La tensión interna en la Corte Suprema sigue escalando. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, disconformes con el tratamiento que el Consejo de la Magistratura le dio ayer a su proyecto para cambiar cómo se elige a los jueces, decidieron volver a intervenir. Su objetivo es que el borrador que mandaron se apruebe sin cambios.

Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación -las que se reunieron ayer- para tener encuentros individuales con ellos.

El tercer juez de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no estará en esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, “fue informado, pero no participa”. De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto. Él, en cambio, habla de la necesidad de “consensos”.

Ayer, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura hizo saber que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, que tiene como objetivo declarado limitar la discrecionalidad de los consejeros en el proceso de evaluación de los candidatos a jueces. Lo someterán, en cambio, a un debate que puede llevar tiempo.

La reunión de ayer era de las comisiones de Selección y Reglamentación. Pese a que Rosatti no integra ninguna de las dos, cuando la sesión acababa de empezar, se presentó. Dijo que estaba ahí era para “agradecerles” a los consejeros que hubieran abordado el tratamiento del proyecto, pero dejó una advertencia: dijo que lo enviado por la Corte sería “enriquecido” por otras iniciativas que ya estaban en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Es decir, dejó en claro, ni bien empezó la reunión, que no habría un tratamiento express del proyecto de sus colegas de la Corte.

En línea con lo que había anunciado Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Rosenkrantz y Lorenzetti había hecho saber que esperaban que su plan fuera aprobado con celeridad. En las últimas semanas, este tema expuso un quiebre entre ellos dos y Rosatti, a punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron, la semana pasada, que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”. En otra oficina de cuarto piso de Tribunales, después de la reunión de ayer, insistieron: “No representó el mandato”. ¿Cúal es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a mandar el mensaje y hacer silencio.

Según el cronograma que manejan, como borrador, en la Corte, Rosenkratz y Lorenzetti recibirán el lunes próximo, por la tarde, a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). A cada uno por separado en encuentros previstos con media hora de diferencia.

El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). El plan es recibir también a la diputada Anabel Fernández Sagasti, pero ella no respondió si asistirá, según informaron fuentes de la Corte.

El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, viene precedido por declaraciones del funcionario que no van justamente en línea con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”, afirmó ayer Viola en el Consejo. Dijo que “siempre es bueno recibir sugerencias» de «personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia», pero advirtió que “no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”.

El juez Esteban Hansen, titular del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy, dispuso la intervención del Partido Justicialista (PJ) de esa provincia, que estaba a cargo de dos hombres de confianza de Cristina Kirchner, y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz. La decisión -que el PJ nacional apelará- dejó fuera de juego a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) y Aníbal Fernández (exministro de Seguridad), que habían sido enviados a la provincia en 2023 por Alberto Fernández y avalados en el papel de interventores por la actual presiidenta del partido.

En un fallo de este jueves, al que accedió , el juez Hansen renovó la cúpula del peronismo jujeño. “Dispóngase la intervención judicial del Partido Justicialista de este distrito, por el término de ciento ochenta (180) días, y desígnase como interventor judicial al Sr. Ricardo Guillermo Villada”, resolvió el magistrado, quien le avisó al nuevo interventor que “deberá presentar al tribunal un informe quincenal detallando el estado de avance de la normalización del partido”.

En la misma decisión judicial, Hansen anuló una resolución de los interventores Menéndez y Fernández por la que se había suspendido a un grupo de más de 300 afiliados, con argumentos como apoyar listas que compitieron contra el PJ o votar iniciativas del gobierno nacional o del jujeño, como la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales en la provincia.

Entre los apartados del partido, figuraba la senadora Carolina Moisés, actual aliada del gobierno del presidente Javier Milei, nombrada vicepresidenta del Senado nacional. También estaban en esa lista de separados del partido el exdiputado provincial y extitular del PJ Rubén Rivarola, y el exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros. Tanto Moisés, como Rivarola y Jenefes se presentaron ante la Justicia para pedir el reemplazo de los interventores alineados con Cristina Kirchner.

Villada, el nuevo interventor judicial designado, fue ministro de Gobierno de Salta durante seis años, con Sáenz como gobernador. Ejerció ese cargo entre 2019 y diciembre de 2025; actualmente es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, un cargo ad honorem y de neto perfil político. En Salta, tiene un partido propio, Primero Salta.

Según pudo confirmar , Moisés propuso a Villada como interventor, en una terna que analizó el juez y que tenía también nombres alineados con Rivarola y con Jenefes. La senadora Moisés es una aliada de Sáenz en el armado peronista en el norte del país y se maneja en la Cámara alta con un bloque apartado de la bancada peronista que conduce José Mayans (Formosa).

“Solicitamos a la Justicia Federal que garantice nuestros derechos a participar y elegir nuestras autoridades partidarias, cosa que debían hacer los interventores puestos por Cristina Kirchner y boicotearon cada convocatoria a elecciones, suspendieron reiteradamente las internas, hasta llegar a echar del PJ por su capricho a toda la estructura territorial del peronismo en Jujuy”, afirmó Moisés en un comunicado. “Se abre hoy una nueva oportunidad para los peronistas. Hoy logramos que se vayan los interventores de Buenos Aires puestos por La Cámpora, hoy empezamos a recuperar nuestro partido para hacerlo fuerte”, añadió la vicepresidenta del Senado nacional.

La intervención del PJ jujeño se inició en 2023, cuando Alberto Fernández presidía el partido a nivel nacional. El argumento había sido el respaldo del partido al por entonces gobernador radical Gerardo Morales. Con Cristina Kirchner al frente del PJ nacional (asumió a fines de 2024, medio año antes de que se confirmara su condena a prisión domiciliaria por el caso Vialidad), los interventores permanecieron en sus funciones e intentaron motorizar llamados a lecciones internas que suspendieron de manera encadenada.

Según pudo saber de fuentes del PJ nacional, presentarán una apelación contra la decisión del juez Hansen. Los referentes provinciales Leila Chaher (exdiputada nacional) y Guillermo Snopek (actual diputado nacional) son los dirigentes más importantes del PJ jujeño que están alineados con Cristina Kirchner. “Nombraron a una persona ligada a la política, que es lo peor que puede pasar”, dijo a este diario un dirigente vinculado a la conducción nacional, al opinar sobre el nuevo interventor que oficializó la Justicia jujeña.