CÓRDOBA.- Horas después de que el fiscal general adjunto de Córdoba, Alejandro Pérez Moreno, cuestionara la aplicación de la figura de la asociación ilícita por parte de los fiscales provinciales, dos de ellos presentaron notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre quien es una de las cabezas del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales de instrucción Juan Pablo Klinger y Enrique Alberto Gavier plantean que reaccionaron porque así lo pide el Código Deontológico del Poder Judicial, que dice que “frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier origen, que expresa o implícitamente se realicen y sean susceptibles de alterar el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional o en lo funcional, corresponde a magistrados y funcionarios la comunicación o denuncia ante la autoridad competente, sin perjuicio de las medidas a su alcance para evitarlas o repelerlas”.

En la nota que firman apuntan a la “conducta reprochable, de gravedad institucional apreciable, llevada a cabo por el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien ejerce la función de Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba».

Pérez Moreno habló el 12 de junio en un seminario de posgrado de la Facultad de Derecho y dijo: “La asociación ilícita ha llegado a ser hasta una broma entre nosotros, ya vamos al bar, vemos a tres: ‘che, asociación ilícita’…. Incluso ahí en tribunales, cuando se juntan tres abogados: ‘che, te va a ver tal fiscal; che, asociación ilícita’… Fíjense ustedes cómo se ha desnaturalizado la importancia que debe tener una asociación ilícita, hemos llegado al absurdo y esto lo digo, olvídense de que me presentaron como fiscal adjunto. No, yo soy el Ale Pérez Moreno y pienso acá y lo decía antes y lo digo ahora: hemos llegado al absurdo de decir de que diez muchachitos que roban en moto son una asociación ilícita y que hay que condenarlos por asociación ilícita porque son una banda peligrosísima».

La referencia es a la investigación que lleva adelante Klinger sobre el accionar de una banda de motochorros en el noreste de la ciudad. Pérez Moreno criticó la aplicación de la figura de la asociación ilícita para la privación de la libertad en causas por delitos económicos o de corrupción. Por ejemplo, una de esas causas es la de la corrupción en las cárceles cordobesas por la que está detenido el extitular del Servicio Penitenciario Juan María Bouvier. El ahora Fiscal Adjunto fue su abogado.

Para los fiscales, los dichos de Pérez Moreno son una “injerencia indebida” que “altera inexcusablemente el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional, y del Ministerio Público Fiscal en lo funcional, atentando, a través de su llamado al auditorio presente -abogados, empleados y funcionarios judiciales- a ayudarlo a cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba, contra la independencia y la rectitud en la administración de justicia».

Según los fiscales denunciantes, la “grotesca y reprochable presión pública ejercida por el abogado Pérez Moreno, nada más y nada menos que desde el lugar de Fiscal General Adjunto” transgrede las reglas.

En la denuncia, dirigida al fiscal general Juan Manuel Delgado, jefe directo de Pérez Moreno, los fiscales añadieron, en alusión a la conducta cuestionada: “Conspira contra la política de persecución penal fijada por Ud. como Fiscal General de la Provincia de Córdoba”.

Subrayaron en el texto que la declaración del fiscal adjunto “no sólo tuvo como objetivo claro entrometerse indebidamente y presionar aviesamente a dos funcionarios jerárquicamente inferiores, atentar contra la independencia funcional, la rectitud en la administración de justicia y la actuación del Ministerio Público Fiscal vinculada a su política de persecución penal; sino que al mismo tiempo, ha exhibido una preocupante desconexión con la realidad delictiva, con lo que la sociedad espera de nuestro compromiso frente a la criminalidad organizada acuciante que sufre a diario, y ha demostrado un desprecio lacerante al esfuerzo, dedicación y sacrificio inestimables de policías, empleados y funcionarios judiciales que intentan dar respuesta a lo que la comunidad nos demanda”.

Pérez Moreno juró en su cargo en febrero pasado y una de las fundamentaciones para su designación por parte del gobernador Martín Llaryora fue la de darle “dinamismo al plan de territorialidad de los fiscales”. Una de las causas más resonantes en las que actuó fue la del crimen de Blas Correa, asesinado por dos policías. Pérez Moreno fue el abogado de la familia.

El testimonio de Daniela Reyes, una mujer de 29 años que enfrenta un cáncer extraño y complejo, expone en un caso que se viralizó en las redes sociales el impacto que produce la grave crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que afronta una deuda de $160.000 millones y mantiene cortadas las prestaciones médicas de alto costo, según coinciden varias denuncias de afiliados.

“Tengo cáncer de uraco con metástasis en los pulmones. El viernes me anunciaron que se cortó la obra social con mi oncólogo, un excelente profesional. Tengo que pagar las quimios. Me llegan los medicamentos, pero no sé cómo seguirá la situación con la interrupción de la obra social”, relató Reyes, esposa de un militar, al propagar su reclamo en las redes.

Reyes reveló que debía hacerse otro estudio, que Iosfa no le cubre. “Una videocolonoscopia, para ver si tengo metástasis en el colon también. Hay mucha gente que está pasando por esto”. Al dar a conocer su caso, resumió: “Salí de la quimio y vine a la marcha porque quiero vivir”, en referencia a una movilización frente a la sede central de Iosfa, en la calle Paso 551, que tuvo réplicas en delegaciones de varias provincias.

También la Fundación Huésped denunció que el Gobierno “no está garantizando la entrega de medicación esencial para personas con HIV” y reclamó soluciones al ministro de Defensa, Luis Petri.

La lista de afectados por la crisis de la obra social de los militares reúne a pacientes que necesitan remedios oncológicos, los que son sometidos a trasplantes, los pacientes que afrontan patologías crónicas severas y, en el caso de las personas con diabetes, los que son insulinodependientes.

La problemática de la obra social se da en momentos en que más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad dejaron la fuerza en lo que va del año, principalmente a raíz de los bajos salarios.

En la Armada las bajas afectaron la dotación de oficiales en algunas áreas técnicas claves, como el sector de máquinas, en las jerarquías de tenientes de fragata y tenientes de navío, dijo una fuente naval.

En la sede principal de Iosfa tienen sus oficinas el Directorio y la presidencia de la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que desde hace un mes ejerce la contadora Betina Surballe. Es la tercera titular de Iosfa en los 20 meses que lleva la gestión de Petri en Defensa. Sus antecesores Oscar Sagás y Roberto Fiochi renunciaron en medio de escándalos por la caótica situación de la entidad, que en diciembre de 2023 tenía sus cuentas en orden y hoy afronta un pasivo que crece en $19.000 millones por mes.

En los ocho meses que duró la gestión de Fiochi se pidió un polémico préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), el organismo dedicado al pago de pensiones y retiros militares que entonces dirigía Surballe, ahora titular del Iosfa. A los pocos días de entrar en funciones en la obra social, Surballe le pidió al ministro Petri que relevara y cambiara a los representantes que las Fuerzas Armadas tienen en el Directorio de la obra social, que habían tenido conflictos con las gestiones anteriores.

El préstamo por $40.000 millones se gestionó con un interés anual que, según se informó en una reunión del Directorio, inicialmente ascendía al 35% y finalmente se fijó en 52 por ciento. Y el monto es devuelto en cuotas mensuales por los propios afiliados a la obra social, lo que acrecienta el malestar en las filas castrenses.

Con un padrón de 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y de IOMA. Se creó formalmente en 2013, a partir de un decreto de Cristina Kirchner que unificó las obras sociales que funcionaban por separado: el Instituto Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada y la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea.

Hoy la obra social tocó fondo y así lo ratifica el testimonio de una afiliada que se presenta en X como @LiberSociologa, al revelar a comienzos de este mes que “Iosfa le debe plata al Centro Metropolitano de Ojos” y transmitir su queja porque la habían llamado para cancelar un turno que tenía con la oftalmóloga.

“Yo no entiendo cómo Iosfa le debe plata a sus prestadores con la guita que nos sacan a nosotros. Yo gano $837.000, con 15 años de antigüedad, siendo profesional y con cinco títulos universitarios, y me sacan de mi sueldo $60.000. Nos descuentan el 6%, cuando la ley dice que no nos pueden retener más del 3% para obras sociales”.

La afiliada advirtió que Iosfa no figura en la Superintendencia de Salud porque no es considerada una prepaga, ni una obra social. “Es un instituto, o sea es una chantada. Tenemos que pagar una prepaga aparte porque Iosfa siempre funcionó muy mal”, alertó en las redes.

Un drama que se intensificó en las últimas semanas es que la obra social de los militares no entrega medicación oncológica a sus afiliados. Distintas voces llaman a visibilizar esta grave problemática y piden ayuda. La hija de un suboficial mayor retirado, con el usuario @ForbetilP, replicó el mensaje en X y advirtió: “Mi papá está pasando por lo mismo, es una vergüenza”.

Julián Alvez relató también en X que hace dos semanas tomó un Uber y el conductor le contó que maneja un remise para llegar a fin de mes porque trabaja en la Armada -en un área muy especializada- y que gana $800.000. “El mes pasado les aumentaron $5000 y tiene que pagar su atención médica porque nadie le acepta Iosfa. Triste”, compartió.