La sesión para debatir en el Senado la demorada ley de Ficha Limpia, convocada durante la noche del jueves último para las 11 de pasado mañana, podría dilatarse una vez más en la Cámara alta, tras un fin de semana de intercambios informales entre oficialismo y oposición que derivó en una instancia a definirse hoy: si el escaneo de votos no da 37 -esta ley requiere mayoría absoluta-, el encuentro será postergado.

El proyecto fue aprobado tras años de idas y vueltas por Diputados y ya cuenta con un dictamen exprés en la Cámara alta, tras el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, ocurrido durante las sesiones extraordinarias que activó el Ejecutivo para el último período estival.

Previo al dictamen, las alarmas se depositaron en las potenciales adhesiones de los renovadores misioneros -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes no integran la comisión y se comprometieron, en principio -y luego de vaivenes de su jefe, el exgobernador Carlos Rovira-, a apoyar la iniciativa cuando ésta aterrice en el recinto. Sobre el primero de los tres, Infobae contó semanas atrás que contrató una modelo en la Cámara alta y la dio de baja en menos de 20 días, tras varias jornadas de consultas -sin respuesta durante más de una semana- desde este medio.

Asuntos Constitucionales está conformada por 19 legisladores: 11 están distribuidos entre oficialistas y “dialoguistas”, mientras que los restantes ocho son kirchneristas o peronistas, según la ocasión. Todo el primer lote suscribió al despacho de mayoría, donde se encuentran libertarios, macristas, radicales y silvestres provinciales.

El jueves pasado, horas antes de la sesión donde el Senado rechazó dos pliegos enviados por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, se realizó una reunión informal entre dialoguistas y oficialistas para analizar la posibilidad de empujar, en los siguientes días, la ley de Ficha Limpia. Lo que llamó la atención fue el anuncio nocturno de ese mismo día para las 11 de pasado mañana, en lo que será una jornada traumática por el paro anunciado por sindicalistas para miércoles -desde el mediodía- y jueves.

Desde un despacho oficialista reconocieron a este medio que, tras la sesión por la Corte, el sector más aliado al Ejecutivo reiteró la necesidad de llevar Ficha Limpia al recinto y, con una solicitud de semanas atrás por este tema que se encontraba en la nebulosa -sin fecha ni hora-, se concretó la convocatoria.

Al día siguiente, todos comenzaron a preguntarse el objetivo real de una sesión sin votos asegurados y, con el recuerdo a flor de piel de la jornada anterior, aparecieron los usuales “pajaritos llamadores”, con reclamos de legisladores a favor de sus distritos y sugerencias de modificaciones. Por caso, un experimentado senador dialoguista blanqueó: “No quiero que quede para la corrupción y nada más. O sea que estafadores privados ya condenados como -Leonardo- Cositorto u otros que habrá en el futuro podrán ser candidatos sin ningún problema. No tengo la culpa que haya salido tan floja de Diputados. Y no hay margen para que nos apuren con Cristina Kirchner”. Otras voces adhieren a esto. Una realidad: si se toca una coma, el proyecto regresará en segunda revisión a Diputados.

Más allá de esto, otra lupa está direccionada hacia José María Carambia y Natalia Gadano. Tras un guiño de YPF en relación con Santa Cruz, mañana se reactivará la comisión de Energía, donde los legisladores empujan con ahínco algunos proyectos. Fue tomado como algo positivo, aunque lejos de convertirse en definitorio. Sin ellos, sería imposible el quorum -como quedó demostrado para la frustrada renovación de autoridades de semanas atrás- y la realización de la sesión. Pero no son los únicos, tal como se percibe con algún radical. En cambio, del otro lado ya hay todo un interbloque kirchnerista -34- dispuesto a rechazar la ley. En caso de sanción, la principal “perjudicada” sería la ex presidenta.

El oficialismo quedó cruzado por un supuesto enojo de la Casa Rosada por una sesión sin el consentimiento del Ejecutivo. En especial, después de la dura derrota en el recinto por los pliegos para la Corte Suprema. “Si no están los votos, la levantamos”, deslizó un libertario de peso a Infobae. El costo de un “piletazo” sería el de dos eventuales traspiés, en cuestiones sensibles desde lo institucional, en menos de una semana.

Qué establece la iniciativa

La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner. En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”. Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales del corriente mes.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo para que prescriba la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas. Con esta decisión, la causa tomó nuevo impulso.

El planteo de prescripción lo hizo la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, pero luego se sumaron otros abogados y hasta la Fiscalía.

La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.

El fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci. Y a fin de año, la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos y le sacó la investigación a Rafecas.

“Obsérvese que según el fallo apelado, el monto de los sobornos valorados en la causa 1614/2016 sería de U$S 10.489.252,80 (conf. fs. 22). Mientras que, estando a versiones iniciales de la presente, entre 2007 y 2014 la ’División de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht habría pagado aproximadamente 25 millones de dólares a funcionarios argentinos por los proyectos de gasoductos (conf. fs. 785/92 del principal)”, sostuvo en ese momento el juez Martín Irurzun.

Además de De Vido y Cameron están imputados Bautista Marcheschi y Cristian Folgar, y los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. También se investiga a los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.

Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. Según se investigó, se habrían llevado a cabo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares.

La defensa de Da Silva, que ya hizo otros planteos que llegaron hasta la Corte Suprema, ahora pidió que se cierre la causa por el paso del tiempo. Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máximo de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). La causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).

“No está probado siquiera que hayan ingresado al país las transferencias/los fondos, o ido a parar a manos de algún funcionario público. Habiéndose extinguido la acción penal no existe tampoco la posibilidad de continuar demorando la conclusión de este sumario”, planteó la defensa de Da Silva.

Luego se sumaron todas las defensas. Y hasta la Fiscalía.

Antes de decidir, Capuchetti le pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Registro Nacional de Reincidencia sobre los imputados. Con esos datos, la jueza solicitó información a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, la Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Universidad Nacional de General San Martín.

En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y que De Vido cobró un sueldo como diputado hasta el 9 de diciembre de 2019.

CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó en 2020 y Beuret en 2017.

Con esos datos, la jueza concluyó que “se encuentra acreditado el carácter de funcionarios públicos que revistieron Bragulat (2020) y, Folgar (al día de hoy), circunstancia que permite presumir el ejercicio de una influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir la persecución penal de estos actuados”.

Capuchetti rechazó todos todos los planteos. En su resolución, a la que accedió Infobae, tuvo en cuenta que un tramo de la investigación ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba “fue requerida a otros países”, lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.

CGT,Paro General,Luis Barrionuevo,Unión Tranviarios Automotor,Javier Milei