Con un abrazo simbólico al Edificio Centinela, la sede de la Gendarmería en el barrio de Retiro, familiares, allegados y efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, reclamaron mejoras salariales. El anuncio oficial, conocido ayer, de que recibirían un bono no remunerativo de $40.000 más otras sumas que podrían llegar hasta $300.000, no logró aplacar la protesta, que se convocó por redes sociales y bajo la consigna “Sueldos dignos para nuestras fuerzas federales”.

Este jueves por la mañana, los manifestantes se concentraron en el Edificio Centinela, en Antártida Argentina 1480, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto de homenaje a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, a 44 años del comienzo del conflicto bélico.

Los manifestantes llevaron banderas argentinas y carteles con consignas sobre sus reclamos. “PFA, ¿Hasta cuándo? Recomposición salarial ya, obra social digna», rezaba uno de esos carteles; “Salario digno para las fuerzas de seguridad. La vocación no alimenta a mi familia”, se leía en otro. Había mensajes del Servicio Penitenciario Federal y uno contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, que decía “Petri, comodín de cargos”.

En una improvisada rueda de prensa, dos voceros de las fuerzas de seguridad explicaron el motivo de la protesta. Dijeron que “sería bueno” que el sueldo se “vaya subiendo de a poco, porque ya no se puede mantener a una familia”.

Consultados sobre el bono que otorgará el Gobierno, los voceros de la protesta (uno de ellos, con uniforme de la Policía Federal; el resto, de civil) indicaron que “no sirve” y que “es una migaja”.

“Esto es un acto sin animosidad política. Esto no es para hacer quilombo, es un reclamo digno de las fuerzas de seguridad y también incluimos a las Fuerzas Armadas”, subrayó uno de los portavoces del reclamo, que concluyó: “El pueblo argentino, señor Presidente, no come números”. Las fuerzas federales están en la órbita del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich.

Ayer, en el Boletín Oficial, se publicó el decreto 216/2026, que establece el pago de un bono de carácter fijo, no remunerativo y no bonificable, que se pagará con los sueldos de abril. Además, esa decisión gubernamental incluye un segundo bono que oscilará entre los $100.000 y los $300.000, según los rangos del personal en actividad, pero no es generalizado. Ambas sumas se pagarán por única vez.

Claudia Sbabo, una de las jubiladas que aparecen como acreedoras de Manuel Adorni en la compra del departamento de Caballito, tiene tres inmuebles a su nombre y figura como beneficiaria de un programa porteño destinado a adultos mayores con haberes inferiores a $600.000. Su inscripción al programa se dio apenas seis meses antes de que le prestara al jefe de Gabinete 100.000 dólares para que adquiriera el inmueble de la calle Miró al 500.

Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble a los que accedió , Sbabo cuenta con titularidad registral sobre tres inmuebles. Al momento de conceder el beneficio, el Ministerio de Cultura de la ciudad solo tiene en cuenta el recibo de haberes y no solicita documentación adicional respecto de propiedades a nombre del solicitante u otros ingresos.

“Una de las jubiladas que compraron y le financiaron la casa con una hipoteca [a Adorni], al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba pidiéndole a la ciudad un pase cultural de $60.000”, reveló el lunes último la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) en diálogo con LN+.

La jubilada de 64 años figura como una de las beneficiarias del Pase Cultural para adultos mayores, un programa que otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos. La iniciativa está destinada a jubilados y pensionados mayores de 60 años que vivan en la ciudad y perciban un haber que no supere los $600.000 mensuales sin contar aguinaldo.

Ese monto, equivale -a valores de junio del año pasado, cuando Sbabo accedió al beneficio- a alrededor de dos jubilaciones mínimas sin bono. En el Ministerio de Cultura de la ciudad confirmaron a que para acceder al programa, los beneficiarios deben presentar su último recibo de haberes y DNI.

Según consigna en el Boletín Oficial de la Ciudad, la cartera que conduce Gabriela Ricardes aprobó la nómina del beneficiarios el 12 de junio de 2025. Un mes antes, Sbabo había adquirido junto a Beatriz Viegas -la otra jubilada que figura como acreedora del funcionario nacional- el departamento de Miró al 500 que luego le vendieron a Adorni con una hipoteca.

Como contó , Sbabo y Viegas habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que compraron la propiedad de Caballito a su primer dueño, el exfutbolista Hugo Alberto Morales. Esa compraventa se registró por un valor de 200.000 dólares.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, siete meses después, en noviembre del año pasado, Adorni compró esa propiedad por 230.000 dólares. La mayor parte de esa operación se solventó con una hipoteca de 200.000 dólares que tiene como acreedoras tanto a Viegas como a Sbabo por 100.000 dólares cada una.

Es decir, según se desprende de los documentos, Sbabo accedió al beneficio para jubilados con haberes de hasta $600.000 en el plazo entre que adquirió el departamento de Caballito y se lo vendió a Adorni.

Investigación judicial

La Justicia investiga la compra del departamento de Miró al 500 realizada por Adorni. Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en esa operación inmobiliaria. Había participado también de la compra de la casa en Indio Cuá Golf Club a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, por el momento, no está previsto citar a las dos jubiladas que figuran como acreedoras del ministro coordinador. Como informó , todo indicaría que el fiscal quiere hacerse primero con los elementos necesarios para determinar si deben presentarse como testigos o partícipes de un posible delito.

Además de su vivienda en Caballito y la casa del country de Exaltación de la Cruz, la familia Adorni cuenta con una propiedad en Parque Chacabuco -cuya titularidad comparten a medias el jefe de Gabinete y su esposa- y un departamento en Parque Avellaneda al que accedió Angeletti a través de un préstamo social del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).