El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

Una crítica frecuente contra Estados Unidos en el trámite de la guerra que conmueve hoy a Oriente Medio y al mundo es la ausencia de estrategia, preparación y adecuada caracterización del adversario. Esas carencias marcan también la apresurada intención de la potencia de liberarse del conflicto. El presidente Donald Trump ha despachado a Teherán un plan de negociación a través de Pakistán. Esa iniciativa cuenta con 15 puntos inaceptables para la teocracia, pero es presumible que fueron elaborados menos para el adversario que para darle sentido político y narrativa a la eventual retirada. El presidente insiste que la guerra ha concluido con la victoria norteamericana. Necesita ese discurso. Pero no es lo que está sucediendo.

Como acaba de señalar The Wall Street Journal “el régimen está maltrecho pero intacto, aún controla el estrecho de Ormuz y podría acceder a su material nuclear enterrado profundamente bajo los escombros”. Es claro que Trump lo sabe. También lo sabía cuando emitió su ultimátum el fin de semana pasado, que ha postergado ya dos veces, para que Teherán libere el tránsito del petróleo sin restricciones por ese paso estratégico, y por eso posiblemente luego convirtió en “conversaciones productivas” lo que son solo contactos sin profundidad por el momento.

Irán ha logrado mantenerse de pie y supone que cuenta con capacidad para imponer condiciones. El propio EE.UU. ha fundado esa visión al ordenar la liberación de la venta del petróleo del régimen, lo que implica un alivio para sus cuentas. Es la señal de que su estrategia de cerrar las canillas del crudo se ha convertido en el arma que define este grave episodio.

La participación relevante de Pakistán en estas negociaciones interesa porque se trata de un aliado histórico de China, ambos de los pocos países cuyos buques cruzan por Ormuz. Indicaría cierta mano de Beijing en las trastiendas de estos acercamientos por la necesidad de la potencia asiática para desescalar una crisis que amenaza encoger la economía mundial a niveles similares o peores que la pandemia. No es un dato menor en este sentido que Trump haya confirmado que viaja a Beijing en mayo.

La mano de China importa, además, porque posiblemente impida que Irán exagere sus ventajas estratégicas y cometa el peor de los fallidos. “Ninguna de las dos partes puede aspirar a humillar al contrario en esta guerra. Si lo hacen, se estarían metiendo en un agujero aun mayor”, evalúa Trita Parsi, del think tank Quinci Intitute for Responsible Statecraft, citada en El País de Madrid.

La cancelación del conflicto debe cuajar el complejo teorema según el cual ambas partes se consideren victoriosas. Un objetivo que aparece aún más difícil si se advierte que cualquier negociación se limitará a la apertura del estrecho y el levantamiento de sanciones. No habría espacio para nada más. Salvo alguna forma para que ese poder de Irán sobre el tránsito de los petroleros pueda ser limitado, como ha planteado Arabia Saudita en la cumbre sobre la guerra de los cancilleres de Egipto, Turquía y Pakistán en Riad el último jueves.

La guerra y su imprevisto desarrollo erosionó las capacidades coercitivas de Occidente. Una señal de ese defecto es la intensa búsqueda de EE.UU. de un arreglo. De ahí que el plan de 15 puntos que demanda el congelamiento del programa nuclear iraní, el desarme del arsenal misilístico y el control compartido de Ormuz, entre otras medidas, constituya solo una herramienta propagandística. También lo es el reclamo de la teocracia de resarcimientos o por el cierre de las bases norteamericanas en la región. No es eso lo que se discutiría.

Lo cierto es que después de dos guerras, la de 12 días el año pasado y la actual mucho más grave, ambas lanzadas en medio de negociaciones, cualquier diálogo estará contaminado de una inevitable desconfianza. No solo debido a estos antecedentes. La primera pausa de los ataques anunciada por Trump cuando promocionó las conversaciones, coincide con la llegada de una enorme fuerza de desembarco. Dos grupos anfibios de infantería de marina, el Trípoli de Okinawa y el Boxer de San Diego, convergen estos días en el Golfo Pérsico con aproximadamente 4.500 infantes de marina.

A tono con ese movimiento, The New York Times reveló preparativos para “el despliegue de tropas aerotransportadas”. Consistiría en una brigada de combate de la “Fuerza de Respuesta Inmediata” de la 82.ª División con 3.000 soldados para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo iraní y otro puñado de islas e islotes. Esa arriesgada misión buscaría convertir esa estructura en un activo equivalente al valor estratégico de Ormuz. Irán ha dicho que si eso sucede también clausurará el otro paso estratégico de Bab al Mandeb que enlaza el mar Rojo con el Golfo de Aden.

Las conversaciones, que no es claro si se harán y cuándo, suman otras sombras de desconfianza. Trump designó para la tarea a los empresarios inmobiliarios Jared Kushner, su yerno, y a Steven Witkoff, los mismos que dirigieron la anterior discusión mediada por Omán que interrumpió el bombardeo. Es una señal complicada que se suma a la curiosidad del descarte de diplomáticos de carrera.

Estos trasfondos opacos los usa Israel para desdeñar el planteo negociador de Trump. Como ya ha señalado esta columna, el premier Benjamín Netanyahu apunta a una guerra larga con objetivos más claros que Washington. Ya ha anunciado la toma del 10% del territorio libanés con el argumento de la seguridad nacional que utilizó ya antes para ocupar una porción adicional de Siria. Un conflicto agravado quitaría, de paso, sustento al plan de paz para Gaza elaborado por Trump con las potencias árabes que incluye una solución estatal palestina y la prohibición de la expulsión de los gazatíes de su territorio o la colonización total de Cisjordania ocupada.

En cierta medida Israel ya ha votado en contra de cualquier negociación cuando eliminó al influyente dirigente Ali Larijani, un pragmático aceptable para Occidente. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, aparece como el relevo de aquella figura y es quien se afirma, buscaría EE.UU. para un acuerdo. Suponemos que debe estar muy protegido. Pero Israel tiene un problema objetivo, sin EE.UU. ni aliados europeos, no puede continuar la guerra contra Irán. Deberá limitarse a Líbano.

La alternativa de un desembarco se correspondería claramente con los intereses de Israel y de algunos antiguos enemigos de Irán en la región, pero implicaría la muerte política de Trump. El desarrollo del conflicto pone en duda que la teocracia cedería si pierde el control de Kharg o las otras islas. Al mismo tiempo generales como Mark Milley y otros mandos que sirvieron en el primer gobierno de Trump advirtieron que una invasión terrestre sería “una trampa de proporciones históricas”. Aparte de la disparada previsible del precio del petróleo.

El escenario configura un inesperado alimento para la oposición demócrata con vistas a las elecciones legislativas de noviembre que amenazan con amputar el poder real de Trump. Esos comicios están a la vez muy cerca en el ánimo de los votantes y las necesidades políticas domésticas, y muy lejos para llevar la guerra hasta entonces e intentar utilizarla para suspender la votación por una “emergencia nacional”, una tentación que recuerda el intentó sin éxito de Trump con las presidenciales de 2020 durante la pandemia de covid.

Especulaciones. Los costos del trayecto del conflicto a noviembre serían extraordinarios. Solo para el registro, en estas horas el republicano acaba de perder una elección estatal en un distrito de Palm Beach que incluye Mar-a-Lago, donde tiene su lujosa residencia. En 2011 había ganado ahí por un diferencia de once puntos. La realidad a veces es obstinada en sus señales.

In the wake of a deadly shooting in Chicago, Sen. John Fetterman, D-Pa., criticized his own party’s reluctance to talk about violent acts carried out by illegal aliens with criminal histories and condemned calls from Pennsylvania figures to instead target Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents.

Authorities are charging Jose Medina-Medina, a 25-year-old Venezuelan national, with the killing of a Loyola University student last week. Medina-Medina had already been arrested on unrelated charges months before but had been released.

«How many Democrats are talking about that case? I think probably none,» Fetterman said.

Fetterman said he was disappointed by calls from Philadelphia prosecutor Larry Krasner on Wednesday, who, less than a week after Medina-Medina’s shooting, had threatened to arrest ICE agents.

PRITZKER BREAKS SILENCE ON MIGRANT CHARGED IN STUDENT’S MURDER, BLAMES TRUMP FOR ‘POLITICIZING’ CASE

«Lighten up, Francis,» Fetterman said, quoting overstated threats made by the comically aggressive character «Psycho» in the 1981 movie, Stripes.

«[Krasner] is constantly — he says a lot of tough things but, you know, like, you gotta lighten up, Francis.’»

Fetterman’s comments come amid a string of illegal aliens who carried out deadly attacks after being released from captivity for unrelated crimes.

To the Pennsylvanian political maverick, the trend should be an easy one to condemn.

«If you’re here in the country illegally already, and you’re breaking the law, like — ya gotta go,» Fetterman said.

In recent weeks, the deaths of Sheridan Gorman in Chicago at the hands of Medina-Medina and Stephanie Minter in Virginia, stabbed to death by Sierra Leone native Abdul Jalloh, have intensified calls from Republicans for greater scrutiny of illegal aliens with violent track records.

The Department of Homeland Security (DHS) blasted the leniency afforded to both suspects ahead of their deadly attacks.

EX-ILLINOIS GOVERNOR ROD BLAGOJEVICH SAYS SHERIDAN GORMAN’S KILLING MAY HAVE BEEN A ‘GANG INITIATION’

Sheridan Gorman smiles alongside the Chicago skyline in Illinois.  (Sheridan G. Gorman via Instagram)

«She was failed by open border policies and sanctuary politicians who RELEASED this illegal alien TWICE before he went on to commit this heinous murder,» a DHS spokesperson said of Gorman’s killer.

«We are calling on Governor J.B. Pritzker and Chicago’s sanctuary politicians to commit to not releasing this criminal illegal alien from jail back into American neighborhoods.»

Similarly, DHS blasted Jalloh’s 30 releases before he stabbed Minter in the neck at a bus stop.

«We are calling on Virginia Governor Abigail Spanberger and Virginia’s sanctuary politicians to commit to not releasing this murderer and violent career criminal from their jail without notifying ICE,» DHS wrote.

Fetterman said the issue of repeat offenders has long-drawn his attention.

«From what I read, the individual that was accused of killing [Gorman]. He was arrested for shoplifting. That’s why I was the Democratic lead on Laken Riley,» Fetterman said, referring to the Laken Riley Act that Congress passed at the beginning of 2025.

CHICAGO MAYOR ASKED ABOUT CITY’S IMMIGRATION POLICIES AFTER ILLEGAL IMMIGRANT ALLEGEDLY KILLED COLLEGE STUDENT

President Donald Trump signs the Laken Riley Act during in the East Room of the White House, Wednesday, Jan. 29, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

That bill requires detention for aliens convicted of bodily harm crimes like burglary, theft, larceny, shoplifting, among others, and empowers state attorneys general to sue the federal government for failure to do so.

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Fetterman believes the recent attacks underscore the need for vigilance in enforcing immigration law.

«It should remind everybody how important ICE is for our security,» Fetterman said.