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El Senado rechazó los pliegos de Lijo y García-Mansilla: qué pasará con los jueces designados por el Gobierno

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El Senado de la Nación rechazó este jueves los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

El 20 de marzo del año pasado el Ejecutivo anunció que Lijo y García-Mansilla eran los elegidos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, aunque recién envió sus pliegos al Senado el 27 de mayo.

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Leé también: García-Mansilla defendió su nombramiento y aseguró que solo podrá ser removido a través de un juicio político

Ante la falta de apoyo legislativo, el pasado 26 de febrero el Presidente decidió designar por decreto a ambos. Sin embargo, solo asumió García-Mansilla; Lijo no pudo tomar su cargo porque el máximo tribunal rechazó su licencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.

Adelantándose al rechazo del Senado, días atrás García-Mansilla envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, quien debe resolver la causa que busca la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión. Allí, el magistrado afirmó que su puesto en la Corte “goza de la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo mientras dure su nombramiento, por lo que el único juez natural que podría eventualmente removerlo de su cargo, mediante juicio político, es el Congreso de la Nación. Un juez no puede remover a otro juez”.

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Con esa postura abrió el debate sobre qué decisión debería tomar si la Cámara Alta rechazaba su pliego, lo que terminó ocurriendo este jueves.

Ariel Lijo en el Senado (Foto: Senado de la Nación)

Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, le dijo a TN que, ante el rechazo del Senado, “hay dos bibliotecas”. Y se explayí: “Una indica que García-Mansilla, como juez designado en comisión, tiene estabilidad hasta el fin de la próxima legislatura. La otra sostiene que si el Senado no presta el acuerdo, el designado en comisión cesa en su cargo”.

“Particularmente creo que la interpretación correcta es la segunda porque la Constitución de 1853 establecía que el Presidente, durante el receso del Senado, podía nombrar a las personas para cubrir los empleos que requieran acuerdo del Senado y esa designación era definitiva. El único requisito que tenía que cumplirse era dar aviso al Senado”, continuó Caminos, aunque aclaró: “La persona era nombrada hasta tanto el Senado tomara una decisión al respecto”.

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Al respecto, el especialista profundizó: “En 1860, cuando se reformó la Constitución, se consideró que esta atribución del Presidente era desmedida y por eso decidieron ponerle un límite: la designación sería hasta el fin de la próxima legislatura. Esto presupone entonces que estamos modificando lo que estaba en 1853″.

El grave problema es que tenemos poquísimos antecedentes, pero entiendo que hay buenas razones para pensar que el rechazo del Senado implica el cese”, advirtió Caminos.

Por su parte, el abogado constitucionalista Mariano Bär sostuvo que “en términos jurídicos, un rechazo del Senado los hace cesar automáticamente en sus cargos porque ya no hay inactividad senatorial, sino una actividad expresa de rechazo a las designaciones”.

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Otra interpretación implicaría subvertir las reglas del juego, porque implicaría que una persona que es rechazada en el Senado después pueda ser puesta en comisión por el Presidente apenas entre en receso. Todo el sistema de pesos y contrapesos de la República quedaría desdibujado”, alertó el constitucionalista a TN.

Además, si el caso se judicializa, Bär puntualiza que “es algo que va a tener que decidir la Justicia en sí misma y es contradictorio con el propio antecedente. Es complejo. Y el gran problema sería que llegue a la Corte, donde no va a ser fácil conseguir conjueces que tengan los mismos requisitos que tiene un ministro de la Corte, o sea, con acuerdo senatorial de dos tercios. Es un panorama institucional híper complicado y de crisis de gravedad”, dijo Bär.

El caso de Lijo es más sencillo, ya que la Corte sostuvo que no puede mantener su doble calidad de magistrado y decidió no tomarle juramento como juez en comisión “mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado”.

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Luego del rechazo, el juez federal le envió un escrito a Ramos Padilla: “No voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, afirmó Lijo.

Ramos Padilla deberá definir

Con la decisión del Senado consumada, el juez federal a cargo de la causa en la que se reclama la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión de Lijo y García-Mansilla deberá resolver, luego de haber postergado la decisión hasta que pase la sesión.

En aquel momento el juez ponderó oportunamente que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión. También que la Comisión de Acuerdos del Senado realizó el procedimiento previsto para el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para ocupar las dos vacantes en la Corte.

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“Encontrándose tan próxima la sesión pública especial fijada, estimo que deben evitarse decisiones judiciales apresuradas que eventualmente puedan interferir o desnaturalizar el debate y el adecuado tratamiento de los pliegos propuestos, siendo la prudencia una de las máximas virtudes que se deben exigir a aquellas personas que se desempeñan en la función judicial”, dijo Ramos Padilla en su resolución.

Alejo Ramos Padilla (Foto: NA - Mariano Sánchez).
Alejo Ramos Padilla (Foto: NA – Mariano Sánchez).

La causa a cargo de Ramos Padilla fue iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), además del abogado Luis Fernando Cabaleiro, donde se busca impugnar los nombramientos realizados por Milei.

También se incluyó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que había asegurado que el decreto del Presidente es “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable”.

Ramos Padilla decidió tratarlo como un amparo colectivo. Desde entonces, el Gobierno presentó múltiples recursos para frenar el proceso, incluyendo un pedido para recusar al magistrado, que fue rechazado por la jueza Cecilia de Negre, por lo que continuó al frente de la causa.

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Un escenario similar ocurrió en 2016 cuando le tocó a Ramos Padilla intervenir en la causa contra los nombramientos por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En su fallo, ordenó a la Corte no tomarles juramento.

Ariel Lijo, Manuel García-Mansilla, Senado

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PJ Bonaerense: crecen las chances de un acuerdo para que Kicillof asuma en lugar de Máximo Kirchner

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encamina a convertirse en el próximo presidente del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el cristinismo. En las últimas horas se aceleraron las reuniones para llegar a un esquema de consenso antes del cierre de listas partidaria del próximo domingo.

A la par de un consenso macro que involucra la figura de Kicillof, todavía resta la conformación del consejo del partido. Allí, las negociaciones siguen. Por lo pronto, habría cierto consenso para que la vicepresidencia primera sea para la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Mientras que la vice segunda y la secretaría general para el cristinismo o figuras cercanas a ese espacio.

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Las reuniones seguirán en los próximos días. Quiénes están a cargo de las negociaciones se muestran optimista para llegar a un esquema de consenso que incluya a todos los sectores. Por estas horas, lo que se tiene que terminar de definir es cómo será esa distribución. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) están preparando nombres para el consejo del partido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es quién baja la directiva dentro del kicillofismo.

El miércoles se reunió con intendentes y referentes de la Quinta sección electoral. Este jueves recibió a representantes de la Séptima sección en su despacho. Uno de los planes es respetar a quien ya tiene presencia dentro del esquema partidario: que siga, ya sea como consejero o congresal nacional.

Carlos Bianco mandó a hacer listas seccionales para ir a una interna en el PJ en caso de no llegar a un acuerdo con el kirchnerismo

En las distintas reuniones que se mantuvieron estos días, Kicillof trasladó a sus negociadores -entre los que están principalmente los ministros Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Carlos Bianco-, además del diputado provincial, Mariano Cascallares; que podría aceptar quedar al frente del PJ siempre y cuando haya garantías. Esas garantías, entienden en La Plata, son tener el respaldo del kirchnerismo a la gestión de su gobierno. Pero en el corto plazo también está el 2027.

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En la tarde de este jueves, desde la gobernación bonaerense, dejaban correr que el consenso para que el mandatario provincial sea el presidente partidario avanzaba. Con la idea de que el partido acompañe los lineamientos de la gestion, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas. Esto es lo que pidió el MDF en el contexto de las conversaciones por la presidencia del partido. Y luego comenzó a generarse el consenso interno para que Kicillof sea quien lo presida.

La semana pasada, desde la actual conducción del partido advirtieron que Máximo Kirchner iba a proponer que en un marco de acuerdo y para evitar una interna, sea Kicillof quien lo suceda. En un primer momento, la jugada del diputado nacional no cayó nada bien en el entorno del gobernador; ya que se entaron por los medios. Sin embargo, con el correr de los días la novedad se convirtió en negociación política y efectivamente se avanzó en un esquema de entendieminto.

AG La Plata

La posibilidad de que Kicillof quede al frente del PJ bonaerense no es nueva. De hecho, algunos intendentes se lo trasladaron tiempo atrás, cuando el mandatario reunió a todos los jefe comunales que reportan en el MDF en un encuentro casi furtivo en medio del Parque Pereyra Iraola, el 31 de octubre úlitmo. En esa cumbre, a una semana de la derrota electoral del peronismo en las elecciones a diputados nacionales y el mismo día que Cristina Kirchner difundió una carta responsabilizando al gobernador por la estrategia electoral adoptada -es decir el desdoblamiento electoral y el resultado que había obtenido el peronismo-, algunos inendenetes del corazón kicillofista le sugirieron ir por el PJ de la provincia que gobierna, ya que en septiembre Fuerza Patria había ganado la elección provincial por casi 14 puntos.

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En tanto que quien evidenció la posición del cristinsimo fue la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. En los últimos días, la legisaldora mantuvo algunas reuniones en sus distritos abocadas al PJ quilmeño. Ella seguirá como presidenta del partido en su municipio. En ese marco, bregó por “la unidad del partido”.

La titular del PJ quilmeño, Mayra Mendoza

Este miércoles se reunió con distintos gremios y detalló que “el partido, en sus distintos órdenes, El partido, en sus distintos órdenes, tiene que encontrar síntesis, abrazar a todos y todas aquellas que creemos que lo fundamental es enfrentar al actual modelo nacional y acumular fuerzas contra las políticas de Milei que dañan a nuestro pueblo, como el proyecto de flexibilización laboral que quieren tratar en el Congreso nacional”.

La legisladora también enfatizó que “ninguno de nosotros es tan importante como el colectivo que conformamos y que tiene que seguir ampliándose de cara a los desafíos que deberemos enfrentar”. Toda una señal interna. Pese a que suben las acciones para que Kicillof sea el futuro presidente del justicialismo en la provincia que gobierna, en el kirchenrismo advierten que quien presida el PJ no podrá omitir el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Otro mensaje para Kicillof, no solo en lo que refiere al PJ bonaerense, sino también a la proyección que pueda llegar a tener para 2027.

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Apartan a la UIF como acusadora en medio del juicio contra Odebrecht por el pago de coimas

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En una decisión que debilita la acusación contra Julio de Vido y otros funcionarios del kirchnerismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado del Estado, fue apartada como querellante en pleno juicio oral por el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de dos plantas potabilizadoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).

Planta de aysa en Paraná de Las PalmasArchivo

La decisión fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, a quien el Gobierno quiere mantener en el cargo por cinco años, a pesar de que ya cumplió la edad de jubilación de 75 años, y su colega Mariano Borinsky. El juez Diego Barroetaveña votó en disidencia.

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El efecto concreto es que la UIF debería dejar de intervenir en el juicio y dejar la acusación en manos de la fiscal Fabiana León, con el mismo tribunal que juzga a Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de las coimas. Claro que la UIF puede recurrir a la Corte e intentar revocar esta decisión.

El planteo para apartar a la UIF como acusadora en este juicio lo realizó uno de los acusados, Carlos Ben, extitular de AYSA, y se basa en el decreto del presidente Javier Milei que le quitó esa facultad al organismo que se encarga de perseguir el lavado de dinero.

El argumento es que la tarea de acusar en el juicio les corresponde a los fiscales y no a la UIF.

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Esto ya provocó que el organismo antilavado sea apartado de otras causas como aquella en la que se investiga la fortuna del fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz, que la justicia interpreta que es el botín recaudado en la causa de los cuadernos de las coimas. Dijo la Justicia que Muñoz era el intermediario entre los Kirchner y los cobradores de las coimas para mantener los contratos de obra pública.

No es unánime esta postura en la Casación, ya que en otros fallos se mantuvo a la UIF en el rol de querellante en la causa, por ejemplo, de la Ruta del Dinero K y en el caso contra Martín Insaurralde por el Yategate.

La fachada del edificio de OdebrechtTWITTER – TWITTER

En los casos donde la UIF fue apartada votaron Mahiques, Borinsky y Guillermo Yacobucci; en los que fue confirmada votaron los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

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Cuando el asunto llegó a la Corte dijo que era inoficioso pronunciarse en un recurso presentado por la UIF, mientras que sí aceptó tratar el del fiscal, en lo que fue intrerpretado como que la UIF ya carece de legitimación para litigar, pero nada está dicho explícitamente.

La decisión en este caso revoca una resolución del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.

Los jueces de la mayoría establecieron que, tras la entrada en vigencia del Decreto 274/2025, el organismo de inteligencia financiera ya no tiene facultades para acusar penalmente, incluso en expedientes iniciados con anterioridad.

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El conflicto se originó cuando la defensa de Carlos Humberto Ben solicitó que la UIF fuera apartada del proceso.

El argumento fue que el decreto 274/2025 —dictado por el Poder Ejecutivo el 16 de abril de 2025— derogó el decreto anterior (2226/2008) que permitía a la UIF actuar como querellante.

El Tribunal Oral había rechazado inicialmente este pedido, argumentando que el decreto no especificaba qué sucedía con las causas en trámite y que, por “seguridad jurídica”, la UIF debía continuar.

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Sin embargo, la Casación revirtió esta postura. Mahiques destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a la Argentina reconsiderar este rol de la UIF para no afectar su autonomía e independencia operativa”.

Causa Vialidad
Audiencia en la Cámara de Casación Penal ante el juez Mariano Borinsky
Nicolás Suárez

Mahiques argumentó que el rol de acusar corresponde constitucionalmente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Mantener a la UIF como querellante implica un “gasto de recursos humanos y económicos” innecesario y riesgo de contradicciones. Dijo que la aplicación debe ser inmediata.

El juez Mariano Borinsky adhirió a esta postura y dijo que se trata de una cuestión de “puro derecho”. Borinsky reforzó la idea de que la derogación busca “dotar al funcionamiento de la UIF de una mayor autonomía” y evitar la “influencia indebida”, cumpliendo con el artículo 120 de la Constitución Nacional que otorga la titularidad de la acción penal a los fiscales.

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Ambos jueces aclararon que si bien se aparta a la UIF hacia el futuro los actos procesales que el organismo ya cumplió en el expediente mantienen su validez.

En minoría, el juez Diego Barroetaveña votó por declarar inadmisible el recurso de la defensa, sin entrar a debatir el fondo de la cuestión sobre el decreto.

Este es un caso contra la empresa brasileña Odebrecht, que pagó sobornos a funcionarios en toda la región para obtener contratos de, que obra pública, y que en Argentina.

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Tiene en el banquillo de los acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el exsecretario en Obras Públicas; el exsecretario en la Obras Públicas, José López, y una veintena de empresarios, por las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AySA.

Se trata de la versión local del Lava Jato, la megatrama de corrupción que comenzó a salir a la luz con una investigación de la Policía Federal de Brasil hace más de una década y que fue ampliándose con las declaraciones de funcionarios y empresarios arrepentidos.

Además de los funcionarios procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, están en juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.

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José López,Hernán Cappiello,Conforme a

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Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo solicitó la devolución de USD 80.000 que le secuestraron

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El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó a la Justicia la devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros secuestrados de su caja de seguridad en el marco de una causa por presunta corrupción.

Su abogado, Mauricio D’Alessandro, argumentó que el dinero pertenecía al exfuncionario desde antes de ingresar a la gestión pública y que no accedía a dicha caja desde abril de 2023. Sin embargo, la fiscalía considera el hallazgo como un elemento de cargo, señalando que los bienes de Spagnuolo se incrementaron tras su designación por el presidente Javier Milei.

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Spagnuolo fue indagado junto a otros 15 sospechosos bajo la acusación de liderar una organización que direccionaba la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Según la investigación del fiscal Franco Picardi, el organismo aplicaba sobreprecios sistemáticos y cartelizaba las adquisiciones entre un grupo específico de droguerías mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS. La maniobra afectó al Programa Incluir Salud, destinado a pensionados, madres de siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

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La causa se originó a partir de la filtración de audios donde Spagnuolo presuntamente admitía el pago de sobreprecios y coimas que, según sus dichos, se destinaban a la Secretaría General de la Presidencia.

La defensa del exfuncionario impugnó estas grabaciones sosteniendo que son falsas y que fueron “elaboradas con inteligencia artificial”, logrando que la Cámara Federal ordene un peritaje. No obstante, el juez Sebastián Casanello avanzó con la recolección de evidencia basada en el contenido de los teléfonos celulares de los sospechosos involucrados en el entramado.

El fiscal define el caso como un “entramado delictivo” montado para manipular procesos de compra de insumos críticos. La hipótesis judicial sostiene que la organización no solo direccionaba contratos, sino que incluía el pago de sobornos a funcionarios con poder de decisión dentro de la ANDIS.

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De confirmarse los procesamientos por parte de la Cámara Federal, Spagnuolo y el resto de los implicados quedarían a las puertas de un juicio oral por malversación de fondos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.

La entrada Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo solicitó la devolución de USD 80.000 que le secuestraron se publicó primero en Nexofin.

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