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Denunciaron por mal desempeño al juez que ordenó que la Policía de la Ciudad custodie la marcha de jubilados

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El juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura porteño por el Ministerio de Seguridad Nacional. Lo acusó del presunto mal desempeño en sus funciones luego de que le ordenara a la Policía de la Ciudad que custodie la próxima marcha de los jubilados.

La presentación por el Ministerio de Seguridad Nacional la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

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La solicitud de los gremios era para que las fuerzas de seguridad federales se abstuvieran de intervenir en manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando una supuesta vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.

Según detalla la denuncia, el juez habría habilitado días y horas inhábiles fuera del turno judicial para resolver la solicitud de los actores en plazo récord, interviniendo en un pedido cautelar pese a la oposición expresa del Ministerio Público Fiscal.

Los jubilados marcharán nuevamente este miércoles (RS Fotos)

El fiscal sostuvo que no existía un “caso judicial concreto” y que, de acuerdo con resoluciones judiciales previas, la cuestión planteada ya había sido rechazada por falta de legitimación activa y jurisdicción.

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A pesar de estos antecedentes, el juez resolvió el 6 de abril en forma favorable a los peticionantes, según subraya la denuncia contra el magistrado.

Los fundamentos del Ministerio de Seguridad Nacional

El principal argumento de la denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional se centró en una supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para intervenir en decisiones relacionadas con cuestiones de seguridad que trascienden su ámbito de actuación como magistrado local.

Según la cartera que dirige Patricia Bullrich, los hechos denunciados implican una violación de la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N°24.059) y comprometen directamente competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.

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De acuerdo con el documento entregado al Consejo de la Magistratura, el magistrado avanzó en una decisión que impacta en el ejercicio de funciones y facultades asignadas al ministerio por la Presidencia de la Nación.

Además, se resaltó que Gallardo “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.

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El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.

Decisiones cuestionadas y antecedentes del caso

Fue la cartera que dirige Bullrich la que denunció al juez

El juez Gallardo no solo resolvió habilitar los días inhábiles, sino que dispuso que las fuerzas federales “se abstengan de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a seguridad pública respecta”. Asimismo, notificó formalmente su decisión a organismos federales como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La denuncia subraya que esto representa una ampliación indebida de las competencias locales del juez, invadiendo la órbita de la justicia federal. En relación con este punto, el Ministerio Público Fiscal había advertido previamente que cualquier evaluación sobre la legalidad del accionar de las fuerzas de seguridad federales debía ser tratada exclusivamente en los tribunales federales, no en fueros locales.

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Denuncias de “forum shopping”

Entre las acusaciones que pesan sobre el juez Gallardo, el Ministerio de Seguridad Nacional destaca que su actuación podría enmarcarse en prácticas conocidas como “forum shopping”, es decir, la búsqueda de tribunales específicos para asegurar un tratamiento favorable de las causas.

Según la denuncia, los actores del amparo presentaron el caso ante Gallardo a última hora del viernes 4 de abril, buscando que el magistrado habilitara días inhábiles y evitara así que el caso recayera en manos del juez de turno.

Maia Volcovinsky, una de las dirigentes gremiales que presentaron la solicitud ante la Justicia porteña para que las fuerzas federales no intervengan en el operativo de seguridad de la próxima marcha de jubilados

“El juez justificó su participación basada en la urgencia de la tutela judicial ante un riesgo cierto y previsible, cuando los hechos invocados eran completamente hipotéticos”, se afirmó el documento presentado al Consejo de la Magistratura.

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Además, señaló que el razonamiento del juez, que menciona una supuesta “controversia administrativa local”, carece de sustento jurídico, al tratarse de cuestiones de seguridad que involucran interpretación directa de normas de carácter federal.

El juez dispuso que el Ministerio de Seguridad Nacional está obligado a retirarse del ámbito de acción en la movilización del próximo 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional, sin exceder los límites establecidos por la ley en cuanto al cuidado de intereses federales. En este contexto, los denunciantes señalaron que dicha resolución restringe indebidamente el rol de las fuerzas federales en garantizar la seguridad, y advirtieron: “No intervenir implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente al Estado Nacional”.

La denuncia presentada tiene por objeto solicitar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de un sumario investigativo que determine si hubo mal desempeño por parte del juez Gallardo. De comprobarse las irregularidades expuestas, el proceso podría culminar en sanciones disciplinarias e, incluso, en un eventual juicio político.

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Así, el Consejo de la Magistratura deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y, en caso de avanzar, delinear los ejes investigativos a seguir.

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La oposición a Kicillof refuerza su intento de modificar la forma de votar en la provincia

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Los cambios electorales se perfilan para ser los temas de mayor polémica en la provincia de Buenos Aires. En las filas opositoras al gobernador Axel Kicillof abundan los intentos por avanzar con la boleta única en la provincia, en línea con la modalidad que se utilizó a nivel nacional en 2025.

En la última semana, esos intentos se vieron reforzados por nuevas iniciativas que también buscan darle carácter optativo a las PASO.

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La UCR activó un plan para generar las condiciones para que se debata la puesta en marcha de la boleta única de papel. Lo hizo con el senador nacional Maximiliano Abad a la cabeza, en una reunión de la que participaron los legisladores provinciales Diego Garciarena (diputado) y Nerina Neumann (senadora), el miércoles pasado. En la Cámara de Diputados, el bloque de Garciarena tiene tres miembros; Neumann tiene un monobloque en el Senado.

Abad consideró que “es imperioso avanzar hacia la boleta única de papel”, a la que consideró “una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”.

Según adelantó Garciarena, impulsarán “jornadas de trabajo con todos los bloques legislativos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil” para conseguir “una reforma sólida, bien pensada y con legitimidad política”.

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El senador Abad, con los legisladores provinciales Garciarena y Neumann

La campaña que puso en marcha el sector del radicalismo bonaerense se suma a otras iniciativas por la boleta única de papel. La Libertad Avanza presentó un proyecto a fines del año pasado, en el Senado provincial; Nuevos Aires, un bloque que estuvo alineado con Javier Milei pero abandonó el oficialismo nacional, hizo lo propio en la Cámara de Diputados.

Pro también tiene proyectos presentados en ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La última semana, la Coalición Cívica hizo su aporte al movimiento por los cambios electorales en la provincia de Buenos Aires con un proyecto para que las PASO sean optativas. Según esa iniciativa, la participación de la ciudadanía sería opcional y los partidos que tengan lista única no participarán de las PASO. “La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, indicó Andrés De Leo, jefe del bloque de la CC (es una bancada de tres integrantes, que integran también Romina Braga y Luciano Bugallo).

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Andrés De Leo, diputado bonaerense de la Coalición Cívica

El lunes pasado, en una conferencia de prensa que brindó para referirse al fallo que anuló la condena contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, Kicillof responsabilizó al gobierno nacional por la posibilidad de que se modifiquen las reglas del juego en las urnas.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 25, que el gobierno nacional planteó que quiere hacer una fuerte reforma electoral, que, según algunos, tiene elementos que afectarían a las provincias, con lo cual estamos en el mismo problema de antes”, dijo Kicillof.

“Es una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, consideró el gobernador. “Estamos atentos, estamos viendo y estamos discutiendo internamente en las fuerzas políticas; hay una discusión, cuyo origen y desenlace tiene mucho que ver con lo que resuelva Nación”, concluyó.

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En la Cámara de Diputados, los proyectos de modificación electoral deberían tratarse en comisiones como las de Reforma Política y del Estado; Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La Cámara solo realizó, hasta ahora, una sesión de homenaje por los 50 años del estallido del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la semana pasada, y una sesión extraordinaria, en febrero.

La integración de las comisiones de la Cámara de Diputados provincial no está definida, aún restan acuerdos entre los bloques para repartir esos lugares de poder. Según pudo saber de una calificada fuente legislativa bonaerense, La Cámpora se quedaría, al menos, con la presidencia de la de Reforma Política. El cristinismo y el kicillofismo son contrarios a la posibilidad de establecer la boleta única de papel en territorio provincial.


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Kicillof denunció ante la Corte Suprema el recorte de fondos de Nación: es la octava presentación

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La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

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La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.

La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el Asesor General de Gobierno Santiago Pérez Teruel y el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez

El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.

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La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires», detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.

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Mensaje a los intendentes

El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.

Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.

Kicillof con intendenetes tras el anuncio que coparticipará el 16% de los fondos que la Provincia logre recuperar

A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.

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Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.

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Rodolfo Barra aseguró que el fallo a favor de la Argentina por el caso YPF “no es revisable” por la Corte Suprema de Estados Unidos

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El exprocurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra se refirió este martes al fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. En diálogo con LN+ sostuvo que el fallo “no es revisable” por la Corte Suprema de Justicia norteamericana. “Pueden ir a un arbitraje internacional, aunque hay limitaciones de los montos que se pueden reclamar. Pero estamos muy confiados”, agregó.

Sus declaraciones surgen luego de que el fondo inglés Burford afirmara que analiza presentar una “revisión en pleno”, acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos y reclamar arbitraje internacional.

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El viernes pasado se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia de primera instancia en el juicio, lo que le evitó a la Argentina pagar más de US$16.100 millones. También exculpó a YPF de responsabilidad durante el proceso de expropiación.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., en Nueva York fue la protagonista de un nuevo revés para la ArgentinaArchivo

El fallo desató una discusión entre el oficialismo y la oposición sobre el nivel de responsabilidad detrás de la victoria. Mientras que Javier Milei aseguraba que su gestión vino a “arreglar las cagadas” del gobernador bonaerense Axel Kicillof -entonces viceministro de Economía- y la expresidenta Cristina Kirchner -a cargo del Ejecutivo en 2012-, el kirchnerismo defendió la postura de la defensa del Estado que inició mientras se encontraban en el Gobierno.

Por su parte, Barra se alejó de la división política que se generó por el fallo y se centró en el trabajo del equipo de la Procuración. “El argumento central ha sido siempre que el Estado argentino ejerció una prorrogativa soberana -la expropiación- y que los alcances de la expropiación se rigen por la decisión del propio Congreso”, explicó.

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Y sumó: “La línea técnica se mantuvo en la Procuración durante años, que es un centro de excelencia en materia de abogacía del Estado. El argumento sustancial era: expropiación -prorrogativa soberana- y jurisdicción local -que no corresponde a Estados Unidos”.

Rodolfo Barra en LN+

El exministro de la Corte Suprema sostuvo que la pretensión de los actores involucrados “no debió prosperar”, en relación a la decisión de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que había determinado que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Preska había ordenado a la Argentina a pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.

“Es claro que la pretensión que tuvieron los actores no debía prosperar. Lamentablemente la jueza de primera instancia entendió algo distinto, una condena muy seria contra la Argentina, pero hemos ganado en la Cámara. Hablo en plural porque me refiero a los argentinos“, expresó.

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Luego, aseguró que no es posible que la máxima instancia judicial estadounidense cambie la decisión del fallo. “Esto no es revisable por la Corte Suprema de Estados Unidos. Pueden ir a un arbitraje internacional, aunque hay limitaciones de los montos que se pueden reclamar. Pero estamos muy confiados”, señaló. El arbitraje internacional se usa para resolver disputas transfronterizas entre empresas o gobiernos, donde se decide que un panel neutral emita una decisión vinculante, a menudo con base en el derecho internacional.

Barra sostuvo además que la “buena conducta” del gobierno de Milei ayudó a aceitar los lazos con la Justicia de Estados Unidos.

“Fue una estrategia adecuada. Los jueces resuelven los casos a partir de la ley, pero siempre está el contexto, que no se puede evitar. Y la decisión de que esto se trate en la justicia local de un país que estaba en anarquía, con un 500% de inflación anual, es distinta a que se trate en un país ordenado. El que se haya ordenado la situación de la Argentina ayudó a haber predispuesto a los jueces de la Cámara de Apelaciones a tomar la decisión”, argumentó.

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