POLITICA
La Justicia se prepara para elevar a juicio a Belliboni por extorsión con planes sociales y fraude al Estado

El líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni irá a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y defraudar al Estado por el desmanejo de fondos públicos.
El juez federal Sebastián Casanello ultima los detalles de la resolución por la cual señalará a Belliboni y otros dirigentes más como responsables de los delitos de administración infiel en concurso real y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El magistrado tomará una decisión luego de que tanto el fiscal Gerardo Pollicita como los organismos querellantes solicitaran la elevación a juicio. También ya se expresaron las defensas de los dirigentes del Polo Obrero.
La Justicia se prepara para elevar a juicio a Belliboni por extorsión con planes sociales y fraude al Estado
A lo largo de la investigación, el juez Casanello logró probar que el Polo Obrero y la cooperativa de trabajo “El Resplandor Limitado” enviaban parte de los fondos que recibían como unidades de gestión de ese programa a una serie de empresas, que hacían facturas truchas para desviar el dinero y terminar financiando la campaña electoral del Partido Obrero.
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Entre las empresas en la mira está Coxtex (catalogada por la AFIP como una firma apócrifa), a la que el PO asegura haberle comprado computadoras. La compañía fue fundada por Pichuaga y Vega, dos personas a las que les pagaron sumas de dinero para firmar el acta de constitución. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.
Entre las empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del Polo Obrero, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. Con parte de ese dinero, el PO luego contrató a una empresa de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero. “Lo publico se confundió con lo privado”, escribió el juez Casanello cuando procesó a Belliboni.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
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Los argumentos de la fiscalía en su acusación
La acusación fiscal sostiene que el líder sindical, entre junio de 2020 y marzo de 2024, montó junto a otros dirigentes “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”.
Según la acusación, en febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público.
El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.
La Fiscalía sostuvo que, a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de las personas, pero fueron desviados “en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
Cómo era el sistema de recaudación ilegal del Polo Obrero
La recaudación nacional centralizada que correspondía a todo el período que abarca el cuadro (agosto de 2023 a febrero de 2024) alcanza la suma nominal de $313.028.780, la que equivale a más de 600 mil dólares (US$ 637.857,02), según la cotización oficial del día 31 de cada mes. Y esto es únicamente el 50% de lo recaudado, puesto que la otra parte se repartía entre la regional y la asamblea.
Uno de los elementos más contundentes incorporados al expediente es una libreta titulada “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″, donde se anotaban las asistencias de los beneficiarios en distintas marchas organizadas por el Polo Obrero. Entre los registros figura la movilización del 1 de mayo de 2023, en la que cada participante fue marcado con un sistema de control que permitía identificar quiénes asistieron y quiénes faltaron.
Otro de los documentos clave es una lista de asistencia a la marcha del 20 de diciembre de 2023. En ese registro se puede observar que uno de los asistentes llegó tarde y se le contabilizó como “media marcha”, un indicio de que no solo se exigía presencia sino también puntualidad para evitar sanciones internas dentro de la organización.
Junto con los listados de asistencia, en distintos domicilios allanados la Justicia encontró documentos que detallaban sanciones aplicadas a quienes no participaban de las marchas. Entre las penalidades registradas, se mencionan descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que existía un mecanismo de coacción para garantizar la presencia en las movilizaciones.
Uno de los papeles encontrados menciona que aquellos que acumulaban reiteradas inasistencias podían ser desplazados de la organización o ver reducida la ayuda económica que recibían a través del Polo Obrero. Estas pruebas permiten sostener que el sistema de extorsión no solo era efectivo, sino que estaba institucionalizado dentro de la estructura del movimiento.
Los fiscales también incorporaron como prueba correos electrónicos y mensajes de WhatsApp donde referentes del Polo Obrero daban instrucciones sobre la participación en las movilizaciones. En estos intercambios se dejaba claro que la asistencia no era opcional y que el incumplimiento traía aparejadas consecuencias.
Además, los allanamientos en distintos locales de la organización social permitieron encontrar hojas de cálculo con nombres, fechas y observaciones sobre cada persona. Estos documentos también incluían anotaciones sobre qué personas eran “poco comprometidas” con las actividades y cuáles debían ser “convencidas” para participar con mayor frecuencia.
Eduardo Belliboni, polo obrero, juicio
POLITICA
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo

Así como no todo lo que reluce es oro, el voto de los senadores peronistas contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no implica una señal de unidad en el PJ sino que, por el contrario, encubre un hervidero de internas que amenazan con hacer volar por los aires la más que endeble unidad del conglomerado que conduce José Mayans (Formosa).
Que el peronismo pasa por su peor momento en la Cámara alta es una verdad que ya no se puede ocultar. Qué un oficialismo que apenas tiene 21 senadores haya logrado aprobar una reforma que flexibiliza de las leyes laborales en el Senado hubiese sido inimaginable hace menos de un lustro atrás y es toda una señal del retroceso que vienen registrando los seguidores de Cristina Kirchner.
Pero las señales siguen acumulándose. Desde diciembre, el conglomerado peronista en el Senado se ha dividido en tres bloques, tras la última elección el kirchnerismo tocó la cota más baja de bancas desde que devino en el sector hegemónico del partido fundado por Juan Domingo Perón y, como si fuera poco, su intención de seguir imponiendo su agenda y estrategias ha convertido en una olla a presión al interbloque rebautizado “Popular”. Si hasta el nombre, elegido por la conducción kirchnerista, molestó a varios legisladores por considerar que no expresa nada.
La tensión interna alcanzó su pico más alto en la previa a la sesión por la reforma laboral cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció en público al kirchnerismo por llevar a cabo “aprietes” y “presiones” para imponer por la fuerza su postura de rechazo cerrado al proyecto.
“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, afirmó Sáenz, que lleva años enfrentado con la conducción de Cristina Kirchner.
En un despacho de la Cámara alta avalaron los dichos de Sáenz, pero fueron un poco más allá y equipararon la situación con las purgas de la desaparecida Unión Soviética. “Como ven que está perdiendo poder el kirchnerismo está haciendo estalinismo puro y duro, expulsando a todo aquel que disiente con ellos”, se quejó un legislador que hace rato viene amenazando con abandonar el sector kirchnerista de la bancada, pero que siempre encuentra una razón para no hacerlo.
Las palabras del mandatario salteño también encontraron eco durante el debate de la reforma laboral, cuando la jujeña Carolina Moisés se quejó en pleno recinto por las presiones y la persecución que viene sufriendo como consecuencia de su enfrentamiento interno en Jujuy con Leila Chaher, referente de La Cámpora con llegada directa a la expresidenta que cumple condena por corrupción.
“Llevo más de un mes aguantando una campaña tremenda, con aprietes espantosos, de parte de algunos que se dicen compañeros, atacándome y tratando de doblar mi voluntad, poniendo en duda por qué voto lo que voto”, denunció Moisés.
La senadora acusó al kirchnerismo de haberla expulsado del PJ de Jujuy “por las decisiones” que tomó en el ejercicio de su cargo. “La verdad es que no les tengo miedo; mi voluntad está conducida no por una persona ni un partido, sino por la voluntad de los jujeños que me pusieron en esta banca”, desafió.
Moisés votó en contra de la reforma, dando por tierra con versiones periodísticas que la ubicaban apoyando el proyecto. “Eso querían ellos para tener una razón para expulsarnos. Nos vamos a ir, pero cuando lo dispongamos nosotros, y cuando lo hagamos nos vamos a llevar a varios de los que hoy están con los kirchneristas”, advirtió a un allegado al bloque Convicción Federal, molesto por la estrategia adoptada por el kirchnerismo de negarse a participar del debate y obligar a sus senadores a tomar posturas extremas, sin grises.
Convicción Federal es uno de los tres bloques en que se divide el interbloque “Popular” y está integrado por Moisés, Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), todos críticos de la praxis política y del modelo de conducción del kirchnerismo.
El grupo acaba de dar otra señal fuerte de disidencia interna, aceptando integrar las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores a contramano de la estrategia de la conducción del interbloque, que se niega a designar representantes en los cuerpos de trabajo legislativo en protesta porque no se le respeta el número que, aseguran, les correspondería en un reparto proporcional.
El mapa peronista del Senado se completa con la mayoría kirchnerista, aglutinada en el Bloque Justicialista y que conducen la troika conformada por Mayans, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), todos con llegada directa a San José 1111; y los dos miembros del boque del Frente Cívico de Santiago del Estero, que lidera el exgobernador Gerardo Zamora.
Por el momento no hay fecha de ruptura porque nadie quiere dar el primer. Pero la tensión viene en aumento, con gestos de desafíos internos y un tema en la agenda futura del Senado que podría convertirse en el detonante de la ruptura: la elección de los jueces de la Corte Suprema.
El Gobierno ya ha tomado nota de que el kirchnerismo cayó a 21 legisladores puros y, por lo tanto, perdió la llave del tercio del cuerpo (24 legisladores) que lo convertía en factor clave a la hora de negociar los nombres de los candidatos a ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal.
En otras palabras, en la Casa Rosada saben que todavía necesitarán de votos peronistas para conseguir los dos tercios que exige la Constitución para darles acuerdo a los magistrados, pero también tienen claro que Cristina Kirchner ya no tendrá que estar necesariamente sentada en esa mesa. Todo un golpe para la expresidenta.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Financiamiento universitario: el Gobierno confía en reunir mayoría en Diputados y apunta a aprobar la ley en marzo

El Gobierno nacional intensificó las gestiones políticas para avanzar con un nuevo esquema de financiamiento universitario y asegura contar con respaldo suficiente en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa. Sin embargo, pese al optimismo oficial, la discusión legislativa no se concretaría durante las sesiones extraordinarias y quedaría postergada para el inicio del período ordinario.
En Balcarce 50 sostienen que el número de votos está prácticamente garantizado gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas y legisladores provinciales. De acuerdo a estimaciones oficiales, el proyecto podría alcanzar un piso cercano a la mayoría simple necesaria para la media sanción.
La intención inicial era tratar el texto esta misma semana: primero obtener dictamen en comisión y luego llevarlo al recinto. Pero los tiempos parlamentarios y la necesidad de seguir negociando cambios técnicos obligaron a aplazar la votación. La estrategia ahora apunta a marzo.
Qué propone la reforma
La iniciativa no elimina la normativa vigente aprobada por el Congreso el año pasado, sino que busca modificar su mecanismo central: la actualización automática de partidas presupuestarias. El Ejecutivo pretende reemplazar ese sistema por incrementos escalonados y revisiones periódicas.
Según explican fuentes oficiales, el objetivo es evitar que el gasto universitario quede atado de forma permanente a la inflación y genere compromisos fiscales difíciles de sostener. En su lugar, la propuesta prevé ajustes programados y una evaluación a mitad de año para revisar el impacto de la evolución de precios.
El esquema incluiría una recomposición inicial para gastos operativos de las universidades respecto de los fondos asignados en 2025, junto con una instancia de revisión en junio para comparar la actualización otorgada con el Índice de Precios al Consumidor.
Negociaciones con las universidades
Paralelamente al armado político en el Congreso, funcionarios del área educativa mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas. Las reuniones abordaron salarios docentes, funcionamiento institucional y previsibilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno aseguran que buscan un acuerdo técnico que reduzca la conflictividad y evite nuevas crisis de financiamiento. Las casas de estudio, en tanto, reclaman garantías de estabilidad para sostener el calendario académico y el pago de sueldos.
El debate universitario se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política durante el último año, con marchas masivas y cruces entre el oficialismo y la oposición. En este contexto, la Casa Rosada considera clave mostrar capacidad de negociación y avanzar con una ley propia.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El escenario parlamentario
El oficialismo apuesta a construir una mayoría con aliados circunstanciales, especialmente legisladores de provincias que condicionan su apoyo a la incorporación de cláusulas específicas. Por eso, el texto aún permanece abierto a modificaciones.
Aunque el Gobierno asegura tener los votos, en el Congreso reconocen que el resultado final dependerá del nivel de consenso que logre el Ejecutivo con rectores y gobernadores. La discusión, por lo tanto, continuará en las próximas semanas y se proyecta como uno de los primeros grandes debates legislativos del año político.
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Cámara de Diputados,financiamiento universitario,Javier Milei,universidades nacionales
POLITICA
Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump

El debate sobre el acuerdo con Estados Unidos ha estado dominado por discusiones económicas sobre su impacto sectorial, su potencial para promover cadenas de valor y pormenores técnicos de derecho comercial.
El foco del debate es curioso porque los acuerdos pueden hacerse o deshacerse si la política no acompaña y su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de desarrollos geopolíticos.
Cualquier economista reconocería que las instituciones son endógenas a las estructuras de incentivos y estrategias de los actores. De allí que una pregunta eminentemente política se encuentre en el candelero ¿Es un acuerdo tan asimétrico una estrategia acertada dadas las dinámicas de poder entre Estados Unidos y China?
El acuerdo sería un error si, como sostienen algunos, coincidimos más de lo debido a una hegemonía norteamericana declinante. El paralelismo más sugerente es con el tratado Roca-Runciman de mayo de 1933 en el cual Argentina, entonces enfrentada al proteccionismo británico, aseguró una cuota de 390.000 toneladas de carne a cambio de concesiones que el nacionalismo interpretó como coloniales.
Aquel acuerdo (como este) fue notablemente asimétrico—nos obligaba a vender carne de frigoríficos británicos, pagar con ello deuda contraída en Londres y dar trato preferencial a otros productos. Sin embargo, la conclusión de que Argentina cometió un error por atarse a una potencia declinante—cuando Estados Unidos estaba en plena depresión y Gran Bretaña poseía el mayor imperio de ultramar de la historia, abarcando aproximadamente un cuarto de la tierra y su población—es anacrónica.
El destino del Imperio Británico distaba de ser evidente en ese entonces. En la larga cadena de contingencias imprevisibles que lo fue develando, una ironía notable se dio cuando, tras el hundimiento del Graf Spee en diciembre de 1939, el canciller José María Cantilo propuso al embajador británico Sir Esmond Ovey romper relaciones con Berlín, pero Londres concluyó que la neutralidad argentina era más funcional para que el suministro de carne—la cuota asegurada por Roca (h)—pudiera sortear a los submarinos alemanes y la propuesta fue descartada. Así, aquellas relaciones cárnicas tuvieron consecuencias terribles para la Argentina, pero las razones son mucho más complejas e imprevisibles de lo que la historiografía revisionista presupone.
Aun cuando históricamente imprecisa, la analogía con el tratado Roca-Runciman permite formular la más relevante de las preguntas geopolíticas por detrás de este acuerdo ¿Se está alineando Argentina otra vez con un hegemón en declive?
Aunque China hoy duplica la producción y el comercio manufacturero de Estados Unidos—como este duplicaba a Gran Bretaña en el período de entreguerras—por entonces la economía norteamericana triplicaba a la británica y ya igualaba su productividad per cápita. Pekín, en cambio, incluso con las mediciones más favorables, apenas iguala el producto global de su rival pese a tener una población cuatro veces mayor. A diferencia del período de entreguerras, el 65 por ciento de la economía mundial hoy se concentra en los servicios, mientras que las manufacturas—ámbito en el que el gigante asiático ha logrado destacarse—representan apenas una quinta parte. Medida en términos per cápita, esta ventaja en riqueza y productividad es tres veces mayor a la que el Reino Unido jamás tuvo sobre los Estados Unidos.
Pero para anticipar quién prevalecerá no basta la economía: el equilibrio militar es decisivo. La transición entre el Reino Unido y Estados Unidos sólo fue sellada tras dos guerras mundiales. En este sentido, aunque China haya podido ponerse a la par en algunos aspectos económicos, esto la ha convertido en un rival prodigioso en el Pacífico y desatado dinámicas geopolíticas que pueden llegar a detener su ascenso.
Hoy Estados Unidos no enfrenta ningún desafío a su hegemonía militar—al menos nada remotamente comparable al desafío que Alemania representó para Gran Bretaña. El gasto en defensa de Washington es cuatro veces el de Pekín en términos absolutos. Militarmente, China está contenida por tres portaviones y bases estadounidenses en la primera cadena de islas frente su costa, apoyadas en alianzas estrechísimas con Seúl, Taipéi y Tokio—sin considerar el control de rutas marítimas más allá.
Más aún, aislado por dos océanos y sin rivales inmediatos en su vecindario, Estados Unidos podría cómodamente replegarse y dejar que los vecinos de China—desde Japón hasta la India, e incluso Rusia en el largo plazo—tomen cuenta de su contención. Estados Unidos está mejor posicionado para jugar en el Asia del siglo XXI un papel similar al que desempeñó en la Europa del siglo XX, emergiendo como árbitro estratégico.
Claro, si China siguiera creciendo pacíficamente, cuadruplicando sus cifras actuales de productividad per cápita y gasto militar, llegaría un punto en el cual igualaría a los Estados Unidos. Quizás entonces podría sobreponerse a sus poderosos vecinos y al cerco norteamericano. Frente a este escenario la pregunta del millón es si Washington puede frenar el ascenso chino. Claramente, el intento actual de aislar económicamente a Pekín responde a esta preocupación.
Algo es casi seguro: mientras China no abandone sus ambiciones, Estados Unidos no dejará de intentar frenarla. Esta observación es, quizás, central para la planificación estratégica de países como la Argentina en el mediano plazo. Este año, Pekín logró una tregua momentánea al intento de desacople norteamericano por su control sobre la producción de tierras raras, pero Estados Unidos volverá a la ofensiva. Como lo declaró Marco Rubio, Argentina viene a jugar un papel central en la estrategia de Washington de diversificar estos suministros y esto se refleja en el acuerdo.
Sin dudas, el acuerdo Milei-Trump fue asimétrico. Como en todos los acuerdos de este tipo firmados recientemente—por Guatemala, Ecuador y El Salvador—Washington requirió concesiones unilaterales en acceso a mercados, reducción de trabas burocráticas, propiedad intelectual y la exclusión de China de ciertas áreas.
Sin dudas, con mejores equipos negociadores se podría haber obtenido un resultado más decoroso en aspectos que van desde el tono del acuerdo, hasta los mecanismos adoptados para efectivizar las concesiones políticamente acordadas—como la ausencia de la cuota, la mayor concesión norteamericana, en el mismísimo acuerdo. Pero una crítica honesta requiere consistencia lógica y una dosis de realismo respecto de las alternativas sobre la mesa. De lo contrario, las críticas ideológicas incurren en contradicciones espectaculares, como quienes rechazan el tratado Roca-Runciman desde el antiimperialismo y defienden el alineamiento con otra potencia hegemónica, o quienes critican el acuerdo con Trump por su impacto en nuestro tejido industrial y proponen vínculos con China basados en nuestra mayor complementariedad como exportadores de materias primas. En definitiva, un acuerdo solo puede evaluarse en relación con las alternativas disponibles.
En las Américas, frente a Trump, no parece haber hoy en día muy buenas alternativas. Sin siquiera considerar la delicada situación de Delcy Rodríguez, los casos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro demuestran que las concesiones que no se ofrecen inicialmente, se consiguen a través de los palos. Mientras Lula (como von der Leyen) inició la partida bajo aranceles del 50 por ciento, Milei (como Takaichi y Starmer) prefirió aceptar la asimetría desde un inicio ates que sumarle a esta los costos adicionales de la confrontación. Se verá si ser un aliado confiable en el hemisférico occidental es una buena estrategia, pero la primera mano, en términos comparados, no se ve tan mal.
En el escenario doméstico, el tratado sin dudas ha tenido un saldo positivo y provee de un ancla comercial y geoestratégica que se suman a la monetaria, cambiaria y fiscal.
La diplomacia de las relaciones cárnicas deberá ser procesada domésticamente también en lo que puede ser una caja de Pandora, por los intereses que toca—que ya se han cobrado dos cancilleres.
No deberíamos olvidar que tras el acuerdo Roca-Runciman la polarización en torno al infame escándalo de las carnes ensangrentaría las bancas del Congreso; una tragedia que, esperemos, no se repita ni siquiera como farsa.
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