Este viernes 27 de febrero se lleva a cabo un paro nacional por parte de algunos gremios. Esta medida de fuerza es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ―que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales― en rechazo a la reforma laboral. La decisión de la fecha se debe a que ese día el Senado tratará el proyecto de ley oficialista.

La convocatoria fue definida en una reunión que el FreSU mantuvo desde las 18 el pasado 23 de febrero en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). Esta incluye una movilización al Congreso que inicia a las 10 de la mañana del viernes desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. De todos modos, cada sindicato que la conforma evaluará y definirá sus modalidades de protesta.

De esa forma, se distancia de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina). La semana pasada, la central obrera impulsó un paro general contra la administración de Javier Milei (la cuarta durante su gestión), pero sin movilización. En ese contexto, varios de los gremios que la integran y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto sobre la Avenida de Mayo.

Este martes 24 de febrero, ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmo que se adhiere al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes. “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”, indicó Rodolfo Aguiar, el Secretario General del gremio que nuclea a los trabajadores estatales nacionales.

Por su parte, tanto la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes. Lo ismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

En tanto, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) llamó a una movilización de sus afiliados para este viernes, pero no a un cese de actividades como impulsa FreSU.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó que se elimine la posibilidad de que los presos utilicen teléfonos celulares desde las cárceles. Hizo ese pedido a partir de los delitos perpetrados en su distrito por la denominada “Banda del Millón” y en un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo Lanús, un intendente aliado del presidente Javier Milei, en un acto de entrega de patrulleros.

Lanús respaldó al fiscal Ferrari, quien el el 12 de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”, según se indicó en un comunicado de San Isidro. Ferrari recibió como respuesta, desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 de San Isidro, un envío de oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) requiriendo informes.

El reclamo del jefe comunal de San Isidro se da en el marco de la revelación de una serie de mensajes encontrados en el celular de uno de los cabecillas de la Banda del Millón, que organizaba atracos en San Isidro desde la cárcel de Melchor Romero. En el teléfono del detenido Lucas Ezequiel Flores se hallaron chats en los que se planificaban robos, se marcaban casas y se coordinaban movimientos para concretar los hechos delictivos.

En el momento del pedido de Lanús, se encontraban junto al intendente Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes hicieron entrega de 11 patrulleros comprados con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.

Cerca de Lanús aseguran que el reclamo fue dirigido a la Justicia. “Aprovechó que estaba con Axel y lo dijo”, aseguran allegados al intendente, quien mantiene una buena sintonía con Kicillof, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

En tanto, el discurso de Kicillof incluyó críticas a Milei, con quien comulga el intendente de San Isidro. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, dijo Kicillof.