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Repudian la decisión del Gobierno de suspender pagos a la ex-ESMA: “Campaña pública de desprestigio”

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Nada de lo que dicen es verdad”. El anuncio de la suspensión de pagos al sitio de la memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) provocó críticas y reacciones de parte de los organismos que lo integran. Este jueves, el Ministerio de Justicia denunció supuestos “gastos injustificados” que excedían los 3000 mil millones de pesos y ordenó una auditoría para explicar “en qué se gasta la plata”. “Es parte del plan de vaciamiento de las políticas de memoria del Gobierno, y, para efectuar ese plan, recurren a instalar mentiras”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde el organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos explicaron a que la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona no se comunicó previo a la publicación de la medida. “Hacen pasar como si la administración del predio dependiera de los organismos cuando en realidad es pública”, indicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del centro.

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Actualmente, el predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia), la Dirección General de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad y un directorio integrado por varias agrupaciones, entre las que se encuentra el CELS. También forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.

En diálogo con este medio, Litvachky detalló que el predio es administrado por un órgano ejecutivo que tiene representantes de cada una de las tres partes. “Hay coordinaciones técnicas a partir de las cuales se arman los presupuestos y se hace una estimación de gastos anuales, la cual se eleva al órgano de ejecución que la aprueba o no; Nación hace un trámite interno y la Ciudad también. El presupuesto 2025 estaba aprobado, con una parte de fondos de Nación y otra parte de la Ciudad”, explicó.

En tanto, especificó: “El presupuesto funciona con una ejecución mes a mes para las tareas de administración del predio que ya están prefijadas. El dinero no va a los organismos, así que no tenemos nada que ver con los ingresos que tiene el ente tripartito. Mes a mes se liberan partidas cuando las coordinaciones técnicas rinden los gastos del mes anterior y así sucesivamente”.

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En este sentido, la directora del organismo cuestionó las acusaciones del Gobierno y manifestó que el presupuesto para este año ya había sido aprobado por los canales oficiales. “El directorio de los organismos solo aprueba la memoria y el balance, todo el resto de las tareas de administración necesitan de la firma de las tres partes”, sostuvo y acusó: “No queda clara cuál es la irregularidad, ¿por qué no la tramitaron por los canales habituales? Es falso, si el Ministerio de Justicia detectó algún problema tenía que seguir los canales administrativos que corresponden».

Desde el CELS también objetaron que la Secretaría de Derechos Humanos -con quien habían mantenido una reunión sobre dicho presupuesto la semana pasada- no les informó sobre la determinación de suspender los pagos y enfatizó: “A los días salió el ministro [Cúneo Libarona] con una campaña pública de desprestigio a los organismos sin que se entienda bien lo que se está buscando. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno? Quieren vaciar las políticas y el funcionamiento de la ex-ESMA y desprestigiar al organismo“.

En el comunicado, Cúneo Libarona afirmó que se gastaron $3.359.732.866 anuales para mantener el predio y que desde el directorio de la ex-ESMA no precisaron datos específicos que justifiquen este monto ni aclararon cuántos trabajadores tienen hasta el momento. “No tenían presupuesto de gastos, facturas, rendición de cuentas, nada. Querían que les demos una fortuna sin ningún tipo de control y eso es inaceptable; de los pocos gastos que intentaron justificar saltó que supuestamente se gastaban 16 millones de pesos al mes en cortar el pasto“, precisó.

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Al respecto, la directora reclamó que “nadie se ocupa de chequear qué es verdad y qué no”. “Queda como si fuera cierto que los espacios de memoria son focos de corrupción, cuando hace años que están en funcionamiento con distintos gobiernos y con políticas que en algunos momentos van para un lado u otro y, hasta el momento, nadie los había puesto en discusión”, resaltó.

CELS reclama que el Gobierno quiere «vaciar las políticas»Augusto Famulari

se comunicó con fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección General de Derechos Humanos de la administración porteña, pero no emitieron comentarios al respecto.

Además de CELS, otras agrupaciones que conforman el directorio repudiaron la decisión del Gobierno. Una de ellas fue APDH que dijo que el ministro difundió “una nueva falacia para justificar la estigmatización a los organismos de DDHH”. En esta línea, desde HIJOS emitieron un comunicado en el que pidieron que la situación presupuestaria se normalice y justificaron que los fondos suspendidos corresponden casi en su totalidad a los salarios de 176 trabajadores.

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Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos”, expresaron desde la cartera de Justicia en alusión a un presupuesto “sin rendimiento de gastos” en la ex-ESMA e indicaron que “ante tanta irregularidad” se procedió a suspender los pagos durante todo el mes.

En este marco se dio comienzo a una auditoría que buscará explicar el origen del presupuesto y “rastrear cada peso que gastaron”, y que podrá demorar como máximo 60 días. En el acta firmada por las autoridades del Gobierno y el directorio de organismos se exige que el espacio se comprometa a cumplir una serie de pautas para destrabar las transferencias de fondos suspendidas: la “readecuación del funcionamiento y rendiciones de cuentas del ente”; la revisión del procedimiento interno; la elaboración e implementación de un sistema de rendimiento de cuentas; la elaboración de un presupuesto plurianual; y la confección de un balance anual del 2024.

“Estas decisiones son parte de un proceso que lidera el presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta”, subrayaron desde el Ministerio.

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Cristina Kirchner se metió en la campaña y pidió que el Gobierno “tenga su merecido en las urnas”

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Mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada por el caso Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner se metió en la campaña y llamó por teléfono en medio de un plenario encabezado por la intendenta de Quilmes y candidata para las legislativas bonaerenses, Mayra Mendoza.

“¡Hola!”, dijo la exmandataria en medio de un encuentro de militantes peronistas que se realizo este jueves por la noche.

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Y continuó: “Compañeros, compañeras, acá me dijo Mayra recién que están en un plenario, como corresponde a los militantes, claro, organizándose para salir a militar las calles por el peronismo“.

La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción

A semanas de las elecciones, CFK volvió a apuntar contra el Gobierno y sostuvo: “Mucha fuerza, mucha potencia, porque se necesita para que estos tipos que están hambreando a la gente tengan su merecido en las urnas“.

“Un abrazo grande y a militar como siempre lo hacemos, de corazón, con la cabeza, con el corazón, con mucho amor también y con coraje, que siempre lo hacemos, ¿sí? Beso enorme”, concluyó.

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Cabe destacar que Mendoza, la candidata preferida de la expresidenta, no logró poder encabezar la tercera sección de la Provincia y quedó detrás de la vicegobernadora Verónica Magario y Facundo Tignanelli, de La Cámpora.

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Cristina Kirchner,elecciones 2025,Mayra Mendoza,Provincia de Buenos Aires

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Con estrategias contrapuestas, la UCR inició negociaciones por las bancas nacionales en provincias clave

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Gran parte del electorado de la UCR se fue con La Libertad Avanza en la última elección del 2023. Esa es una certeza que tienen todos los gobernadores y dirigentes del partido centenario que los obliga a implementar una estrategia para no perder representación legislativa. Con la Convención Nacional suspendida, cada provincia avanza con acuerdos locales contrapuestos entre sí. Mendoza anunció recientemente la incorporación de los libertarios al frente oficialista y en Córdoba Rodrigo de Loredo busca replicar ese esquema desde la oposición. En territorio bonaerense y porteño, en cambio, Martín Lousteau logró imponer la construcción de centro y ya maneja una candidata para insistir con la renovación.

Según pudo saber Infobae, el radicalismo porteño empezó a mover el nombre de Piera Fernández de Piccoli para la elección de octubre para una banca en la Cámara de Diputados. Si bien la ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) es oriunda de Río Cuarto, Córdoba, en su entorno aseguran que ya hace más de tres años vive en la ciudad de Buenos Aires. Su postulación trae cierta controversia. Representa una insistencia por parte de Evolución en una estrategia que ya fracasó en mayo con la postulación de Lula Levy para la Legislatura. La gran incógnita es quiénes serán los aliados para esa batalla.

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Piera Fernández De Piccoli

“Qué va a hacer el PRO es lo que no sabemos”, reconocen en la UCR porteña. Jorge Macri ya mostró sus intenciones de acordar con los libertarios pese a que Karina Milei se resiste. Con el antecedente de mayo, donde Manuel Adorni se quedó con el triunfo y el oficialismo con el tercer puesto, es difícil para La Libertad Avanza encontrar razones para conformar una alianza. Además, hay quienes dicen que Patricia Bullrich ya cerró su candidatura para proyectarse al 2027 como jefa de Gobierno y que María Eugenia Vidal ya se postula para una reedición de Juntos por el Cambio.

En la provincia de Buenos Aires, donde ya se estrenó la alianza de centro Somos Buenos Aires, el camino hacia octubre es más incierto y el calendario electoral les juega una mala pasada. Antes de la elección local bonaerense (7 de septiembre), el 7 de agosto se deben inscribir las alianzas para la pelea por las bancas nacionales y 10 días después los candidatos.

“Es muy difícil que Somos Buenos Aires pueda confluir como alianza hacia octubre”, confesaron a este medio desde el frente anti extremos. Es que para esa batalla hay nombres fuertes dentro del espacio como Elisa Carrió, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Facundo Manes y Florencio Randazzo. Algunos de ellos quedaron heridos del cierre bonaerense y ya están anotados para octubre con o sin alianza. En la UCR, para sumar más conflictividad, no está resuelto que el partido centenario confluya detrás de la candidatura del neurólogo, quien rompió hace unos meses con el espacio. Los intendentes y dirigentes referenciados en Maximiliano Abad también manejan otros nombres.

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En Córdoba, como adelantó Infobae, Rodrigo de Loredo tiene luz verde para acordar con La Libertad Avanza pero con una única condición: la UCR tiene que encabezar la lista. En el entorno del diputado nacional aseguran que ese requisito siempre estuvo en sus planes, pese a los rumores que dejan trascender los radicales que lo enfrentan. El sector de Ramón Mestre y Dante Rossi denunciaron que ya selló un pacto con Karina Milei: apoyar los vetos al aumento de los jubilados y la emergencia en discapacidad a cambio del puesto tres en la nómina.

En las próximas elecciones legislativas, Córdoba renovará 9 de las 18 bancas en Diputados, donde la UCR arriesga tres: la de De Loredo, la de Soledad Carrizo y la de Gabriela Brouwer de Koning. Pero el peronismo también tiene la oportunidad de hacerse fuerte pero todo depende de Juan Schiaretti. El ex gobernador mantiene un alto nivel de aprobación y su sucesor, Martín Llaryora, busca que encabece la lista de diputados. En la oposición local reconocen que Schiaretti candidato cambia el escenario electoral, ya que aparece como el único que puede vencer a La Libertad Avanza, lo que obligaría a los libertarios a aliarse con el radicalismo. En ese contexto, las acciones de De Loredo cotizan.

Después de Chaco, Mendoza es la segunda provincia donde el radicalismo logró una alianza con el gobierno nacional para la elección de octubre. En este caso, la elección por las bancas está unificada. El gobernador Alfredo Cornejo dio su primera señal de acercamiento al rechazar el desdoblamiento de los comicios. De hecho, fue de los principales dirigentes de la UCR que alertó insistemente que el electorado de su territorio estaba identificado con las ideas de Javier Milei.

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“En noviembre de 2023, el 71% de los mendocinos eligieron acompañar las ideas de la Libertad junto a Milei, dejando atrás décadas de miseria e inflación kirchnerista”, recordó Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza al anunciar el acuerdo. Cornejo no sólo tiene el desafío de fortalecerse para esta elección, sino también para el 2027, donde se anotan sus adversarios Omar De Marchi y Luis Petri para sucederlo.

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Sin pacto con el oficialismo, el PRO busca resucitar Juntos por el Cambio en la Ciudad para dar batalla en octubre

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El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires ya es parte del pasado. En el macrismo porteño dan por enterrada cualquier chance de alianza electoral con los libertarios y ya trabajan contra reloj para rearmar Juntos por el Cambio. El objetivo: competir con fuerza en octubre contra el oficialismo nacional y el PJ capitalino que responde a La Cámpora.

Desde el espacio libertario no hay lugar a dudas: “Vamos con lista violeta pura”, repiten. La idea que baja Karina Milei es clara: Patricia Bullrich encabezará la boleta al Senado, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, liderará la lista de diputados. Una jugada que apunta a consolidar el dominio de la fuerza en la Ciudad y dejar atrás cualquier dependencia de antiguos socios.

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En Uspallata, sede del Gobierno porteño, esta decisión ya fue asumida. Por eso comenzaron los contactos con la UCR, la Coalición Cívica, el Socialismo y otros espacios que alguna vez integraron la alianza que gobernó CABA durante dos décadas. El objetivo es evitar otra derrota como la de 2023, cuando el PRO quedó tercero por primera vez en la historia reciente de la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca reconstruir su poder político tras ese golpe electoral, y ve en esta alianza una oportunidad para recuperar terreno. En su entorno admiten que no habrá reconciliación con la hermana del primer mandatario, quien lo considera parte del pasado a superar.

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Macri, decepcionado; Bullrich, fortalecida

En el entorno de Mauricio Macri, la ruptura dejó un sabor amargo. Fuentes cercanas al expresidente hablan de “desconcierto y decepción”, dado que en provincia de Buenos Aires hubo acuerdo con los libertarios. “No es coherente que de un lado de la General Paz digan que está todo bien y del otro todo mal”, deslizaron.

El Gobierno reactivó el contacto con Mauricio Macri para llegar a un acuerdo electoral para octubre

El temor en el PRO es que una nueva victoria libertaria empodere aún más a Patricia Bullrich, quien vuelve a estar en el centro del escenario porteño como posible candidata principal del oficialismo nacional. En Uspallata creen que una victoria contundente le daría margen para autonomizarse dentro de LLA.

El reloj electoral no espera

Según el cronograma electoral, el 7 de agosto vence el plazo para inscribir alianzas y el 17 se deben presentar las listas. Por eso, el macrismo, el radicalismo, el socialismo y otros sectores avanzan con el armado contrarreloj. Incluso algunos proponen sumar una “pata peronista” para captar al electorado desencantado con el PJ capitalino, liderado hoy por el senador camporista Mariano Recalde, que iría por su reelección.

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En paralelo, Horacio Rodríguez Larreta se mantiene al margen del nuevo armado. No jugará en octubre, pero piensa en 2027 y ya comenzó a recorrer la Ciudad con la idea de volver a la Jefatura de Gobierno.

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