Ante la inminencia del comienzo del juicio oral y público por el caso conocido como cuadernos de las coimas, que arranca este jueves, en el Gobierno consideraron que esperan que la Justicia “avance hasta donde deba avanzar” y que “quienes sean culpables, paguen por lo que hicieron”.

El juicio será el segundo que lleve al banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. La exmandataria es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita integrada por funcionarios que cobraban retornos de parte de empresarios.

Las declaraciones de fuentes de Casa Rosada fueron ante la consulta en la antesala del comienzo del juicio que llevará, además de a la expresidenta, a otras 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios. El debate se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal.

“El choreo más grande de la historia de la humanidad”, definió Milei el caso.

Semanas atrás, el presidente Javier Milei se refirió a la exmandataria como “la chorra de la tobillera”, en referencia al dispositivo electrónico que Kirchner tiene desde mayo pasado cuando le fue otorgada la prisión domiciliaria en el marco de la causa “vialidad”. Ese caso fue el primero en el que la expresidenta terminó sentada en el banquillo de los acusados primero y condenada después. La ratificación de esa condena a seis años de prisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y desde entonces Kirchner cumple arresto domiciliario.

El mandatario mencionó, entre otras causas judiciales de Kirchner no solo a “Vialidad”, sino también a “Memorándum de Entendimiento con Irán” y a Cuadernos. Fue entonces que se refirió a ese expediente como “el choreo más grande de la historia de la humanidad”.

El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli.

Vacantes

El juicio será llevado adelante por jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.

La disponibilidad de los jueces está sujeta a vacantes sin cubrir en la justicia es un déficit que lleva años y que se acrecentó en el último año. En ese caso, el juicio por los cuadernos de la corrupción no son la excepción. Si bien el TOF 7 está completo con sus tres jueces, las agendas de estos en otros tribunales que deben subrogar complicó la organización del debate.

En los TOF la mitad de los jueces están vacantes, por lo que los que están deben dividirse entre juicios de sus propios juzgados y otros que subrogan, lo mismo sucede con los jueces que deben quedar como suplentes -“cuarto juez”- que pertenecen siempre a otros tribunales y deben congeniar agendas.

Si bien la situación de las vacantes de jueces es problemática desde hace años, se aceleró en el último tiempo. Fue luego de que las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año. Pasando casi del 33% de vacantes actual al 38% en el primer trimestre de 2026.

La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia. Desde el Gobierno comparten la preocupación y prometen que luego de haber pasado las elecciones y ante la inminente nueva composición del Congreso, enviarán al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.

Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.

La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó reapareció como la abogada designada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, para que lo defienda en el caso de los cuadernos de las coimas.

La aparición de Gils Carbó, aceptando su designación como abogada, se produjo este miércoles al atardecer, al filo del comienzo del juicio oral y público que tendrá lugar mañana desde las 9.30 por Zoom, dijeron fuentes judiciales a .

Gils Carbó fue la procuradora general de la Nación desde agosto de 2012 a propuesta de Cristina Kirchner hasta finales de 2017, cuando renunció en medio de una oleada de críticas del gobierno de Mauricio Macri.

Desde entonces Eduardo Casal, procurador adjunto más antiguo, es el procurador general de la Nación interino.

Especialista en derecho comercial y en quiebras, Gils Carbó fue fiscal ante la Cámara Comercial. Entre los juicios más resonantes en los que intervino estuvo la causa Papel Prensa y el concurso de la Sociedad Comercial del Plata.

Como procuradora general de la Nación recibió críticas por su actuación motivada por razones políticas a la hora de trasladar fiscales, o designarlos de manera interina para manejar causas sensibles. Recibió denuncias, pero en todas fue sobreseída.

Siempre negó que sus decisiones tuvieran una motivación política por sus simpatías por el kirchnerismo. Ahora reapareció públicamente como abogada de Gerardo Ferreyra, el dueño de la empresa Electroingeniería. Se trata de un empresario kirchnerista que integró en los años setenta el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

Ferreyra pasó nueve años preso durante la última dictadura en Córdoba y regresó luego a la cárcel durante seis meses por la causa de los cuadernos de las coimas. A pesar de que fue tentado para que declarara como “arrepentido” y pudiera salir excarcelado, siempre se negó a hablar y soportó el encierro hasta que fue excarcelado.

Ferreyra fue detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio el 1 de agosto de 2018 y liberado el 4 de febrero de 2019 por indicación de la Cámara Federal. Como vicepresidente de la empresa, intervino en múltiples entregas de dinero a funcionarios, actuando en la mayoría de los casos como coautor junto a Osvaldo Antenor Acosta y Jorge Neira.

Los pagos se realizaron a Roberto Baratta o a Daniel Muñoz. Las sumas de dinero entregadas por Ferreyra, o bajo su indicación, son de las más altas en la causa, superando los cientos de miles y, en varios hechos, los millones de dólares, para garantizar que los funcionarios actuaran en beneficio de electroingeniería o Vialco SA.

Ferreyra figura en la causa con pagos de 4.500.000 USD (21/07/2010), 2.500.000 USD (23/07/2010), 4.500.000 U$S (30/07/2010), cerca de 4.000.000 USD (07/10/2010). Otros pagos asociados rondaron los 850.000 USD , 3.000.000 USD, 3.500.000 USD, 380.000 USD y 800.000 USD en distintas fechas, y dos hechos por cerca de 250.000 USD en 2015.

Claudio Uberti relató una entrega anterior (2006) de “10 palos en Euros” de Ferreyra a Néstor Kirchner. La entrega fue en el estacionamiento de la confitería Selquet, de Núñez, supuestamente según la acusación fiscal, y Ferreyra habría sacado de su auto, un Fiat Mondeo la plata. Uberti llevó esta valija a Néstor Kirchner a la quinta de Olivos.

En una de las causas, su empresa Vialco SA fue imputada por pagos a Ernesto Clarens por un total de $2.670.000 pesos. Ferreyra también se ocupó de hacer llegar bolsos de más de diez kilos con dinero al departamento de Uruguay y Juncal, uno de los lugares más utilizados por la asociación para acopiar dinero, dice la acusación del fiscal Carlos Stornelli.

Ferreyra presentó un descargo escrito donde negó los pagos y su participación en la asociación ilícita, las pruebas y los requerimientos de elevación a juicio que le recriminan múltiples hechos de cohecho activo.

Su directivo, Jorge Guillermo Neira, reconoció haber efectuado pagos por orden de Ferreyra. Explicó que Gerardo Ferreyra le avisaba a él que pasarían a buscar una carpeta con dinero, indicándole el horario y el lugar.

Neira asistía al lugar y se encontraba con Baratta, quien era quien retiraba la plata. Neira no hablaba con Baratta. Detalló que en tres o cuatro ocasiones, Ferreyra le acercó una carpeta con dinero que estaba cerrada con cinta adhesiva.

En una sola ocasión, Ferreyra le acercó un bolso tipo mochila cerrada, cuyo contenido no verificó, pero que tenía un volumen más grande que el de las carpetas, y también se lo entregó al señor Baratta.

Neira reconoció que Ferreyra le dijo que lo que había entregado “era dinero”. También afirmó que no le constaba que fueran dólares los que llevó, sino que le decían que eran pesos, por instrucción de Ferreyra. Ratificó que las entregas que realizó fueron en las oficinas de la calle Lavalle N° 462 y 25 de Mayo N° 489 (ambas sedes de la compañía), y que jamás se trasladó con esas sumas de dinero a ningún domicilio que no fueran esos dos de la compañía.

Primero Neira negó los hechos a decir que eran “falsos, incoherentes y delirantes” y afirmó. “Jamás entregué dinero a ninguna persona”. Sin embargo, al ampliar su descargo, ratificó lo que declaró como arrepentido sobre las entregas que realizó y mencionó las cuatro entregas de sumas millonarias en dólares.