecto sobre el organismo humano es pasajero y no conlleva pérdida de conciencia.

El proyecto se basa en la regla de Tueller, creada por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, Estados Unidos. Esta regla indica cuánta distancia y tiempo necesita un policía para responder si un agresor tiene un arma blanca. Determina que un agente tarda al menos 1,5 segundos en sacar su arma y disparar, tiempo en el que el atacante puede avanzar unos 6,5 metros. Los estudios citados muestran que si la distancia es menor, las posibilidades de que el policía sobreviva bajan mucho frente a un ataque con cuchillo.

Asimismo, dicho informe resalta que los ataques con armas blancas pueden ser más letales que los enfrentamientos con armas de fuego, dada la velocidad y cercanía con la víctima, y que el efectivo argentino, al no poder retirarse, se ve obligado a repeler la agresión, enfrentando riesgos legales y de vida considerables. Si el agente dispara un arma de fuego y resulta letal para el atacante, enfrentará procesos administrativos y penales; si no lo hace, puede exponer su vida.

“No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos: que, en determinadas circunstancias, tenga el elemento para poder defenderse. Además, muchas veces va en beneficio del propio policía, pero también de la víctima, porque ante determinadas circunstancias, con un arma letal apuntás a la muerte. Entonces, si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?“, fundamentó Puglelli ante la consulta de Infobae.

El proyecto para el uso de armas no letales va en paralelo con la iniciativa que el FR presentó en el Senado, a través de Malena Galmarini, para prohibir el uso de celulares en las cárceles de jurisdicción provincial y el que en Diputados propone la creación de policías comunales, una vieja bandera del Frente Renovador desde la época de la gobernación de Daniel Scioli, que también es una demanda de algunos intendentes.

En Diputados aún no se oficializaron las comisiones. Hasta el año pasado, Puglelli presidía la de Seguridad y, de no haber mayores inconvenientes, podría repetirse el esquema. De ser así, creen en el FR, el tema podría avanzar al menos en la comisión; toda vez que es una agenda en la que también está interesada la oposición a gobierno de Kicillof.

Hernán Cappiello,Conforme a

La oposición en el Congreso esperará con numerosas preguntas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando vaya a dar su informe. Los diputados dan por sentado que el 29 de abril estará frente a ellos en el recinto de la Cámara baja. “Los senadores lo esperaron durante este mes de marzo y nunca solicitó coordinar una fecha”, argumentó un senador de los bloques aliados a La Libertad Avanza.

Es por eso que dan por descontado que la primera aparición del jefe de Gabinete ante el Parlamento será en Diputados, un espacio que controla Martín Menem, jefe de los diputados e integrante de la mesa política que encabeza Adorni en Casa Rosada.

De esa manera, el jefe de Gabinete cumpliría con la obligación de presentar su informe de gestión ante el Congreso, prevista en el artículo 101 de la Constitución nacional.

“Que venga cuanto antes que tiene mucho por contar y explicar. Sería bueno que llegue antes de que lo echen. El Gobierno viene incumpliendo con la manda constitucional desde siempre”, le dijo a TN el diputado de UxP Sebastián Galmarini.

Mientras que su colega de bancada, Sabrina Selva apuntó al caso $LIBRA: “(Adorni) tiene que dar explicaciones, en principio por la cantidad de bienes y propiedades que ahora surgen y no pudo explicar, por viajes y gastos que tampoco pudo explicar. Nosotros desde UxP presentamos un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, porque también tiene que venir a dar explicaciones por el caso $LIBRA, ya que él responde por el Presidente de la Nación, según la Constitución Nacional. Pero además debe responder por sí mismo, ya que tuvo vínculo con los gestores de la estafa $LIBRA, también participó de la organización del Tech Forum (realizado en 2024 por Mauricio Novelli)”.

Los informes del jefe de Gabinete

El informe del Jefe de Gabinete de Ministros, estipulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, es una obligación de rendición de cuentas. El funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre Diputados y Senadores, para informar sobre la gestión del gobierno.

Para ello se realiza un informe escrito, con las respuestas a las preguntas realizadas por los legisladores. Y posteriormente, un informe oral en el recinto de las Cámaras legislativas, para ampliar las respuestas o recibir nuevas preguntas.

Como ya adelantó TN, la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez, explicó que “para llevar adelante el informe, el primer paso es una nota desde la jefatura al Congreso donde el jefe de Gabinete se pone a disposición y con las autoridades de la Cámara legislativa que vaya a concurrir se coordina una fecha. A partir de allí se abre un período de recepción de preguntas de los legisladores, este las contesta y regresa al Congreso para dar el informe”.

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Como el ministro Manuel Adorni confirmó que estará en el Congreso el próximo 29 de abril, enviará la nota correspondiente en los próximos días a la Cámara que definan que será la primera en presentarse. Y diez días antes de su presentación, es decir para el 19, se abrirá la posibilidad de preguntas de los legisladores a la jefatura de Gabinete. Sobre el filo del 29 llegarán, por escrito, las respuestas al Parlamento y luego el ministro ampliará sus respuestas de modo presencial.

El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas dijo que el ministro Manuel Adorni, le dejo muchas dudas: “Reconoció que vive en un lugar que no sabíamos que vivía en el barrio de Caballito. Diciendo que construyó su patrimonio previo al ingreso a la función pública, un hecho desmentido por su propia declaración jurada de bienes que presentó al inicio de su gestión”.

Además, adelantó que el 29 de abril habrá muchas preguntas vinculadas a la declaración de patrimonio de Adorni.

Desde el oficialismo el diputado Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de La Libertad Avanza solo dijo: “Se espera su llegada, lo vamos a defender”.

Manuel Adorni, Congreso, informe