POLITICA
Manuel García-Mansilla les consultará a sus pares de la Corte Suprema si debe seguir como juez

Tras el rechazo del Senado a su pliego, Manuel García-Mansilla consultará al resto de los jueces de la Corte Suprema para decidir sobre su permanencia o no en el cuerpo.
Fuentes cercanas al juez nombrado en comisión por el presidente Javier Milei aseguraron a TN que García-Mansilla “quiere validar su estatus, dado el juramento que le tomaron y la votación del Senado”.
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Lo cierto es que la Corte Suprema no tiene función consultiva, es decir, no hay ningún mecanismo institucional previsto para que el máximo tribunal emita una opinión sobre este caso. Sobre todo, cuando hay una causa iniciada como la que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
Si García-Mansilla decide apelar el fallo de Ramos Padilla que le ordenó no intervenir más en las causas en trámite ante la Corte por el rechazo a su pliego, la causa podría llegar al máximo tribunal para una decisión final y es por eso que los jueces no pueden dar ninguna opinión por fuera de un expediente puntual.
Incluso, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti tomó distancia de García-Mansilla este viernes al sostener que “nunca aceptaría ser designado por decreto”.
“El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta, profundizó el magistrado y agregó: “No es cuestión de ganar o perder, es que funcionan las instituciones”.
Lorenzetti destacó que lo que decida García-Mansilla “es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”.
Qué otras opciones tiene García-Mansilla
Con el rechazo del Senado se abrieron distintos escenarios para el juez nombrado en comisión por el Ejecutivo.
Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, le dijo a TN que, ante el rechazo del Senado, “hay dos bibliotecas”. Y se explayó: “Una indica que García-Mansilla, como juez designado en comisión, tiene estabilidad hasta el fin de la próxima legislatura. La otra sostiene que si el Senado no presta el acuerdo, el designado en comisión cesa en su cargo”.
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“Particularmente creo que la interpretación correcta es la segunda porque la Constitución de 1853 establecía que el Presidente, durante el receso del Senado, podía nombrar a las personas para cubrir los empleos que requieran acuerdo del Senado y esa designación era definitiva. El único requisito que tenía que cumplirse era dar aviso al Senado”, continuó Caminos, aunque aclaró: “La persona era nombrada hasta tanto el Senado tomara una decisión al respecto”.
Al respecto, el especialista profundizó: “En 1860, cuando se reformó la Constitución, se consideró que esta atribución del Presidente era desmedida y por eso decidieron ponerle un límite: la designación sería hasta el fin de la próxima legislatura. Esto presupone entonces que estamos modificando lo que estaba en 1853″.
“El grave problema es que tenemos poquísimos antecedentes, pero entiendo que hay buenas razones para pensar que el rechazo del Senado implica el cese”, advirtió Caminos.
Por su parte, el abogado constitucionalista Mariano Bär sostuvo que “en términos jurídicos, un rechazo del Senado los hace cesar automáticamente en sus cargos porque ya no hay inactividad senatorial, sino una actividad expresa de rechazo a las designaciones”.
“Otra interpretación implicaría subvertir las reglas del juego, porque implicaría que una persona que es rechazada en el Senado después pueda ser puesta en comisión por el Presidente apenas entre en receso. Todo el sistema de pesos y contrapesos de la República quedaría desdibujado”, alertó el constitucionalista a TN.
Además, si el caso se judicializa, Bär puntualiza que “es algo que va a tener que decidir la Justicia en sí misma y es contradictorio con el propio antecedente. Es complejo. Y el gran problema sería que llegue a la Corte, donde no va a ser fácil conseguir conjueces que tengan los mismos requisitos que tiene un ministro de la Corte, o sea, con acuerdo senatorial de dos tercios. Es un panorama institucional híper complicado y de crisis de gravedad”, dijo Bär.
En el caso de Lijo no hay controversia, ya que la Corte sostuvo que no puede mantener su doble calidad de magistrado y decidió no tomarle juramento como juez en comisión “mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado”.
Con esta decisión, Lijo vuelve a su juzgado a seguir desempeñándose como juez federal.
Manuel García-Mansilla, Corte Suprema de Justicia
POLITICA
Los gremios del transporte anunciaron un paro para el miércoles: qué servicios estarán afectados

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.
La medida incluye una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas que afectará los sectores aéreo, marítimo, portuario y de subterráneos. Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, instó a la acción gremial al expresar: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido”.
Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral, donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR
— CATT (@CATToficialok) February 9, 2026
A través de un comunicado, la confederación calificó la iniciativa oficial como “regresiva” y denunció que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”.
Según el Consejo Directivo de la entidad, el proyecto gubernamental busca precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la estabilidad laboral en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Asimismo, señalaron que la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo es una falacia, advirtiendo que “hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.
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Por su parte, el Secretario General de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que la reforma “ataca los derechos constitucionales” y “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo”.
En sintonía con este reclamo, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se movilizará el mismo miércoles a partir de las 15 horas hacia la Plaza de los Dos Congresos. Jorge Sola, secretario del Seguro, anticipó que la protesta principal en la Ciudad de Buenos Aires será “contundente y multitudinaria”, replicándose además en diversas sedes de gobiernos provinciales.
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CGT,Paro,Reforma Laboral,Transporte
POLITICA
Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.
Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.
Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).
También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.
“Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.
A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.
“Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?
Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.
No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.
POLITICA
La Iglesia volvió a cuestionar el régimen penal juvenil: “Bajar la edad no reduce el delito”

La Iglesia Católica, a través de un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, volvió a cuestionar el Régimen Penal Juvenil de cara a su tratamiento en el Congreso. “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, indicaron.
En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, afrimaron: “La reducción de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional”. A su vez, advierten que esta reforma habilita la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que no han alcanzado la edad legal, “tratándolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de carácter indefinido”.
“Introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos que no cuentan con sustento científico”, contunió la Iglesia con sus cuestionamientos respecto del proyecto impulsado desde el Gobierno.
En ese sentido, plantearon que tampoco garantiza que haya un descenso en la cifra de criminalidad en menores, puesto que solo “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” y “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad”, pero “no asegura defensa técnica especializada”.

La carta denuncia que la iniciativa prevé “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”, lo que contradice los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Apuntaron que la propuesta no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles: “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario —alrededor del 80 %— son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales”.
En el plano ético y social, la Iglesia sostuvo: “En un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”. Por esto mismo, expresaron su dolor por la “creciente tendencia a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables” y afirmaron que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal “instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos”. Mientras tanto, plantearon que los verdaderos peligros para las zonas más vulnerables, como el avance del narcotráfico y la criminalidad “continúan funcionando con altos niveles de impunidad”.
De esta manera, evocaron al Papa Francisco al decir: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.
De igual forma, aclararon que, como la mayoría de los argentinos, están “convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil” y reconocieron que “existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”.
Sin embargo, aclararon que “la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. «La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, dijeron en su mensaje.

Como alternativa, la Iglesia y las organizaciones que la acompañan proponen un enfoque preventivo. Así, propuesieron: “La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez”. Para los menores de dieciséis años, sugirieron un “abordaje en manos de los Juzgados de Familia y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal” y recomendaron políticas públicas direccionadas a tratar cuestiones de salud mental y adicciones, al tiempo de reforzar el acompañamiento familiar y comunitario. Mientras tanto, para los adolescentes mayores de dieciséis años que cometan delitos graves, la aplicación de justicia restaurativa, que “ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %”.
Las palabras de la Iglesia se dan luego de que el Gobierno haya incluido los cambios en el Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. De hecho, hace tan solo una semana, la Conferencia Espiscopal Argentina expresó sus dudas respecto al proyecto.
El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.
La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
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